No conocemos con exactitud la cantidad asignada dentro del presupuesto de la nación a la inversión pública, pero debe ser una cantidad considerable para cumplir con una de las apuestas del gobierno a la reactivación económica y a la generación de empleos. Se ha hablado de distribución por sectores y se apunta el propósito de desenvolver distintas regiones, con todo están a faltar referencias a los mecanismos de jornalización y a un programa de inversiones para los cuatro años y cuatro meses que le restan al régimen. De hecho, Obras Públicas, Educación, Agricultura y Ganadería y Vivienda, para citar cuatro instituciones claves, ya están generando mucho trabajo e inyectando dinamismo a la economía nacional.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) tan cuestionada en las últimas semanas debido al aumento exagerado de las tarifas, también anunció la apertura de centenares de plazas para unirse al esfuerzo de otras instituciones gubernamentales para generar empleos. Desde luego, se necesitan miles, pero al menos se marcha en el camino correcto. El Ministerio de Educación también contratará más profesores y personal técnico para la apertura de escuelas y el Programa Nacional de Alfabetización, que tenemos entendido iniciará este año. Postergarlo sería dañino para los propósitos de lograr un desarrollo armónico y con amplia proyección social.
Si en la estructura o en el tejido social de la nación todavía existen trabas que impidan avanzar hacia una sociedad equitativa, solidaria y participativa, los diputados del FMLN deben someter proyectos a la Asamblea Legislativa para contar con nuevas y modernas normas jurídicas aplicadas con éxito en otros países, para perfeccionar la programación del sector público, precisamente como instrumento para la dirección de la economía en beneficio de los intereses nacionales. Esto en alguna medida sería como tomarle la palabra o salir adelante a lo expresado por las gremiales empresariales de favorecer una distribución equitativa de la riqueza nacional. Es decir, no sólo una pírrica participación en las ganancias o bonos anuales, sino una dieta sustancial equivalente al valor de una vivienda, el valor de la educación, el vestido y la alimentación anual del grupo familiar.
Estos “beneficios” no obedecen a consignas ni prédicas “comunistas” como responden o replican los reaccionarios y signados por la avaricia y la codicia, sino que son llamados permanentes hechos por la misma iglesia y claramente estipulados en ese que millones de personas en el mundo conocen como “La Biblia”. El trabajo bien remunerado, la búsqueda de la reconciliación, de la paz y la armonía social, únicamente se logran en una sociedad con el bien común, la solidaridad y el humanismo cristiano o científico, el apellido es lo de menos, lo importante son los resultados. Si un gobierno se guía por estos postulados ciertamente está más cerca de “Dios que del diablo”, para citar las reiteradas prédicas religiosas. En el plano concreto y de las realidades, el régimen actual, calificado de “izquierda” debe poner atención a los planes ya mencionados, pero también a una reforma administrativa, como una forma efectiva y segura de instrumentar los programas de desarrollo.
El sistema unitario en la salud pública (integración más que coordinación del Seguro Social con Salud Pública y Asistencia Social, más el área de salud militar), el avance en la Reforma Educativa, el sector agrícola y la Banca de Fomento y Desarrollo, deben estar respaldados por una legislación adecuada que agilice los trámites y las gestiones, porque actualmente se aduce que la ley LACAP o como se llame, las dependencias de control de las finanzas ministeriales o unidades de contratación y compras, y hasta “persecuciones fiscales desde Hacienda” constituyen trabas burocráticas. No se trata de extender “cheques en blanco” a los funcionarios; pero sí de hacer más viables y menos engorrosos los proyectos por ejecutarse, entendiendo que van encaminados a favorecer a la población más vulnerable.
El mismo anuncio de fortalecer financieramente al Banco Hipotecario y la puesta en marcha de la banca de fomento e inversión, no deben retrasarse más (“En la demora está el peligro”, gusta de expresar el presidente de Ecuador Rafael Correa, citando a uno de sus próceres) y, por el contrario, pensar en dirigir mejor el crédito hacia las actividades productivas, en especial hacia el campo y a los medianos y pequeños productores. Desde luego, no deben estar excluidas las medidas de estímulo a la industria y a la exportación. Estos sectores, con todo, siempre han sido favorecidos y ampliamente apoyados con toda clase de incentivos por los regímenes areneros. No se trata de revanchas o negarles colaboración; pero debe hacerse desde un plano de igualdad de oportunidades sin privilegios de ninguna naturaleza. El mensaje debe quedar claro para las “cúpulas” empresariales, ahora que “hablan de dignificación y de distribución equitativa de los ingresos”. Si son sinceros en sus expresiones, las mismas realidades se encargarán de demostrarlo. El gobierno de ser el garante de tales ofertas.
