Han tenido que pasar 18 años desde la firma del Acuerdo de Paz para que un gobierno, en el ejercicio pleno de su soberanía, pida perdón al pueblo salvadoreño, por los crímenes, secuestros, desapariciones forzosas, torturas, masacres, violaciones sexuales, abusos de poder y más ocasionados por la fuerza armada, guardias y policías nacionales y de hacienda y elementos para militares al servicio de los sectores económicamente poderosos. El presidente Mauricio Funes, haciéndose eco de una petición expresa de diversos estamentos de la sociedad, también expresó la voluntad de su régimen de compensar materialmente a los familiares de las víctimas, al tiempo de nombrar una Comisión para la Búsqueda de Niños desaparecidos en del conflicto armado.
Es apenas una pequeña muestra de lo que un gobierno verdaderamente democrático y profundamente identificado con los intereses populares, está obligado a hacer para dignificar y hacer justicia a más de 75 mil víctimas civiles del conflicto armado; falta, por supuesto, la derogación de la Ley de Amnistía para juzgar a todos los responsables de tanto crimen contra la población indefensa, contra luchadores de los derechos humanos e insignes salvadoreños que no sólo tomaron una opción por los pobres de este país, sino que desde un principio se mostraron a favor de una salida política y pacífica a la guerra civil que por doce años enfrentó a hermanos contra hermanos.
En el Acuerdo de Paz también quedó pendiente un contrato económico para materializar una sociedad más justa e igualitaria, con una distribución equitativa de la riqueza y acortar esa enorme brecha entre ricos y pobres, entre potentados y marginados. No es un secreto para nadie que sigue latente la concentración de la riqueza y la exclusión de las mayorías poblacionales. Y precisamente fue una de las causas del conflicto armando. Además de la violación reiterada de los derechos humanos, el cierre de oportunidades políticas, sobre todo, en las elecciones para cargos públicos, la tenencia de las mejores tierras en pocas manos, los privilegios para unas cuantas empresas y familias, así como la ausencia de un sistema democrático con sus libertades esenciales.
Por cierto, otra de las grandes deudas es con los lisiados de la guerra, quienes siempre han tenido que protestar y mendigar para que el Estado cumpla con una obligación firmada: la compensación o la pensión mensual. En los últimos días se tomaron catedral metropolitana y calles aledañas conocieron de sus marchas para exigir un derecho ganado con sangre y la muerte de sus seres queridos. El mandatario nada más cumple con un compromiso y esperamos que en el futuro no se repitan tomas y acciones de calle para concretar un acuerdo de nación, pues ha sido una disposición legal, aprobada por la Asamblea Legislativa y ratificada, suponemos a regañadientes, por anteriores gobiernos del país.
Si el país quiere lograr la reconciliación, la unidad de propósitos y plena armonía social, deben concretarse muchos acuerdos todavía pendientes, como el reparto justo de tierras, empleos dignos para todos los salvadoreños, apoyo a la pequeña y mediana empresa, creación de una Procuraduría para la Defensa de los Consumidores, acceso a la educación, la vivienda y la salud, así como instituciones fuertes para la defensa auténtica de los derechos de todo el pueblo. La Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, deben estar libres de toda contaminación partidaria y actuar con plena independencia para servir lealmente a los intereses de la patria, de la nación, es decir de los ciudadanos. Hay todavía muchos casos pendientes debidamente documentados tanto por la Comisión Ad hoc como por la Comisión de la Verdad. La investigación y el esclarecimiento nos llevarán a la verdad y luego a la justicia, al perdón y la reconciliación.
