La subvención compromete señor Alvarenga

El señor Ivo Príamo Alvarenga, en sendos artículos publicados en La Prensa Gráfica, trata de justificar ciertos pagos recibidos del gobierno de Antonio Saca. Explica que son el resultado de “una asesoría externa” hecha en el Centro Nacional de Registros, sobre la cual ha “conocido opiniones francamente fanatizadas o de buena fe que es conveniente aclarar”.

Hay un principio general en el periodismo (el señor Alvarenga es abogado y columnista pagado) que expresa nobleza obliga, por la responsabilidad de la profesión y porque de cierta manera los periodistas “escriben y hablan” de las demás personas y por lo tanto tienen la obligación de ser éticos y responsables de su quehacer diario. La prensa en general (hablo de periódicos, radio y televisión) están en el deber de ser exactos en sus informaciones e, incluso, en comentarios de páginas o espacios editoriales. La deformación de las noticias no es sino una de las causas de la mala reputación de la prensa.

El señor Alvarenga puede desempeñar una asesoría o un contrato externo, con cualquier dependencia pública o privada, en tres o cuatro modalidades que él mismo señala; el problema radica que ha alquilado su pluma utilizando el espacio de columnista brindado por La Prensa Gráfica, para atacar y agredir a un partido político y durante las pasadas elecciones, para fustigar y calumniar al entonces candidato presidencial Mauricio Funes. Son este tipo de funciones y actitudes por las cuales el público lector acusa y reprocha a la prensa el ser “egoísta” y de utilizar su enorme poder con un fin partidario y “no con miras al interés general de la nación”. Por lo mismo, se le acusa de estar sometida a los intereses del dinero, lo que los norteamericanos llaman el “big busines”.

El señor Alvarenga, al igual que otros “analistas” o “columnistas”, han pervertido y equivocado por propia voluntan o por “requerimientos” de sus contratistas, la esencia originaria de su contrato o asesoría, porque nada tienen que ver sus escritos peyorativos o insultantes con las funciones o las actividades que se realizan en el Centro Nacional de Registros, en el Ministerio del Medio Ambiente u otras dependencias del Estado, como el Ministerio de Turismo u Obras Públicas.

Más allá de cualquier justificación o pretendida aclaración pública, las escritos del señor Alvarenga, han atentado contra la moralidad del público, ha violado la intimidad de las personas sin justo motivo y ha dejado sin un fundamento válido las mismas palabras de uno de los fundadores de La Prensa Gráfica, don José Dutriz, quien escribió que “La principal misión del periodista es decir al pueblo la verdad, y su más imperiosa necesidad es lograr ser independiente. El propietario de un periódico que necesita para sostenerlo de las subvenciones gubernamentales o de ayuda de partidos políticos, ha fracasado en su alta misión de servir lealmente a los intereses de la comunidad”.

En otro apartado de su pretendida “aclaración pública”, el señor Alvarenga, habla sobre “la libertad de opinar de cualquier tema”. Como usted también es abogado, lo remitiría a un postulado de la filosofía del siglo XVIII, que debe mucho al gran filósofo alemán Kant, cuya tesis explica que la libertad moral consiste en la facultad de escoger; pero que además “la libertad engendra la responsabilidad”. El periodista, es más responsable que los demás asalariados (usted lo es, así por contrato, por servicios prestados o por alquilar su pluma) por su calidad de hombre de pluma, que le brinda una libertad particular. Desde hace mucho tiempo, el derecho de la prensa admite que hay dos clases de responsabilidad jurídica: la penal y la civil. La primera es la más grave, por cuanto permite a un tribunal de represión, a un juez correccional o a una corte superior, condenar a prisión o multar a un periodista que ha ultrajado a un presidente de la República, que ha traicionado los secretos de la defensa nacional o ha cometido alguna difamación grave.