Los programas para el desarrollo social deben convertirse en la guía y motor de este gobierno: si al final de la administración se ha logrado un 60% de las promesas, al menos en seguridad social, educación y vivienda, el FMLN puede estar seguro de ganar un segundo mandato para, ahora sí, profundizar en las reformas estructurales, en el anhelado cambio de modelo económico, así como en una profunda Reforma Educativa, Agraria y de Salud. En el presente debe buscarse un desarrollo que genere empleos, reduzca los precios y combata drásticamente la delincuencia, que incremente el ingreso, lo distribuya mejor, que corrija desequilibrios sectoriales y nacionales, fomente el mercado interno, genere ocupación, logre eficiencia, que nos permita ser más competitivos en el exterior, reduzca el ritmo de endeudamiento, algo muy difícil por la severa crisis que nos golpea, y, sobre todo, tenga continuidad en el progreso.
Para ello, en nuestra particular opinión, será necesario reforzar enormemente la acción del sector público y lograr coherencia ideológica y operativa en el gobierno. Es decir, evitar enfrentamientos estériles del presidente con dirigentes del partido FMLN, hasta hoy actuando con paciencia, tolerancia y mucha ética partidaria. Aquí está la clave. Da la impresión de un angustioso llamado y de un firme propósito de enfrentarse a las fisuras que se advierten dentro del propio sector público. El gran objetivo debe ser no descansar hasta destruir la urdimbre de intereses que frenan el desarrollo como nación y país; y estos (intereses, pues) no se encuentran en el interior del partido de gobierno, ni tampoco deberían buscarse en la propia figura del mandatario, sino en la mezquina posición de los “grandes empresarios” y los monopolios extranjeros siempre atentos a velar por sus millonarios ingresos y en ningún momento a buscar equidad y desarrollo compartido en la sociedad. El protestar y amenazar con retirar sus inversiones o disminuir plazas en sus empresas porque la Asamblea Legislativa aprueba una ley para eliminar el pago de la cuota de la telefonía fija, por cierto una de las mayores de Centro América, ilustra su avaricia y su afán de enriquecimiento.
Lo reiteramos: para ello se necesita redoblar acciones y revisar tesis. Suena bien la frase “una economía hecha por todos y para todos” y “hoy es preciso poner el capital al servicio de la nación entera”. O “distribuir la riqueza en forma equitativa”. Pero cuáles son las realidades que padecemos. Los empresarios privados serán siempre eso, negociantes y su conducta estará regida por el afán del lucro. Nosotros creemos que el sector público tiene la fuerza y la capacidad para dirigir efectivamente la economía en beneficio popular. El sector público, lo reiteramos, tiene que robustecerse, soldar fisuras y actuar con unidad. No hay otra salida. Qué dice señor presidente ¿le entramos? Para ello debe actuarse con firmeza, rechazar las presiones y los chantajes del gran capital y gobernar con opción por los pobres, son sus palabras, nada más las repetimos y confiamos en que sabrá rectificar y llevar esta nave a puerto seguro.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) tan cuestionada en las últimas semanas debido al aumento exagerado de las tarifas, también anunció la apertura de centenares de plazas para unirse al esfuerzo de otras instituciones gubernamentales para generar empleos. Desde luego, se necesitan miles, pero al menos se marcha en el camino correcto. El Ministerio de Educación también contratará más profesores y personal técnico para la apertura de escuelas y el Programa Nacional de Alfabetización, que tenemos entendido iniciará este año. Postergarlo sería dañino para los propósitos de lograr un desarrollo armónico y con amplia proyección social.
Si en la estructura o en el tejido social de la nación todavía existen trabas que impidan avanzar hacia una sociedad equitativa, solidaria y participativa, los diputados del FMLN deben someter proyectos a la Asamblea Legislativa para contar con nuevas y modernas normas jurídicas aplicadas con éxito en otros países, para perfeccionar la programación del sector público, precisamente como instrumento para la dirección de la economía en beneficio de los intereses nacionales. Esto en alguna medida sería como tomarle la palabra o salir adelante a lo expresado por las gremiales empresariales de favorecer una distribución equitativa de la riqueza nacional. Es decir, no sólo una pírrica participación en las ganancias o bonos anuales, sino una dieta sustancial equivalente al valor de una vivienda, el valor de la educación, el vestido y la alimentación anual del grupo familiar.
Estos “beneficios” no obedecen a consignas ni prédicas “comunistas” como responden o replican los reaccionarios y signados por la avaricia y la codicia, sino que son llamados permanentes hechos por la misma iglesia y claramente estipulados en ese que millones de personas en el mundo conocen como “La Biblia”. El trabajo bien remunerado, la búsqueda de la reconciliación, de la paz y la armonía social, únicamente se logran en una sociedad con el bien común, la solidaridad y el humanismo cristiano o científico, el apellido es lo de menos, lo importante son los resultados. Si un gobierno se guía por estos postulados ciertamente está más cerca de “Dios que del diablo”, para citar las reiteradas prédicas religiosas. En el plano concreto y de las realidades, el régimen actual, calificado de “izquierda” debe poner atención a los planes ya mencionados, pero también a una reforma administrativa, como una forma efectiva y segura de instrumentar los programas de desarrollo.
