La oligarquía iracunda se encrespa

Las oligarquías latinoamericanas no cederán fácilmente el poder, la hegemonía que por décadas han tenido en las distintas sociedades. En breves momentos de la historia han permitido ligeros cambios cosméticos para aparentar “respeto” a las instituciones democráticas y a la decisión mayoritaria de los pueblos: esto se produjo con el desmontaje de las dictaduras militares y la ascensión de gobiernos populistas. En los últimos años la situación ha tomado un giro inusitado con el surgimiento de regímenes izquierdistas que han enarbolado un modelo social y económico diametralmente opuesto al neoliberalismo y al consenso de Washington. Son los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, en menor medida, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Guatemala, Honduras y otros países del Caribe.

Las poderosas asociaciones empresariales de esos países han reaccionado de manera enérgica contra las medidas estructurales puestas en vigor y, sobre todo, contra las de carácter económico y social que “atentan contra sus intereses”. A la presidenta de Argentina, el poderoso gremio de agricultores no le perdonó la aprobación de un impuesto especial a las exportaciones, prácticamente un aumento del 2% que iría destinado a programas sociales, más que todo destinado a centros hospitalarios, a combatir la desnutrición y a favorecer a madres solteras y a la tercera edad. Tampoco la burguesía le aceptó la nacionalización de las pensiones, manejadas desde hace algunos años por sectores privados.

En Bolivia, los “barones” del estaño, a la cabeza las familias Patiño y Canelo, estuvieron a punto de perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno legítimamente electo de Evo Morales. Su delito: la nacionalización del gas, el estaño, el petróleo y otros recursos mineros, así como su condena al “imperialismo” y la exigencia de respeto a la autonomía, la independencia y autodeterminación de su país. Los voraces empresarios, aliados con poderosas transnacionales, encontraron en “sus listas” los militares gorilas más dispuestos a ejecutar la interrupción del estado de derecho. Al ser abortado tan abominable hecho, han continuado con los planes de secesión y autonomía de varias provincias, así como una desestabilización permanente del régimen, contratando incluso a mercenarios para realizar sabotajes, levantamientos y actos terroristas.

En Venezuela, una de las burguesías más sanguinarias del continente (quizás parecida a la salvadoreña) diariamente combate por todos los medios contra el gobierno democráticamente electo en dos ocasiones presidido por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Lo acusan de dictador, de violador de los derechos humanos, de regalar el petróleo y el dinero a otros países de América Latina, principalmente a los miembros de la Alianza Bolivariana de América (ALBA). Lo cierto y se puede comprobar en estudios serios de la CEPAL y de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Central de Venezuela, es que desde el arribo de Chávez Frías al gobierno, éste país ha disminuido sensiblemente los índices de pobreza, prácticamente es una nación libre de analfabetismo, la desnutrición y la mortalidad infantil es muy baja, el desempleo también ha disminuido, la cobertura en salud y educación es de las más altas del continente y de las primeras en el mundo, únicamente por debajo de Cuba, otro gigante de América en avances en el área social. Asimismo, en los últimos nueve años, con excepción de 2009, ha mantenido un crecimiento económico sostenido, el cual desde luego ha beneficiado a los empresarios que hipócritamente lo adversan. Lo más notable es desde luego el paso de una democracia representativa a una participativa, hecho que consolida un modelo nuevo de sociedad como el Socialismo del Siglo XXI, reforma profunda que no ha sido del agrado de la oligarquía.

En Honduras, uno de los países de América Latina más atrasados políticamente, los sectores económicamente poderosos, acostumbrados a mandar y que las leyes aprobadas por el Congreso, así como los decretos ejecutivos, no atenten contra sus privilegios, no vieron con “buenos ojos” la adhesión del presidente José Manuel Zelaya Rosales, al ALBA, puesto que se consolidaba un proyecto social, político y económico alternativo a la visión hegemónica de los Estados Unidos y a los intereses primitivos y mezquinos de la oligarquía hondureña. Desde luego, nunca aceptaron reformas puntuales como el proyecto para incorporar a las trabajadoras domésticas a la seguridad social y el drástico aumento al salario mínimo de los trabajadores del campo y de la ciudad. El golpe de gracia para la parasitaria clase política fue la decisión de hacer un consulta pública para colocar una cuarta urna y preguntar en las elecciones de noviembre próximo si la población estaba de acuerdo con una reforma constitucional. Esta medida eventualmente permitiría dar mayor protagonismo al pueblo y optar por una democracia participativa.

