Somos un pueblo de “míreme pero no me toques”, complejo, contradictorio, unas veces politizado, otras pragmático y tantas otras sensiblero. Si todo lo que se está viviendo aquí no fuera tan dramáticamente o trágicamente exigente, ciertas manifestaciones de prominentes representantes gubernamentales provocarían grandes regocijos, alegrías o quizás congojas. Estos, que caracteriza tanto a un momento social y político, es lo que no trasciende al exterior aunque en el interior el peligro es llegar hasta la consagración.
Ocurre especialmente en el ámbito de la cultura, en la educación y en la Universidad que, no es la primera ni la última vez, ha sido tomada o invadida por un grupo de “estudiantes” de un anacronismo casi teatral: se los imaginan representando a Anastasio Aquino y sus gladiadores en su lucha contra los opresores criollos, ya están encapuchados (la misma añoranza por los años de la guerra de los periodistas jóvenes, sobre todo de la televisión, que se visten con chalecos especiales, sólo les falta el casco y las botas) y únicamente requieren machetes en lugar de palos y piedras.
Es interesante, además, escuchar algunas expresiones sueltas tanto del Rector como de altos funcionarios de Seguridad Pública. Los medios cumpliendo con una “apretada” agenda, las han recogido. Es una lástima que no se puedan transmitir las entrelíneas por las que los periodistas hacen circular su opinión sobre el asunto, pero de algo servirá reproducir las fórmulas concretas con que estos “intelectuales” interpretan la hora que vive el país y la misión a ellos encomendada. Todos son políticos y seguidores de una consigna: el respeto a los derechos humanos, a las normas de convivencia y, por supuesto, a las leyes de la república.
El que inauguró esta especie de ordalía lingüística fue el Rector Rufino Quezada, quien acusó a las máximas autoridades de Seguridad Pública de “no intervenir para expulsar a los revoltosos”. Agregó que también el Fiscal General de la República no está asumiendo sus responsabilidades y lo exhortó a autorizar la intervención de la Policía Nacional Civil. En una de sus últimas declaraciones dijo que se reuniría con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, para demandar la actuación de las instituciones correspondientes en el cierre de la Universidad de El Salvador.
Días antes una anciana legisladora de Arena, Milena Calderón, en representación de su grupo parlamentario, había presentado una pieza de correspondencia para autorizar la intervención de la PNC y el desalojo de los “estudiantes”. En tanto, el Fiscal se excusó de las peticiones de las autoridades universitarias y alegó en su favor no “actuar legalmente por desconocer el rostro y la identidad de los ocupantes”. Mientras, el Ministro de Seguridad y el director de la policía, le pidieron al rector “dialogar con los estudiantes” y resolver el problema de forma pacífica. Todas las declaraciones causaron estupor y no faltaron los “analistas” quienes calificaron de disparates las recomendaciones o propuestas de unos y otros.
Como el problema parece no tener solución, el Consejo Superior Universitario, al menos hasta el sábado 13 de marzo del año en curso, tomó la “sabia” decisión de iniciar las labores universitarias en pleno exilio. ¿Estarán cumpliendo la sagrada misión de Hacia la libertad por la Cultura? Para ellos, significa apegarse al reglamento y estructurar un aparato defensivo de la moral y las buenas costumbres. Ceder, retroceder estratégicamente y dejar en manos de “los revoltosos” las instalaciones universitarias. Dentro del mismo orden de conceptos, de tales autoridades es la siguiente ampliación conceptual del sentido de la “misión” académica: “Hechos de fuerza, ponen en peligro al ser nacional y el derecho a la educación que nosotros defendemos”.
