Los asesinos patológicos con soberbia y prepotencia piden ahora al gobierno un plan de seguridad, al tiempo de advertir que la “carencia de planes” desprestigia a la Fuerza Armada de El Salvador. El cinismo ahora tiene nombre y apellido, no es posible encontrar honor, dignidad y decoro en los militares, en los instrumentos de dominación y represión por largos años de la oligarquía, los responsables directos de masacres, torturas, crímenes, secuestros y desapariciones forzosas de miles de salvadoreños. Hechos brutales cometidos como “agentes del Estado” por los cuales el presidente de la república, Mauricio Funes, acaba de “pedir perdón” al pueblo en ocasión de celebrarse 18 años de la firma del Acuerdo de Paz.
¿Cuál es la autoridad o el respaldo moral que respalda a los generales Mauricio Vargas, Humberto Corado y René Emilio Ponce para “recomendarle” al gobierno planes más efectivos para combatir la criminalidad? Como jefes de unidades militares o “comandantes” del Estado Mayor, firmaron y ordenaron masacres contra la población salvadoreña antes y durante el conflicto armado, reprimieron manifestaciones de estudiantes, campesinos y obreros en las calles de San Salvador, llenaron de presos políticos las cárceles, donde torturaron y asesinaron a miles de civiles, la mayoría de ellos inocentes y sin haber sido remitidos a los juzgados correspondientes como lo señala la Constitución y las leyes secundarias. Nunca les importaron las leyes ni el marco jurídico y constitucional del país. Fueron artífices y señores de la guerra, y las torturas, responsables de todo y de nada, facultados para decretar el derecho a la vida o la muerte.
Ahora, cuando la delincuencia y la criminalidad por ellos creada y heredada, se ha convertido en una “fuerza despiadada”, se atreven a afirmar que el involucrar a la fuerza armada en los planes de represión contra la delincuencia, “podría acarrear costos a la fuerza armada, pues está arriesgando a sus soldados y su prestigio de forma aislada y sin contar con un plan integral que venga de las autoridades a quienes les compete hacerlo”. Lo dicho: mayor cinismo e hipocresía imposible de encontrarlos en otro lugar y espacio, los reyes de la página roja, los represores e inventores de las torturas y asesinados mas sofisticados se atreven ahora a dictar reglas, a impartir “sanos” consejos”, a rasgarse las vestiduras. Ustedes, generales, deberían de estar en el banquillo de los acusados, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, por violar reiteradamente la Constitución, por alterar el orden y la legalidad en esta sociedad, responsabilidad que cínicamente atribuyeron a los patriotas salvadoreños que con valentía y coraje desafiaron el supuesto orden institucional.
La misión de la fuerza armada está claramente delimitada en la Constitución, que le ordena velar por la soberanía e integridad del territorio nacional. La facultad de salir a la calle para colaborar con la Policía Nacional Civil, aprobada por la Asamblea Legislativa, es y debe ser provisional y por un período corto pues se corre el peligro de retornar a tiempos pasados y peligrosamente convertirla en un “auxiliar necesario” e indispensable, como ciertamente lo están viendo sectores de la población. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública debe analizar detenidamente el papel y la misión asignado por la Constitución y proceder con planes y acciones creativas para prevenir y combatir el delito. Puede ser que el estado de emergencia y el accionar de las pandillas, la delincuencia y el crimen organizado haya superado sus capacidades tanto en hombres, equipos y recursos móviles y estacionarios y tal situación hizo al presidente de la república acudir a los efectivos militares; pero no puede ser la regla y el expediente de siempre. Se debe tomar la experiencia de otros países y actuar con imaginación y mucha creatividad. No es posible que a un problema con profundas raíces sociológicas y humanas únicamente se le de una salida policíaca.
Los “generales” tiene la visión militarista, sus encasas entendederas no les permite analizar con propiedad el fenómeno. Es más, se atreven a “sugerir” y hablar tonterías como eso de que “El Salvador está como un semáforo en amarillo mientras el gabinete se centra en la dialéctica”, literalmente expresado por el general Mauricio Ernesto Vargas. O las mentiras dichas por el general René Emilio Ponce de que “antes de que los soldados salieran a las calles, la Procuraduría de los Derechos Humanos no había recibido ninguna queja por violación a los derechos humanos (…)”. Las noticias de los medios de difusión constantemente hablan de violaciones sexuales o asesinatos cometidos por soldados, clases y oficiales. Pero para este general estos únicamente han ocurrido en cuanto “salieron a patrullar”. Mayor cinismo e hipocresía, ¡imposible!
Los grandes y graves problemas heredados por los regímenes areneros que padece el país, serán muy difíciles de atacar y resolver en cinco años; pero es necesario crear planes concretos en el lo económico, social y político para garantizar fuentes de empleo, un mejor sistema sanitario y asistencia a la población más vulnerable, educación gratuita en todos los niveles, mejores centros de instrucción desde la parvularia a la universitaria, leyes más fuertes y apropiadas al momento en que estamos viviendo y, por supuesto, pensando en el futuro, así como instituciones bien constituidas que brinden seguridad y garantías a todos los salvadoreños, nos referimos concretamente al Tribunal Supremo Electoral, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República y a la Corte de Cuentas.
