El presidente “ilegal” de Pepe Lobo, surgido de elecciones amañadas y fraudulentas, pues fueron convocadas y organizadas por la junta golpista, se prepara para asumir el gobierno de Honduras en medio de contradicciones ínter burguesas, donde están representados los grandes latifundistas propietarios del ganado y las empresas madereras, los industriales y los comerciantes a gran escala. Como es de esperarse, el grupo más reaccionario es el primero, los herederos de las compañías bananeras norteamericanas que por largos años explotaron las riquezas de ese país.
Los madereros y ganaderos sostienen que Honduras carece de toda posibilidad de fortalecer una economía independiente, ya que la única fuente viable de recursos es la exportación de maderas preciosas, carne, derivados de la leche y, en cierta medida, frutas, donde sobresalen las piñas, las naranjas y los bananos. Por su posición geopolítica y por la lógica de su conveniencia, lo racional sería fortalecer su posición en Centro América; pero aspiran a mercados más grandes en Asia, Europa y los Estados Unidos.
Los industriales desde siempre han contemplado esta perspectiva con creciente angustia. La manufactura hondureña no puede competir en precio con la de China, India o los Estados Unidos. En esto entran en juego no solo los recursos técnicos y tecnológicos, sino por el sistema de salarios de los trabajadores. En Honduras, como en cualquier país centroamericano, una disminución en el poder de consumo del sector obrero debilita la base de la industria local. A todos estos problemas, más los surgidos del desconocimiento de la mayoría de naciones del mundo, al gobierno surgido de las elecciones, se enfrenta Pepe Lobo y su nuevo gabinete. La diplomacia norteamericana está tratando por todos los medios de que la comunidad internacional reconozca a las autoridades electas, previa renuncia del gobierno de facto. No es cosa fácil; pero a la larga se impondrá la diplomacia del dólar y el gran garrote. Cómo que dos más dos son cuatro.
En el plano interno, la Fiscalía General ha girado órdenes de captura contra la cúpula militar responsable del golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya, en una maniobra más para aparentar apego a las leyes y a la justicia, maniobra que ha sido denunciada por el propio Zelaya y dirigentes de la Resistencia Nacional. Los militares, por supuesto, han reiterado su fortaleza y unidad en torno a lo que llaman “actuar con legalidad”. Con todo, es el problema económico y sus verdaderas raíces e implicaciones lo que está unificando a los militares, no tanto en torno a una renuncia del golpista Micheleti. En esta dirección, aunque, exigiendo “la vuelta a la constitucionalidad” y la formación cínica de un “frente de unidad nacional”, se mueven fuertes grupos financieros, comerciales, industriales y manufactureros, quienes acaban de hacer una declaración pública, exhortando a la comunidad internacional al reconocimiento del nuevo gobierno, así como a las fuerzas sociales hondureñas a “deponer toda actitud revanchista o de odio”.
En cambio, los trabajadores y amplísimos sectores de las capas medias no han cesado de luchar contra los métodos fascistas del gobierno de facto para silenciarlos. Desde que se formó el Frente de Resistencia Nacional, la junta de facto ha respondido con represión, decretos abusivos contra la libre organización, movilización y contra los medios de prensa independientes que no los han reconocido y han denunciado valientemente todas las violaciones contra los derechos humanos. Los nuevos lineamientos puestos en práctica por la ilegal junta de gobierno, no sólo reprimen y actúan contra las manifestaciones, sino que “exigen a los sindicatos y a las organizaciones sociales abstenerse de practicas antidemocráticas y librarse de influencias extrañas”, lo que evidentemente se refiere a las relaciones con el pueblo venezolano. También prohíbe a determinadas personas, como el padre Tamayo (Por cierto, le retiraron su naturalización y actualmente se encuentra en El Salvador) y sus seguidores “intervenir en política”, o “afectar con sus huelgas la economía nacional”. Todos los noticieros de radio y televisión independientes están controlados por una junta de vigilancia, como en los días más negros del fascismo hitleriano.
La respuesta de las organizaciones sociales ha sido mayor organización y movilización, como se demostró con la multitudinaria marcha realizada la semana anterior en Tegucigalpa. La restitución del presidente Manuel Zelaya prácticamente ya no es una petición, puesto que su mandato finaliza el 27 de este mes, sino que el Frente de Resistencia Nacional luchará en los próximos años por una nueva Constitución, mayor participación de la sociedad en las decisiones del gobierno y un nuevo modelo económico que permita una auténtica independencia de los grupos económicamente poderosos de Honduras. Por cierto, en la mayoría de provincias y municipios de este país hay organizados comités de base y núcleos opositores a las políticas gubernamentales. Un hecho y un logro inédito en la historia de Hibueras.
Mientras tanto, el gobierno ha continuado con su “mano dura” para tratar de controlar el descontento y la organizaciones de miles de hondureños. Se sabe de cantidad de presos políticos, de asesinados selectivos contra dirigentes de la Resistencia Nacional y una serie de violaciones a los derechos humanos, los que han sido debidamente documentados y muchas de esas pruebas han sido presentadas a los organismos y sistemas jurídicos internacionales. Por cierto, el juez Baltasar Garzón, de España, tiene en sus manos muchos de estos casos y en su debida oportunidad se abrirán los expedientes para deducir responsabilidades y juzgar a los responsables de crímenes y otras violaciones contra los derechos de la población hondureña.