El Salvador vivió años duros durante la guerra civil. Los miles de muertos, los daños materiales, las desapariciones, los secuestros de niños, la desintegración familiar, los odios, los enfrentamientos entre amigos y familiares, fueron cosa de todos los días. De uno y otro bando se invirtieron millones de dólares para armar y alimentar a sus combatientes, la comunidad internacional también tomó parte a favor o en contra de las expresiones político-militares en pugna. Los Estados Unidos en los años más duros y difíciles del conflicto invirtieron un promedio de un millón y medio de dólares, además de mantener una asesoría permanente en el país y una preparación constante de los efectivos militares en sus bases extranjeras. Por ello se sostiene que cansados del enorme derroche en dólares, de conocer de la corrupción al interior de la fuerza armada y por acciones políticas internas de sus propios habitantes, presionaron al gobierno salvadoreño para sentarse con la delegación insurgente en las Naciones Unidas y acordar el fin al conflicto armado. Decisión concretada el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, de la capital mexicana.
Esa es la anécdota, el simbolismo brutal de la guerra; pero la tragedia, el dolor, la muerte y el luto fueron el alimento diario de miles de salvadoreños durante doce años. Hay muchas lecciones para las presentes y futuras generaciones; pero los grandes mercaderes, los comerciantes de los conflictos, no aprenden y cada cierto tiempo se embarcan en nuevas aventuras. Los Estados Unidos, el poder imperial, no terminan nunca con las amenazas e invasiones a países del mundo. Ahora recién salen con la cola entre las patas de Irak y ya están con su enorme despliegue militar en Afganistán y Pakistán. Muerte, dolor y sangre a más civiles indefensos, destrucción de hogares y patrimonio histórico y cultural de pueblos con una larga tradición. El imperialismo y sus lacayos no conocen de civilización ni de respeto a los derechos humanos.
Al menos nosotros hemos puesto fin a una cruenta guerra, de eso hace 18 años, y a pesar de no haber cumplido con todas las expectativas de la población, ni resuelto graves problemas de tipo económico y social, estamos transitando por caminos de paz, llenos de espinas, pero al fin, enfrentándolos con el debate y las ideas, dirimiendo los grandes retos con la fuerza de la razón. No siempre será fácil pues todavía persisten posiciones retrógradas, ancladas en la prehistoria, como esa manía de tratar de infundir temor a la gente con el comunismo, el Socialismo del Siglo XXI o las “amenazas de Chávez”. Francamente es para pensar que los relativos avances en el “sistema democrático”, todavía no han sacudido las telarañas mentales de estas personas. Desde luego, individuos como Alfredo Cristiani, Enrique Altamirano, Milena Calderón, Ernesto Angulo, y esos que se autocalifican como “analistas”, simplemente defienden intereses económicos, bien como miembros de la burguesía o simples lacayos y testaferros. Cuando ya hemos avanzado en el duro proceso de la “reconciliación” nos animan esos pasos dados por el actual gobierno de pedir perdón al pueblo salvadoreño por los crímenes cometidos por la fuerza armada y los cuerpos policiales, además de anunciar una reparación moral y material para los familiares de las víctimas y la formación de una Comisión para la búsqueda de los niños (ahora adultos) desaparecidos o secuestrados durante el conflicto armado. Desde luego, esperamos otros gestos políticos para en verdad afirmar que estamos en el camino correcto hacia la restauración total del tejido social de nuestro país de la sociedad.
En este contexto las declaraciones de Alfredo Cristiani, de que “no le toca al Presidente de la República pedir perdón por los hechos cometidos por el FMLN, porque no es un agente del Estado. Él sólo puede hablar en nombre de agentes del Estado”, resumen la prepotencia, la soberbia, de los sectores oligárquicos y personas comprometidas con los crímenes del pasado, de no aceptar su responsabilidad en semejantes hechos. Por lo demás, el presidente Funes, se refirió en sus palabras a la nación a “crímenes” y otro tipo de violaciones a los derechos humanos cometidos expresamente por la fuerza armada, los cuerpos policiales y agentes para militares. En ningún momento, lo hizo a nombre del FMLN. Igual suerte corrieron las expresiones del ex presidente Armando Calderón Sol, quien en una acción lamentable restó importancia a la posición del titular del ejecutivo al decir que “no fue el Estado salvadoreño el que tomó la decisión de la guerra, así es que venir a pedir perdón creo que es un exceso innecesario que no tiene mayor trascendencia, no tiene ningún significado”. Francamente incalificable, grosero e insultante a la memoria de miles de víctimas civiles del conflicto armado y, sobre todo, a los familiares que por largos años han esperado disculpas y una reparación material. Por lo demás, todavía esperan una investigación para deducir responsabilidades y juicio a los culpables de crímenes y masacres de lesa humanidad.
