La revisión tributaria aprobada el año recién pasado por la Asamblea Legislativa sirvió para que los comerciantes e industriales aumentaran el precio de algunos productos, lamentablemente muchos de ellos ubicados en la canasta básica. Al menos no ha sucedido lo mismo con la tarifa de la luz eléctrica, pues en meses anteriores el gobierno tomó la decisión de aplicar descuentos en los lugares de menor consumo. No ha sucedido lo mismo con el recibo del agua que ciertamente ha experimentado un aumento sensible.
En el mercado productos como la papa, los elotes, tomates y la yuca subieron bastante en el precio, al menos en el mes de diciembre, alza no controlada ni reportada por la Defensoría del Consumidor, pues la campaña de regulación de precios únicamente se dio en ocasión de los desastres causados por el huracán IDA. Es una costumbre sana el vigilar los costos en los establecimientos comerciales, pero también combatir la especulación y el acaparamiento de todos los artículos, más cuando se trata de alimentos básicos. Por cierto, este año el gobierno deberá importar gran cantidad de frijoles y maíz debido a la escasez por la pérdida de las cosechas.
En otro aspecto, la variación de precios de los productos derivados del petróleo, vuelve a poner en primer término de las preocupaciones nacionales el enorme peso e influencia económica ejercida por los monopolios. Se explica que los propietarios de vehículos, buses y otros medios para transporte de carga y personas, tienen recursos para pagar los aumentos; podría ser, pero las alzas siempre son trasladadas a los consumidores. Los expertos sostienen que las tarifas deben ser siempre realistas, basadas en la necesidad de sana operación y de máximas posibilidades de crecimiento para ajustarlas a los requerimientos cambiantes del país.
Por cierto que fue una exigencia que diversos sectores hicieron a los gobiernos nefastos de Arena, de ajustar precios en los derivados del petróleo y en las tarifas de la energía eléctrica. No se hizo y, por el contrario, se premió a los consumidores con una serie de cargas impositivas y una serie de impuestos solapados aparecidos en los recibos de la luz como: atención al cliente y pago por servicio de red y más. Este año, el precio de la gasolina y el aceite, aumentarán sensiblemente por la reducción en la producción ya acordada por la OPEP y por el agotamiento de las reservas en los Estados Unidos y en otros países productores. Como tal fenómeno provoca crisis global y repercute fuertemente en país dependientes como el nuestro, el régimen ya debe tomar previsiones y asegurarse precios justos con países como Venezuela, al que por razones ideológicas y políticas, extrañamente, hemos mantenido alejados.
Es, pues, por causas ineludibles, reforzadas por el interés de lucro que es aliento y mística única de los negocios privados, que hay una ola inflacionaria que afecta lo mismo al precio de los tomates, las cebollas, las papas y los chiles verdes que el de artículos mayores. Sería suicida y pecado imperdonable que el gobierno mantuviera productos y servicios totalmente “regulados” en niveles de precios anteriores a la ola inflacionaria y quizás habría muchos sectores que lo harían responsable de la ruina de grandes y pequeñas empresas; pero es deber de las autoridades velar por el bienestar general de la nación, sobre todo, de la población más vulnerable. Por eso, en el llamado a la unidad es indispensable contar con la solidaridad de los “grandes empresarios” que desde siempre se han lucrado con las necesidades más sentidas de la población.
Por cierto, los empresarios han manifestado su disposición a pagar impuestos, a mantener el nivel de empleos e invertir en distintas actividades económicas; pero siempre y cuando se cumplan “ciertas disposiciones”: El sujetarse a las normas por ellos dispuestas (no regular precios, no aumentar demasiado los impuestos, permitir algunos privilegios, no nacionalizar empresas o crear instituciones como el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) o algo similar o dar origen a instituciones mixtas para la construcción de vivienda popular) nunca puede presagiar nada bueno para la estabilidad del gobierno ni mucho menos para favorecer con programas de bienestar general a la población. En todos estos aspectos debe actuarse con cautela y no dejarse sorprender por cantos de sirena.