Los madereros y ganaderos sostienen que Honduras carece de toda posibilidad de fortalecer una economía independiente, ya que la única fuente viable de recursos es la exportación de maderas preciosas, carne, derivados de la leche y, en cierta medida, frutas, donde sobresalen las piñas, las naranjas y los bananos. Por su posición geopolítica y por la lógica de su conveniencia, lo racional sería fortalecer su posición en Centro América; pero aspiran a mercados más grandes en Asia, Europa y los Estados Unidos.
Los industriales desde siempre han contemplado esta perspectiva con creciente angustia. La manufactura hondureña no puede competir en precio con la de China, India o los Estados Unidos. En esto entran en juego no solo los recursos técnicos y tecnológicos, sino por el sistema de salarios de los trabajadores. En Honduras, como en cualquier país centroamericano, una disminución en el poder de consumo del sector obrero debilita la base de la industria local. A todos estos problemas, más los surgidos del desconocimiento de la mayoría de naciones del mundo, al gobierno surgido de las elecciones, se enfrenta Pepe Lobo y su nuevo gabinete. La diplomacia norteamericana está tratando por todos los medios de que la comunidad internacional reconozca a las autoridades electas, previa renuncia del gobierno de facto. No es cosa fácil; pero a la larga se impondrá la diplomacia del dólar y el gran garrote. Cómo que dos más dos son cuatro.
En el plano interno, la Fiscalía General ha girado órdenes de captura contra la cúpula militar responsable del golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya, en una maniobra más para aparentar apego a las leyes y a la justicia, maniobra que ha sido denunciada por el propio Zelaya y dirigentes de la Resistencia Nacional. Los militares, por supuesto, han reiterado su fortaleza y unidad en torno a lo que llaman “actuar con legalidad”. Con todo, es el problema económico y sus verdaderas raíces e implicaciones lo que está unificando a los militares, no tanto en torno a una renuncia del golpista Micheleti. En esta dirección, aunque, exigiendo “la vuelta a la constitucionalidad” y la formación cínica de un “frente de unidad nacional”, se mueven fuertes grupos financieros, comerciales, industriales y manufactureros, quienes acaban de hacer una declaración pública, exhortando a la comunidad internacional al reconocimiento del nuevo gobierno, así como a las fuerzas sociales hondureñas a “deponer toda actitud revanchista o de odio”.
En cambio, los trabajadores y amplísimos sectores de las capas medias no han cesado de luchar contra los métodos fascistas del gobierno de facto para silenciarlos. Desde que se formó el Frente de Resistencia Nacional, la junta de facto ha respondido con represión, decretos abusivos contra la libre organización, movilización y contra los medios de prensa independientes que no los han reconocido y han denunciado valientemente todas las violaciones contra los derechos humanos. Los nuevos lineamientos puestos en práctica por la ilegal junta de gobierno, no sólo reprimen y actúan contra las manifestaciones, sino que “exigen a los sindicatos y a las organizaciones sociales abstenerse de practicas antidemocráticas y librarse de influencias extrañas”, lo que evidentemente se refiere a las relaciones con el pueblo venezolano. También prohíbe a determinadas personas, como el padre Tamayo (Por cierto, le retiraron su naturalización y actualmente se encuentra en El Salvador) y sus seguidores “intervenir en política”, o “afectar con sus huelgas la economía nacional”. Todos los noticieros de radio y televisión independientes están controlados por una junta de vigilancia, como en los días más negros del fascismo hitleriano.
La respuesta de las organizaciones sociales ha sido mayor organización y movilización, como se demostró con la multitudinaria marcha realizada la semana anterior en Tegucigalpa. La restitución del presidente Manuel Zelaya prácticamente ya no es una petición, puesto que su mandato finaliza el 27 de este mes, sino que el Frente de Resistencia Nacional luchará en los próximos años por una nueva Constitución, mayor participación de la sociedad en las decisiones del gobierno y un nuevo modelo económico que permita una auténtica independencia de los grupos económicamente poderosos de Honduras. Por cierto, en la mayoría de provincias y municipios de este país hay organizados comités de base y núcleos opositores a las políticas gubernamentales. Un hecho y un logro inédito en la historia de Hibueras.
Mientras tanto, el gobierno ha continuado con su “mano dura” para tratar de controlar el descontento y la organizaciones de miles de hondureños. Se sabe de cantidad de presos políticos, de asesinados selectivos contra dirigentes de la Resistencia Nacional y una serie de violaciones a los derechos humanos, los que han sido debidamente documentados y muchas de esas pruebas han sido presentadas a los organismos y sistemas jurídicos internacionales. Por cierto, el juez Baltasar Garzón, de España, tiene en sus manos muchos de estos casos y en su debida oportunidad se abrirán los expedientes para deducir responsabilidades y juzgar a los responsables de crímenes y otras violaciones contra los derechos de la población hondureña.
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