Es apenas una pequeña muestra de lo que un gobierno verdaderamente democrático y profundamente identificado con los intereses populares, está obligado a hacer para dignificar y hacer justicia a más de 75 mil víctimas civiles del conflicto armado; falta, por supuesto, la derogación de la Ley de Amnistía para juzgar a todos los responsables de tanto crimen contra la población indefensa, contra luchadores de los derechos humanos e insignes salvadoreños que no sólo tomaron una opción por los pobres de este país, sino que desde un principio se mostraron a favor de una salida política y pacífica a la guerra civil que por doce años enfrentó a hermanos contra hermanos.
En el Acuerdo de Paz también quedó pendiente un contrato económico para materializar una sociedad más justa e igualitaria, con una distribución equitativa de la riqueza y acortar esa enorme brecha entre ricos y pobres, entre potentados y marginados. No es un secreto para nadie que sigue latente la concentración de la riqueza y la exclusión de las mayorías poblacionales. Y precisamente fue una de las causas del conflicto armando. Además de la violación reiterada de los derechos humanos, el cierre de oportunidades políticas, sobre todo, en las elecciones para cargos públicos, la tenencia de las mejores tierras en pocas manos, los privilegios para unas cuantas empresas y familias, así como la ausencia de un sistema democrático con sus libertades esenciales.
Por cierto, otra de las grandes deudas es con los lisiados de la guerra, quienes siempre han tenido que protestar y mendigar para que el Estado cumpla con una obligación firmada: la compensación o la pensión mensual. En los últimos días se tomaron catedral metropolitana y calles aledañas conocieron de sus marchas para exigir un derecho ganado con sangre y la muerte de sus seres queridos. El mandatario nada más cumple con un compromiso y esperamos que en el futuro no se repitan tomas y acciones de calle para concretar un acuerdo de nación, pues ha sido una disposición legal, aprobada por la Asamblea Legislativa y ratificada, suponemos a regañadientes, por anteriores gobiernos del país.
Si el país quiere lograr la reconciliación, la unidad de propósitos y plena armonía social, deben concretarse muchos acuerdos todavía pendientes, como el reparto justo de tierras, empleos dignos para todos los salvadoreños, apoyo a la pequeña y mediana empresa, creación de una Procuraduría para la Defensa de los Consumidores, acceso a la educación, la vivienda y la salud, así como instituciones fuertes para la defensa auténtica de los derechos de todo el pueblo. La Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, deben estar libres de toda contaminación partidaria y actuar con plena independencia para servir lealmente a los intereses de la patria, de la nación, es decir de los ciudadanos. Hay todavía muchos casos pendientes debidamente documentados tanto por la Comisión Ad hoc como por la Comisión de la Verdad. La investigación y el esclarecimiento nos llevarán a la verdad y luego a la justicia, al perdón y la reconciliación.
El Salvador vivió años duros durante la guerra civil. Los miles de muertos, los daños materiales, las desapariciones, los secuestros de niños, la desintegración familiar, los odios, los enfrentamientos entre amigos y familiares, fueron cosa de todos los días. De uno y otro bando se invirtieron millones de dólares para armar y alimentar a sus combatientes, la comunidad internacional también tomó parte a favor o en contra de las expresiones político-militares en pugna. Los Estados Unidos en los años más duros y difíciles del conflicto invirtieron un promedio de un millón y medio de dólares, además de mantener una asesoría permanente en el país y una preparación constante de los efectivos militares en sus bases extranjeras. Por ello se sostiene que cansados del enorme derroche en dólares, de conocer de la corrupción al interior de la fuerza armada y por acciones políticas internas de sus propios habitantes, presionaron al gobierno salvadoreño para sentarse con la delegación insurgente en las Naciones Unidas y acordar el fin al conflicto armado. Decisión concretada el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, de la capital mexicana.