Un gobierno de “unidad” como el exigido reiteradamente por el presidente Funes, está a medias y el esfuerzo por realizarlo encuentra su camino acumulado de incomprensiones y reservas. No sólo por las protestas de asociaciones campesinas que “exigen claridad en la entrega de paquetes agrícolas”, sino en la misma posición de las cúpulas empresariales exigiendo a estas alturas el conocimiento del plan general económico del régimen, así como “reglas claras” en la administración pública. El país no podrá salir del estado de postración económica y social en que lo dejaron los cuatro gobiernos de Arena, mientras no se depongan posiciones políticas e ideológicas y también mercantiles. Los bancos cada vez más disminuyen las tasas de interés en los ahorros, los empresarios de las tarjetas de crédito se siguen burlando de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y los comerciantes de productos alimenticios, continúan aumentando los precios.
No es fácil gobernar países como el nuestro, sobre todo cuando hay mucha incomprensión por parte de los sectores más poderosos de la economía nacional, algo que hemos reafirmado con la oposición a la revisión fiscal. El caso más patético fueron las veladas amenazas de La Constancia de “retirar sus inversiones” y “comenzar un proceso de venta” de la empresa”, con la liquidación de miles de empleos, si el gobierno persistía en aumentar el impuesto por consumo y producción de la cerveza. No tuvieron empacho en promover una costosa campaña publicitaria, poniendo como punta de lanza a sus trabajadores, para “defender sus privilegios” y la necesidad de continuar fomentando el vicio, que tanto daño le ha ocasionado a la población.
El gobierno puede seguir con sus llamados a la “unidad” pero no tendrá los resultados esperados, al menos de parte de los sectores oligárquicos. Por lo tanto, debe acelerar los programas de bienestar social, apoyarse en la población más humilde, en los trabajadores, en los empleados y en las organizaciones magisteriales, de trabajadores de la salud y en los cooperativistas. En esta misma línea, lo hemos pedido y lo reiteramos, es urgente iniciar el Programa Nacional de Alfabetización y poner en marcha la Reforma Integral de Salud. Con estos planes masivos, más los de vivienda popular y los de asistencia social a las familias más vulnerables, tanto en el campo como en el área urbana, se podrá hablar de una unidad nacional, al menos de los humildes, de los oprimidos y los marginados.
En el mercado productos como la papa, los elotes, tomates y la yuca subieron bastante en el precio, al menos en el mes de diciembre, alza no controlada ni reportada por la Defensoría del Consumidor, pues la campaña de regulación de precios únicamente se dio en ocasión de los desastres causados por el huracán IDA. Es una costumbre sana el vigilar los costos en los establecimientos comerciales, pero también combatir la especulación y el acaparamiento de todos los artículos, más cuando se trata de alimentos básicos. Por cierto, este año el gobierno deberá importar gran cantidad de frijoles y maíz debido a la escasez por la pérdida de las cosechas.
En otro aspecto, la variación de precios de los productos derivados del petróleo, vuelve a poner en primer término de las preocupaciones nacionales el enorme peso e influencia económica ejercida por los monopolios. Se explica que los propietarios de vehículos, buses y otros medios para transporte de carga y personas, tienen recursos para pagar los aumentos; podría ser, pero las alzas siempre son trasladadas a los consumidores. Los expertos sostienen que las tarifas deben ser siempre realistas, basadas en la necesidad de sana operación y de máximas posibilidades de crecimiento para ajustarlas a los requerimientos cambiantes del país.
Por cierto que fue una exigencia que diversos sectores hicieron a los gobiernos nefastos de Arena, de ajustar precios en los derivados del petróleo y en las tarifas de la energía eléctrica. No se hizo y, por el contrario, se premió a los consumidores con una serie de cargas impositivas y una serie de impuestos solapados aparecidos en los recibos de la luz como: atención al cliente y pago por servicio de red y más. Este año, el precio de la gasolina y el aceite, aumentarán sensiblemente por la reducción en la producción ya acordada por la OPEP y por el agotamiento de las reservas en los Estados Unidos y en otros países productores. Como tal fenómeno provoca crisis global y repercute fuertemente en país dependientes como el nuestro, el régimen ya debe tomar previsiones y asegurarse precios justos con países como Venezuela, al que por razones ideológicas y políticas, extrañamente, hemos mantenido alejados.
