En el Congreso de Venezuela se discutió ampliamente el caso de corrupción del alcalde de Maracaibo y ex gobernador de Zulia, Manuel Rosales, claramente identificado como delincuente común, recibió asilo "político" en Perú. En esa sesión del parlamento las acusaciones fueron desde "enriquecimiento ilícito hasta ratero, pues muchos de los recursos de la gobernación y de la alcaldía fueron utilizados por el indiciado en construcción de varias residencias y traslado de materiales a cantidad de haciendas adquiridas por Rosales en los últimos años.
Loa abogados defensores alegaron persecución política; pero nunca se presentaron al requerimiento de las autoridades judiciales para explicar el enriquecimiento y de dónde provenían los fondos para la adquisición de residencias tanto en el Zulia como en el Estado de la Florida en los Estados Unidos. Además de la compra de más de dos mil manzanas de las mejores tierras y haciendas valoradas en varios millones de dólares. Este hecho, nos lleva a nuestro país, sobre todo en los últimos 20 años, donde se han cometido gran cantidad de estafas, saqueos al Estado, licitaciones amañadas, y robos descarados a instituciones públicas como la ANDA, el Seguro Social, Obras Públicas, Banco de Fomento Agropecuario y más.
En la Asamblea Legislativa se han discutido acaloradamente muchos de estos casos; los diputados del FMLN han pedido informes a la Corte de Cuentas e intervención a la Fiscalía General de la República, pero todo se ha "desvanecido" como por arte de magia, solamente que los magos están enquistados en las distintas dependencias gubernamentales. Ahora que se hacen los preparativos para el traspaso de la alcaldía de San Salvador, maliciosamente se hacen señalamientos de "saqueos en propiedades municipales", denuncias encabezadas por el diario de hoy, órgano oficial de propaganda de Arena; ASTRAM, una asociación de empleados municipales financiada por Arena y el mismo Norman Quijano, quien asumirá este 1 de mayo. En verdad, se trata de lanzar cortinas de humo, de despistar y que pasen a un segundo plano los graves hechos de corrupción cometidos desde el ejecutivo. Por eso nuestra insistencia al FMLN de exigir cuentas claras y auditoria completa a todos y cada uno de los ministerios, instituciones autónomas y dependencias del régimen saliente.
Difícilmente va a encontrarse ahora al genio, a los muchos genios de la lupa detectivesca para sacar del hilo el ovillo, para desenredar la madeja, seguir la huella, rastrear infaliblemente la pista y hallar la contundente explicación delictiva a las fortunas que desde el punto de la moral pública no se explican aunque se conozcan por fuerza de evidencia. Por una razón dolorosa pero sencilla: quienes la poseen han tenido el mayor cuidado, al formarlas, precisamente de no dejar colas, huellas, pistas seguras ni fáciles siquiera. Tienen ustedes dos ejemplos: en la ANDA se comprobó hasta la saciedad la corrupción de distintos funcionarios (incluso se señaló al entonces presidente de la República, Francisco Flores; al diputado Norman Quijano; al Ministro de Obras Públicas, Ángel Quirós, y otros); lo mismo que en el Banco de Fomento Agropecuario; pero hasta el momento no hay condena alguna ni el Estado ha recobrado los millones de dólares ahora descansando en cuentas bancarias en el extranjero.
Por eso es bienvenida y loable la declaración del presidente electo Mauricio Funes, de que se sancionará duramente al enriquecido malamente, al que no pueda ofrecer explicación fehaciente respecto de la buena, sana, honrada adquisición del contenido de sus arcas particulares. Sanción que toca muy directamente sobre todo al funcionario que de un modo u otro maneja dinero del pueblo y afecta a intereses de la nación. Por eso es importante tener un presidente de la Corte de Cuentas de la República (ojalá se convirtiera en Contraloría) de comprobada honorabilidad, eficiente y capaz; lo mismo que un Fiscal General de la República fiel defensor de los intereses de la nación. El partido Arena se resiste a modificar radicalmente ambas instituciones porque tiene temor de que se destape la olla y salgan salpicados gran cantidad de sus funcionarios actuales y del pasado.