El sistema unitario en la salud pública (integración más que coordinación del Seguro Social con Salud Pública y Asistencia Social, más el área de salud militar), el avance en la Reforma Educativa, el sector agrícola y la Banca de Fomento y Desarrollo, deben estar respaldados por una legislación adecuada que agilice los trámites y las gestiones, porque actualmente se aduce que la ley LACAP o como se llame, las dependencias de control de las finanzas ministeriales o unidades de contratación y compras, y hasta “persecuciones fiscales desde Hacienda” constituyen trabas burocráticas. No se trata de extender “cheques en blanco” a los funcionarios; pero sí de hacer más viables y menos engorrosos los proyectos por ejecutarse, entendiendo que van encaminados a favorecer a la población más vulnerable.
El mismo anuncio de fortalecer financieramente al Banco Hipotecario y la puesta en marcha de la banca de fomento e inversión, no deben retrasarse más (“En la demora está el peligro”, gusta de expresar el presidente de Ecuador Rafael Correa, citando a uno de sus próceres) y, por el contrario, pensar en dirigir mejor el crédito hacia las actividades productivas, en especial hacia el campo y a los medianos y pequeños productores. Desde luego, no deben estar excluidas las medidas de estímulo a la industria y a la exportación. Estos sectores, con todo, siempre han sido favorecidos y ampliamente apoyados con toda clase de incentivos por los regímenes areneros. No se trata de revanchas o negarles colaboración; pero debe hacerse desde un plano de igualdad de oportunidades sin privilegios de ninguna naturaleza. El mensaje debe quedar claro para las “cúpulas” empresariales, ahora que “hablan de dignificación y de distribución equitativa de los ingresos”. Si son sinceros en sus expresiones, las mismas realidades se encargarán de demostrarlo. El gobierno de ser el garante de tales ofertas.
Los programas para el desarrollo social deben convertirse en la guía y motor de este gobierno: si al final de la administración se ha logrado un 60% de las promesas, al menos en seguridad social, educación y vivienda, el FMLN puede estar seguro de ganar un segundo mandato para, ahora sí, profundizar en las reformas estructurales, en el anhelado cambio de modelo económico, así como en una profunda Reforma Educativa, Agraria y de Salud. En el presente debe buscarse un desarrollo que genere empleos, reduzca los precios y combata drásticamente la delincuencia, que incremente el ingreso, lo distribuya mejor, que corrija desequilibrios sectoriales y nacionales, fomente el mercado interno, genere ocupación, logre eficiencia, que nos permita ser más competitivos en el exterior, reduzca el ritmo de endeudamiento, algo muy difícil por la severa crisis que nos golpea, y, sobre todo, tenga continuidad en el progreso.
Para ello, en nuestra particular opinión, será necesario reforzar enormemente la acción del sector público y lograr coherencia ideológica y operativa en el gobierno. Es decir, evitar enfrentamientos estériles del presidente con dirigentes del partido FMLN, hasta hoy actuando con paciencia, tolerancia y mucha ética partidaria. Aquí está la clave. Da la impresión de un angustioso llamado y de un firme propósito de enfrentarse a las fisuras que se advierten dentro del propio sector público. El gran objetivo debe ser no descansar hasta destruir la urdimbre de intereses que frenan el desarrollo como nación y país; y estos (intereses, pues) no se encuentran en el interior del partido de gobierno, ni tampoco deberían buscarse en la propia figura del mandatario, sino en la mezquina posición de los “grandes empresarios” y los monopolios extranjeros siempre atentos a velar por sus millonarios ingresos y en ningún momento a buscar equidad y desarrollo compartido en la sociedad. El protestar y amenazar con retirar sus inversiones o disminuir plazas en sus empresas porque la Asamblea Legislativa aprueba una ley para eliminar el pago de la cuota de la telefonía fija, por cierto una de las mayores de Centro América, ilustra su avaricia y su afán de enriquecimiento.
Lo reiteramos: para ello se necesita redoblar acciones y revisar tesis. Suena bien la frase “una economía hecha por todos y para todos” y “hoy es preciso poner el capital al servicio de la nación entera”. O “distribuir la riqueza en forma equitativa”. Pero cuáles son las realidades que padecemos. Los empresarios privados serán siempre eso, negociantes y su conducta estará regida por el afán del lucro. Nosotros creemos que el sector público tiene la fuerza y la capacidad para dirigir efectivamente la economía en beneficio popular. El sector público, lo reiteramos, tiene que robustecerse, soldar fisuras y actuar con unidad. No hay otra salida. Qué dice señor presidente ¿le entramos? Para ello debe actuarse con firmeza, rechazar las presiones y los chantajes del gran capital y gobernar con opción por los pobres, son sus palabras, nada más las repetimos y confiamos en que sabrá rectificar y llevar esta nave a puerto seguro.
1 comentarios:
Lo que a mi me gustaria saber es si los nuevos empleados de ANDA y otras dependencias serán personas normales comunes y corrientes o si serán, como siempre ha sido familiares y/o amigos de ciro zepeda, por ejemplo...
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