Para poner orden en una Universidad complicada, con cerca de 50 mil estudiantes inscriptos y 4 mil docentes y empleados, estas formulaciones son claras y aparecen como programáticas: es decir, se ciñen a un plan docente universitario. El mismo rector se ha encargado de darles forma al proclamar que “se están perdiendo 150 mil dólares diarios por no continuar las actividades académicas, de investigación científica, alimenticias y sueldos caídos”. En el ámbito universitario, fundamento de la cultura, la misión de la alta autoridad se presenta para luchar por el rescate del espíritu, que significa rescatar todo, desde los bienes materiales, hasta los intangibles y llegar hasta el hombre integral, como ciertamente pregonaba el Justicialismo, esgrimido por Juan Domingo Perón, en la Argentina.
Hace algunos años cuando era frecuente la toma de la universidad por huestes militares: los coroneles y generales justificaban tales atrocidades con las frases de “Estamos procediendo conforme a la ley para garantizar el orden y el derecho a la educación de todos los salvadoreños”. Es decir, estos señores ingresaban “por la fuerza de las armas” a restaurar el orden, el mismo que por otros cauces fue destrozado cuando se separó a la filosofía de la teología. Casi nada, como se puede ver, tanto que ni vale la pena comentarlo so pena de caer en discusiones positivistas del tipo “si Dios existe me gustaría verle la cara”. Así fue desde lejanos tiempos de las invasiones y conquistas de los españoles quienes en nombre del orden, de la religión y de la civilización, arrasaban con todo. Muerte, dolor y luto. El cirio y el garrote acompañaron siempre esas “conquistas para la corona española.
En fin, puede entenderse la perplejidad que ha causado un lenguaje como éste en un medio que se jacta de su alto nivel intelectual, con un desarrollo editorial aceptable, con un nivel de politización universitaria fuera de lo común, hasta con varios premios internacionales por su trabajo de investigación, sobre todo en el área de biología y especies menores, se ven invadidos por esta jerga que por lo menos los descoloca y, en la medida en que los que la emplean encarnan de alguna manera al Estado, los debe hacer sentir irreales, como en esa película de Buñuel (La vía láctea) en el que de pronto, surgiendo de la vida normal, tienen lugar ceremonias inquisitoriales que parecen poseer una lógica y un sentido. Pesadilla que no tiene el menor aspecto de querer acabar aunque se pueda fácilmente ridiculizar ese lenguaje medievalista de la Universidad.
En serio, hay algunas muestras de ese afianzamiento, pero cuesta abandonar el ámbito universitario agobiado por esta ignominia. El problema de “la toma” no se resolverá desalojando por la fuerza a los “estudiantes”, tampoco abandonando las instalaciones y reanudando las actividades académicas “en el exilio”. La solución pasa por integrar rápidamente una comisión de diálogo con representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, padres de familia, representantes de los “estudiantes” y autoridades del Consejo Superior Universitario. Una vez establecida la agenda “sin condiciones” previas o “camisas de fuerza”, se discuten tanto las peticiones de unos, como los argumentos en contra. Si las soluciones pasan por refuerzo presupuestario, espacios académicos y más profesores, entonces se solicitan a las instituciones correspondientes, Educación o Asamblea Legislativa. Si estos jóvenes en realidad desean ingresar a una facultad, ya en plena labor educativa deberán demostrar con sus notas y su rendimiento académico que sus “acciones de hecho” estaban plenamente justificadas. Si no son capaces de rendir y superar la mínima nota exigida por la Universidad, ellos mismos tendrán que abandonar sus estudios superiores y buscar alternativas para ser sujetos productivos en la sociedad.
No se trata de humillarlos si no cumplen con sus tareas educativas; si a la satisfacción de sus mandantes se les conceden moderados premios: después de todo, dentro de la moral que ellos mismos formulan, el sacrificio y la resignación deberían ser suficientes recompensas. Los hechos de prepotencia, la descalificación a priori, el juzgar por simpleza no conducen a nada. Los intelectuales, los docentes, los que manejan la palabra, el idioma, están más en la obligación que cualquier mortal, de inducir al diálogo, de buscar maneras civilizadas de llegar a acuerdos. Así se hizo para poner fin al conflicto armado y en el camino estamos aprendiendo a dirimir en paz, no siempre correctos, nuestras diferencias.
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