En El Salvador, una de las consecuencias de la tibia política oficial que propugna el gobierno del FMLN, ha producido el encrespamiento insolente de las clases poderosas del país, la oligarquía pues. Ya ni siquiera necesitan que se anuncien leves medidas que eventualmente lesionarán sus intereses. Les basta con una simple exhortación, pongamos por caso, para una prudente política de regulación de precios en los artículos de primera necesidad para que la Cámara de Comercio, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) o la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), salgan en defensa de sus “derechos” y acusen al régimen de “flagrante intervención en el mercado”.

Y se llega a los extremos de la ferocidad sin tapujos. Utilizando perversamente los recursos mediáticos de su propiedad, a los plumíferos y testaferros, tanto locales como extranjeros, a quienes por cierto el gobierno actual debería de aplicarles la ley de extranjería, independientemente que los regímenes de Arena los hayan contratado y nacionalizado. Pero bien, los “comerciantes empresarios” no parecen muy de acuerdo con el nuevo régimen que les parece “comunista”, con lo cual dan un deplorable espectáculo de miopía política, pues el mandatario no es hombre que aliente en las luchas revolucionarias sino más bien un funcionario normal, respetuoso de la Constitución y admirador de sistemas democráticos como el impulsado por Lula en Brasil. Es lógico suponer que para él la propiedad privada, mientras más grande mejor, tiene prestigios de lo sagrado.

Sin embargo, esta aparente paradoja tiene explicación sencilla: quieren que se gobierne sin las intervenciones enojosas de la presidencia de la república. Y como tienen los medios para que así sea, acuden a la provocación, a “las recomendaciones” y “sugerencias”. El último comunicado del partido Arena, instrumento político de la oligarquía, exige al mandatario no “ir más allá del mandato constitucional” en abierto apoyo al presidente Zelaya de Honduras. Es decir, el gobierno no puede tener y manifestar su independencia de criterio, pues “tendría que atenerse a futuras consecuencias”, y todos sabemos lo que esto significa en un país donde los gorilas comen fuera de las jaulas y los nostálgicos de los golpes de Estado y asonadas militares siempre dicen “presentes por la patria”.

Los treinta y ocho días que lleva en el gobierno el actual presidente no deberían ser prueba de que su estilo político suscite y favorezca estas actitudes, que en el caso comentado se han manifestado en el camino de la insolencia. Lo visto hasta hoy, fuera de anunciar y revelar casos generales de corrupción, conflictos de intereses y privilegios, que por cierto no se han llevado a los tribunales competentes lo cual sería lo deseable y pedido a voces por la población, así lo demuestran. Lo entendemos de esta manera: preocupado por no gobernar desde una rigidez implacable, tiende más bien a la conciliación con todos. Las realidades nacionales le van demostrando una vez y otra que conciliar el hambre con la riqueza, puede ser, todo lo más, una hermosa utopía; pero ya sabemos que no hay tal lugar.

Su ánimo conciliador lo conduce a vacilaciones y sorprendentes cambios de actitud que como es natural aprovechan tirios y troyanos para llevar agua a su particular molino. Y las consecuencias no invitan ni al entusiasmo ni al optimismo. Pero uno añadiría que los ciudadanos, ante las graves y arteras provocaciones al poder público hicieran a éste reaccionar de manera firme, enérgica y sin titubeos. Es evidente que una vez comprobada la imposibilidad de conciliar intereses en pugna, el camino a seguir no parece ser otro que el alentado por el pueblo, ese que eligió a las autoridades de la izquierda para realizar cambios en el modelo económico, social y político. Una prueba de que se está con las exigencias mayoritarias y no de grupúsculos económicamente poderosos, es apoyar sin vacilaciones el estado de derecho en Honduras, combatir frontalmente el crimen organizado y acusar penalmente a los responsables de la evasión fiscal en nuestro país.