Usted como abogado lo sabe perfectamente bien, lo mismo que el caballero Luis Gómez Zárate, quien también desde hace largo rato ha estado al servicio de los sucesivos gobiernos de Arena, al menos lo expresa públicamente. Cuando nos referimos a tales hechos, es porque el periodista o el columnista ha obrado intencionalmente y sus faltas han caído bajo la competencia de las leyes penales. En el caso de la responsabilidad civil (desde luego puede combinarse con la penal), esta consiste en el derecho que tiene la víctima ofendida por un periodista, a obtener la reparación en dinero, bajo la forma de daños y perjuicios, por medio de un tribunal civil o por medio de un tribunal de represión. La falta por más leve que sea entra en consideración para comprometer la responsabilidad civil. Un periodista puede ser condenado a pagar daños y perjuicios, aun si ha cometido una falta involuntaria, por imprudencia o por negligencia, si la víctima prueba que ha sufrido un daño económico considerable. Luego la “teoría clásica de la responsabilidad demuestra que mientras más libre es la persona, mayor es la responsabilidad y a esto se puede añadir que mientras más responsable es, más noble es, porque la responsabilidad es una forma de nobleza. La responsabilidad es uno de los títulos necesarios para ser hombre de alta calidad moral.

Si usted escribe y argumenta acusaciones o ataques contra determinada persona o institución política, digamos el FMLN, debe estar preparado para respaldarlas y no escudarse simplemente en el alegato judicial o en el cliché de “es de dominio público”. Esto nos permite hablar de una segunda responsabilidad sin sanciones que se basa en la conciencia profesional. Se trata en esencia de una serie de reglas establecidas que en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, se conocen como los cánones del periodismo. Es un código elaborado por los directores de los periódicos y no por los periodistas profesionales. Es de inspiración muy liberal. Se trata de un código de patronos preocupados por la responsabilidad pero que consideran al público como dotado de espíritu crítico y capaz de protegerse por sí solo.

Los norteamericanos son muy dados al legalismo y a los códigos, los tienen para todo: el cine, la radio, la televisión y hasta para los comic. Todos estos códigos son patronales, hechos para luchar contra el descontento del público norteamericano que reprochaban a todos esos medios, el ejercer una acción nefasta en el público, y pedían al gobierno intervenir en el asunto. Digamos que en este caso, los códigos fueron una especie de protección, de defensa de las empresas contra el peligro de la “intervención estatal”. Si usted lo prefiere, una idea de “auto regulación”. Como abogado de la república usted bien sabe a lo que se expone cuando escribe con determinada tendencia, influido por razones ideológicas o por “encargo”. El hecho de “hacer asesoría” para una institución del gobierno, no lo faculta a fustigar, increpar o hasta “insultar” a un político de cualquier tendencia o a un partido político.

Por esas mismas razones de conciencia profesional, usted está obligado a dar a conocer el monto de su contrato, el tiempo estipulado, los trabajos elaborados para la dependencia y los criterios, objetivos y fines del convenio. Si la consultoría externa o interna lo obliga a escribir en los medios de difusión, sobre todo con determinado sesgo, también está en el deber de explicarlo. No lo olvide “nobleza obliga”. Por lo demás, el fenómeno actual del desarrollo de la ética profesional no se funda ya en la libertad, que de todas maneras es elemento básico de la ética, sino en la conciencia del periodista. Debo decirlo, atendiendo sendas tesis de expertos en esta materia, que la situación del periodista ha cambiado y la diferencia entre la concepción de ayer y la concepción de hoy día, radica en ser más responsable teniendo una libertad limitada.

Finalmente, usted pretende desligarse de una responsabilidad y de una acusación de “recibir dineros del Estado sin presentarse a ejercer sus funciones”, nada más para recoger el “cheque”, explicando que “quieran aprovecharse de un escándalo fabricado con fines partidarios para insultar y denostar a quienes han sido críticos de una tendencia política”. Ya expliqué que usted puede ejercer una “asesoría externa en cualquiera de sus modalidades” ; pero no puede utilizar ese “pretexto” o esas “funciones” adquiridas para calumniar, criticar o fustigar, a no ser que explícitamente esté formulado en el contrato. Puede ser crítico de una tendencia política, por supuesto que sí; pero lo repudiable es que nada más las baterías se carguen o se disparen contra determinadas personas e instituciones claramente definidas como de izquierda, y más condenable y extraño que aparentemente se hagan por una subvención. Cómo, por ejemplo, se puede criticar el papel represivo de un cuerpo policial cuando se es asesor de comunicaciones de su director, o se puedan emitir opiniones o juzgar el papel de jueces o magistrados cuando claramente un periodista es un asesor en comunicaciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Nada más unos ejemplos ilustrativos sobre las consecuencias de la responsabilidad profesional, de los códigos de honor y de la ética.