¿Cuál es la autoridad o el respaldo moral que respalda a los generales Mauricio Vargas, Humberto Corado y René Emilio Ponce para “recomendarle” al gobierno planes más efectivos para combatir la criminalidad? Como jefes de unidades militares o “comandantes” del Estado Mayor, firmaron y ordenaron masacres contra la población salvadoreña antes y durante el conflicto armado, reprimieron manifestaciones de estudiantes, campesinos y obreros en las calles de San Salvador, llenaron de presos políticos las cárceles, donde torturaron y asesinaron a miles de civiles, la mayoría de ellos inocentes y sin haber sido remitidos a los juzgados correspondientes como lo señala la Constitución y las leyes secundarias. Nunca les importaron las leyes ni el marco jurídico y constitucional del país. Fueron artífices y señores de la guerra, y las torturas, responsables de todo y de nada, facultados para decretar el derecho a la vida o la muerte.
Ahora, cuando la delincuencia y la criminalidad por ellos creada y heredada, se ha convertido en una “fuerza despiadada”, se atreven a afirmar que el involucrar a la fuerza armada en los planes de represión contra la delincuencia, “podría acarrear costos a la fuerza armada, pues está arriesgando a sus soldados y su prestigio de forma aislada y sin contar con un plan integral que venga de las autoridades a quienes les compete hacerlo”. Lo dicho: mayor cinismo e hipocresía imposible de encontrarlos en otro lugar y espacio, los reyes de la página roja, los represores e inventores de las torturas y asesinados mas sofisticados se atreven ahora a dictar reglas, a impartir “sanos” consejos”, a rasgarse las vestiduras. Ustedes, generales, deberían de estar en el banquillo de los acusados, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, por violar reiteradamente la Constitución, por alterar el orden y la legalidad en esta sociedad, responsabilidad que cínicamente atribuyeron a los patriotas salvadoreños que con valentía y coraje desafiaron el supuesto orden institucional.
La misión de la fuerza armada está claramente delimitada en la Constitución, que le ordena velar por la soberanía e integridad del territorio nacional. La facultad de salir a la calle para colaborar con la Policía Nacional Civil, aprobada por la Asamblea Legislativa, es y debe ser provisional y por un período corto pues se corre el peligro de retornar a tiempos pasados y peligrosamente convertirla en un “auxiliar necesario” e indispensable, como ciertamente lo están viendo sectores de la población. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública debe analizar detenidamente el papel y la misión asignado por la Constitución y proceder con planes y acciones creativas para prevenir y combatir el delito. Puede ser que el estado de emergencia y el accionar de las pandillas, la delincuencia y el crimen organizado haya superado sus capacidades tanto en hombres, equipos y recursos móviles y estacionarios y tal situación hizo al presidente de la república acudir a los efectivos militares; pero no puede ser la regla y el expediente de siempre. Se debe tomar la experiencia de otros países y actuar con imaginación y mucha creatividad. No es posible que a un problema con profundas raíces sociológicas y humanas únicamente se le de una salida policíaca.
Los “generales” tiene la visión militarista, sus encasas entendederas no les permite analizar con propiedad el fenómeno. Es más, se atreven a “sugerir” y hablar tonterías como eso de que “El Salvador está como un semáforo en amarillo mientras el gabinete se centra en la dialéctica”, literalmente expresado por el general Mauricio Ernesto Vargas. O las mentiras dichas por el general René Emilio Ponce de que “antes de que los soldados salieran a las calles, la Procuraduría de los Derechos Humanos no había recibido ninguna queja por violación a los derechos humanos (…)”. Las noticias de los medios de difusión constantemente hablan de violaciones sexuales o asesinatos cometidos por soldados, clases y oficiales. Pero para este general estos únicamente han ocurrido en cuanto “salieron a patrullar”. Mayor cinismo e hipocresía, ¡imposible!
Los grandes y graves problemas heredados por los regímenes areneros que padece el país, serán muy difíciles de atacar y resolver en cinco años; pero es necesario crear planes concretos en el lo económico, social y político para garantizar fuentes de empleo, un mejor sistema sanitario y asistencia a la población más vulnerable, educación gratuita en todos los niveles, mejores centros de instrucción desde la parvularia a la universitaria, leyes más fuertes y apropiadas al momento en que estamos viviendo y, por supuesto, pensando en el futuro, así como instituciones bien constituidas que brinden seguridad y garantías a todos los salvadoreños, nos referimos concretamente al Tribunal Supremo Electoral, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República y a la Corte de Cuentas.





1 comentarios:
"La desfachatez de los Generales", sería un acertado título para una película basada en una historia de la vida real....
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