Es, pues, por causas ineludibles, reforzadas por el interés de lucro que es aliento y mística única de los negocios privados, que hay una ola inflacionaria que afecta lo mismo al precio de los tomates, las cebollas, las papas y los chiles verdes que el de artículos mayores. Sería suicida y pecado imperdonable que el gobierno mantuviera productos y servicios totalmente “regulados” en niveles de precios anteriores a la ola inflacionaria y quizás habría muchos sectores que lo harían responsable de la ruina de grandes y pequeñas empresas; pero es deber de las autoridades velar por el bienestar general de la nación, sobre todo, de la población más vulnerable. Por eso, en el llamado a la unidad es indispensable contar con la solidaridad de los “grandes empresarios” que desde siempre se han lucrado con las necesidades más sentidas de la población.
Por cierto, los empresarios han manifestado su disposición a pagar impuestos, a mantener el nivel de empleos e invertir en distintas actividades económicas; pero siempre y cuando se cumplan “ciertas disposiciones”: El sujetarse a las normas por ellos dispuestas (no regular precios, no aumentar demasiado los impuestos, permitir algunos privilegios, no nacionalizar empresas o crear instituciones como el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) o algo similar o dar origen a instituciones mixtas para la construcción de vivienda popular) nunca puede presagiar nada bueno para la estabilidad del gobierno ni mucho menos para favorecer con programas de bienestar general a la población. En todos estos aspectos debe actuarse con cautela y no dejarse sorprender por cantos de sirena.
Un gobierno de “unidad” como el exigido reiteradamente por el presidente Funes, está a medias y el esfuerzo por realizarlo encuentra su camino acumulado de incomprensiones y reservas. No sólo por las protestas de asociaciones campesinas que “exigen claridad en la entrega de paquetes agrícolas”, sino en la misma posición de las cúpulas empresariales exigiendo a estas alturas el conocimiento del plan general económico del régimen, así como “reglas claras” en la administración pública. El país no podrá salir del estado de postración económica y social en que lo dejaron los cuatro gobiernos de Arena, mientras no se depongan posiciones políticas e ideológicas y también mercantiles. Los bancos cada vez más disminuyen las tasas de interés en los ahorros, los empresarios de las tarjetas de crédito se siguen burlando de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y los comerciantes de productos alimenticios, continúan aumentando los precios.
No es fácil gobernar países como el nuestro, sobre todo cuando hay mucha incomprensión por parte de los sectores más poderosos de la economía nacional, algo que hemos reafirmado con la oposición a la revisión fiscal. El caso más patético fueron las veladas amenazas de La Constancia de “retirar sus inversiones” y “comenzar un proceso de venta” de la empresa”, con la liquidación de miles de empleos, si el gobierno persistía en aumentar el impuesto por consumo y producción de la cerveza. No tuvieron empacho en promover una costosa campaña publicitaria, poniendo como punta de lanza a sus trabajadores, para “defender sus privilegios” y la necesidad de continuar fomentando el vicio, que tanto daño le ha ocasionado a la población.
El gobierno puede seguir con sus llamados a la “unidad” pero no tendrá los resultados esperados, al menos de parte de los sectores oligárquicos. Por lo tanto, debe acelerar los programas de bienestar social, apoyarse en la población más humilde, en los trabajadores, en los empleados y en las organizaciones magisteriales, de trabajadores de la salud y en los cooperativistas. En esta misma línea, lo hemos pedido y lo reiteramos, es urgente iniciar el Programa Nacional de Alfabetización y poner en marcha la Reforma Integral de Salud. Con estos planes masivos, más los de vivienda popular y los de asistencia social a las familias más vulnerables, tanto en el campo como en el área urbana, se podrá hablar de una unidad nacional, al menos de los humildes, de los oprimidos y los marginados.
1 comentarios:
cual maldito y reputo cambio nos engancharon otra vez!!!!!
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