Esa es la anécdota, el simbolismo brutal de la guerra; pero la tragedia, el dolor, la muerte y el luto fueron el alimento diario de miles de salvadoreños durante doce años. Hay muchas lecciones para las presentes y futuras generaciones; pero los grandes mercaderes, los comerciantes de los conflictos, no aprenden y cada cierto tiempo se embarcan en nuevas aventuras. Los Estados Unidos, el poder imperial, no terminan nunca con las amenazas e invasiones a países del mundo. Ahora recién salen con la cola entre las patas de Irak y ya están con su enorme despliegue militar en Afganistán y Pakistán. Muerte, dolor y sangre a más civiles indefensos, destrucción de hogares y patrimonio histórico y cultural de pueblos con una larga tradición. El imperialismo y sus lacayos no conocen de civilización ni de respeto a los derechos humanos.
Al menos nosotros hemos puesto fin a una cruenta guerra, de eso hace 18 años, y a pesar de no haber cumplido con todas las expectativas de la población, ni resuelto graves problemas de tipo económico y social, estamos transitando por caminos de paz, llenos de espinas, pero al fin, enfrentándolos con el debate y las ideas, dirimiendo los grandes retos con la fuerza de la razón. No siempre será fácil pues todavía persisten posiciones retrógradas, ancladas en la prehistoria, como esa manía de tratar de infundir temor a la gente con el comunismo, el Socialismo del Siglo XXI o las “amenazas de Chávez”. Francamente es para pensar que los relativos avances en el “sistema democrático”, todavía no han sacudido las telarañas mentales de estas personas. Desde luego, individuos como Alfredo Cristiani, Enrique Altamirano, Milena Calderón, Ernesto Angulo, y esos que se autocalifican como “analistas”, simplemente defienden intereses económicos, bien como miembros de la burguesía o simples lacayos y testaferros. Cuando ya hemos avanzado en el duro proceso de la “reconciliación” nos animan esos pasos dados por el actual gobierno de pedir perdón al pueblo salvadoreño por los crímenes cometidos por la fuerza armada y los cuerpos policiales, además de anunciar una reparación moral y material para los familiares de las víctimas y la formación de una Comisión para la búsqueda de los niños (ahora adultos) desaparecidos o secuestrados durante el conflicto armado. Desde luego, esperamos otros gestos políticos para en verdad afirmar que estamos en el camino correcto hacia la restauración total del tejido social de nuestro país de la sociedad.
En este contexto las declaraciones de Alfredo Cristiani, de que “no le toca al Presidente de la República pedir perdón por los hechos cometidos por el FMLN, porque no es un agente del Estado. Él sólo puede hablar en nombre de agentes del Estado”, resumen la prepotencia, la soberbia, de los sectores oligárquicos y personas comprometidas con los crímenes del pasado, de no aceptar su responsabilidad en semejantes hechos. Por lo demás, el presidente Funes, se refirió en sus palabras a la nación a “crímenes” y otro tipo de violaciones a los derechos humanos cometidos expresamente por la fuerza armada, los cuerpos policiales y agentes para militares. En ningún momento, lo hizo a nombre del FMLN. Igual suerte corrieron las expresiones del ex presidente Armando Calderón Sol, quien en una acción lamentable restó importancia a la posición del titular del ejecutivo al decir que “no fue el Estado salvadoreño el que tomó la decisión de la guerra, así es que venir a pedir perdón creo que es un exceso innecesario que no tiene mayor trascendencia, no tiene ningún significado”. Francamente incalificable, grosero e insultante a la memoria de miles de víctimas civiles del conflicto armado y, sobre todo, a los familiares que por largos años han esperado disculpas y una reparación material. Por lo demás, todavía esperan una investigación para deducir responsabilidades y juicio a los culpables de crímenes y masacres de lesa humanidad.
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