Hay quien se pregunta si un enriquecido, no siendo funcionario público, sino digamos un empresario o un concesionario privado, no tendrá obligación de explicar el origen y el desarrollo de su fortuna. Si, por ejemplo, vender mercancía de segunda cobrándola como de primera, escamotear sueldos –y no solamente en el nivel de los mínimos—a sus empleados, inflar el costo normal de la prestación de tales o cuales servicios, con miras claras a hacer fortuna rápida y cuantiosa, no será objeto también de investigación para dilucidar si se hace o no acreedor a sanciones penales como el funcionario de la administración pública. Pues, al cabo, los abusos, los saqueos, las puñaladas arteras van todas lanzadas a herir el mismo cuerpo de economía y dan los mismos resultados: a hacer cresos de unos pocos vívales y parias de muchísimos inermes.
Por cierto, en este país las cúpulas empresariales tienen sus maneras especiales de arengar sus derechos y despreciar sus obligaciones. Exigen al gobierno "reglas claras" y no meter sus manos en el mercado, al tiempo de acusarlo de "ser mal administrador". Con la actual crisis mundial del capitalismo, se pide al Estado nacionalizar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y es que los enriquecidos de la empresa privada alegan por parejo: nos esforzamos mucho, organizamos bien nuestro negocio, aprovechamos lícitamente la regla de la oferta y la demanda. Pero los funcionarios públicos ¿qué?
En un momento dado, todas o casi todas las fortunas voluminosas de funcionarios públicos podrían explicarse. Unos se dicen ricos de abolengo. Otros aclaran que eran ricos desde antes de ingresar a la administración gubernamental y sus derivados, merced a tales o cuales negocios exitosos. Otros, sencillamente, formando parte de una secretaría de Estado e integrando consejos de esto y de aquello, que los hay por docenas, suman en sueldos múltiples y jugosos una respetabilísima fortuna a cuenta del erario. Otros, en fin, apoyan con su función oficial –pero lícitamente—algún negocio familiar que puede ir desde una finquita y ranchitos hermosos en la costa pacífica hasta edificios para alquilar.
Aquí es cosa común que militares a punto de retiro, funcionarios y más, se "saquen la lotería". Ya es una cosa común, práctica harto socorrida, a nivel nacional, lo mismo en oficiales mayores, secretarios particulares, jefes de departamento, presidentes de autónomas, encargados de aduanas terrestres, aparecer de pronto
dueños de fortunas espléndidas y declarar: ¡caramba, le atiné al premio gordo! Y santas pascuas.
Desde que se descubrió la movida, ya nadie, al menos abiertamente, volvió a "atinarle al premio gordo". Sin embargo, muchos caminos siguieron abiertos para llegar a idéntica meta de fortuna. Por ejemplo, lo hemos visto con estos regímenes areneros, cuando una dependencia oficial efectúa una compra determinada –y naturalmente muchas se hacen mes a mes, semana a semana--, es práctica establecida y admitida que el vendedor dé un diez por ciento del monto de la compra, en calidad de comisión, a quien consigue que la operación se realice. ¿Qué impide al funcionario convertirse por sí o por terceras personas en comisionista? Cosa igual ocurre tratándose de gastos de publicidad, de propaganda, de relaciones públicas y así. Saben ustedes queridos lectores, que la mayoría de alcaldes del país perciben un diez por ciento de las empresas constructoras de obras en sus respectivos municipios?
Por ello insistimos con las nuevas autoridades por asumir el 1 de junio de recibir inventarios limpios, cuentas claras, serias y responsables. Porque será tarea no sólo de romanos sino de detectores de radar finísimos rastrear y clarificar la turbiedad de las fortunas de algunos, ¿muchos?, con nombramiento de servidores del pueblo. Ni siquiera con computadoras, porque estas maravillas electrónicas responden fielmente, sí, a los datos que se les proporcionan; pero ¿quién responde de quienes ponen los datos?
Todos deseamos, claro está, que se tenga el modo impecable de hallar salida al laberinto. Rayos X, radar, computadoras, detectives, lo que sea necesario para aliviar la corrupción e imponer la honestidad acrisolada en nuestra vida pública. Con un añadido, a las nuevas autoridades, no por audaz menos indispensable: que se sancionen las fortunas "inexplicables" y también muchas de las "explicables" que no unan otro requisito más de fondo, ser justificables.
