Alicia en el país de las maravillas

En nuestra realidad política y económica hay más sombras que luces: los funcionarios y diputados gubernamentales no tienen empacho en afirmar que estamos bien, que tenemos una baja inflación, nuestras reservas son suficientes y existe una recaudación fiscal eficiente. La crisis financiera, energética y alimenticia mundial no parece afectarnos porque “tenemos y gozamos de una economía sana”. Lejos de iluminar el panorama e ilustrar a los salvadoreños sobre la mejor manera de manejar sus escasos ahorros y hacerle frente a una inminente recesión en los Estados Unidos, se limitan a hablar bondades y virtudes del sistema financiero nacional.

Claro que en una sociedad donde hay distintos sectores de interés, diversos grupos de interés, cada uno, por razón natural de su egoísmo, de su comodidad o conveniencia, quiere jalar la mayor parte de la cobija, la mayor tajada del pastel y cuesta mucho que la gente se desprenda de algo, aunque tenga demasiado. Sobre todo en épocas inflacionarias o de crisis mundial, esto es importante, porque quienes se perjudican en la carrera de precios son los pobres, mientras que los ricos fácilmente se enriquecen, ya que ellos son quienes tienen en mano la posibilidad de subir precios, manejar el dinero, etc. En momentos como el presente –que se niegan a ver y aceptar los torpes políticos de la derecha salvadoreña—se hace más urgente la participación del Estado para introducir orden, regular la situación y hacer un esfuerzo para establecer la paz social aplicando la justicia.

Los funcionarios y partidarios de Arena se fríen en el mismo aceite, hablan de propiciar un cambio y promover una derecha popular y un gobierno ciudadano; pero la realidad nuestra más que personas exige un cambio de sistema económico, no la dañina sucesión o el continuismo perverso generador de pobreza, acumulador de riqueza y provocador de desempleo y migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos. En este país no existe justicia ni “un gobierno con sentido humano”; hay, eso sí, corrupción, compadrazgo, licitaciones amañadas y cargos públicos para los amigos del presidente, de los funcionarios, diputados o miembros de Arena.

En El Salvador, con justificada razón, los sectores populares, los más necesitados, viven desconfiados de planes y proyectos, porque las dificultades originan escepticismo. ¿En qué forma, para el caso, se propone el gobierno llevar al convencimiento de esos sectores la bondad de la línea trazada o cómo aceptar los ofrecimientos del candidato presidencial Ávila de controlar los abusos en el precio de las medicinas o que luchará para bajar los precios de los frijoles y el maíz? Han sido casi 20 años de total injusticia, de soportar la miseria, de padecer solidariamente la enfermedad de los seres queridos sin encontrar los medicamentos necesarios para la curación efectiva. ¿Cómo prometer empleo a los jóvenes si son los más perjudicados con la perversa política del desempleo y la migración impuesta hacia los Estados Unidos?

Cuando hablamos de cambio de sistema económico y reformas profundas, estamos diciendo que el propósito de un verdadero gobierno debe ser el de corregir, de hacer esfuerzos para equilibrar el crecimiento económico de nuestra sociedad en forma tal que el pobre reciba más dentro de la familia nacional, que los pensionados vean aumentada su asignación mensual, que los hospitales públicos atiendan sin discriminación a todos los salvadoreños y que existan suficientes medicinas y de calidad para una curación efectiva. Todo esto debe expresarse en medidas concretas, por medio de actos y de resultados que son los que convencen a la gente; pero no venir a continuar prometiendo que “cuando yo llegue al gobierno voy a combatir el abuso de las medicinas caras, el pago de los recibos de la luz, el teléfono y el agua, y bajar el precio de los frijoles y del maíz”, como expresa el ex policía fracasado Rodrigo Ávila.

En nuestro país la justicia social es una necesidad del crecimiento. Hacer justicia a los pobres, particularmente al campo, es una condición para crecer. Si la gente del campo recibe más, también produce más y consume más. Por otro lado, la lucha contra la inflación en nuestro país debe empezar con un aumento sustancial de los salarios (a pesar de lo que digan los economistas ortodoxos de la derecha). Es muy fácil, en un régimen como el arenero neoliberal que no procura el bienestar de las clases más necesitadas, hacer descansar la lucha contra la inflación reprimiendo los salarios, para que los pobres consuman menos, aunque padezcan, para que las clases empresariales puedan producir con mayor comodidad.

Los salvadoreños se cansaron de esperar, ahora es muy difícil convencerlos con regalos, canciones y ofrecimientos de “gobierno ciudadano” o “un país más justo”. La derecha y la ortodoxia recalcitrante encabezada por los hombres de la prehistoria como Enrique Altamirano, director y propietario de el diario de hoy, están en serios problemas, no sólo por lo revelado por las encuestas de opinión, sino por el sentir y pensar del ciudadano común, el trabajador y el empleado que enfrentan dificultades para llevar el alimento diario a su hogar o pagar los recibos de luz, agua y teléfono. A los pobres no se les puede pedir austeridad, sería tanto como pedirles que aumentaran su miseria. Y esto es ya intolerable para un régimen que felizmente está a punto de fenecer y que todavía continúa en su letanía populista y en un activismo político por lo demás reñido con la Constitución y las leyes secundarias.