En reiterados comentarios hemos insistido en la necesidad de la intervención del Estado, para regular el mercado y no dejarlo a expensas de la iniciativa privada, pues la tradicional libertad de empresa, premisa básica del modelo neoliberal, abusa de los consumidores, primero al provocar necesidades mediante una publicidad subliminal y despiadada, y luego al imponer precios altísimos por artículos suntuarios y productos alimenticios. Esto se da en sociedades como la nuestra donde no existe una vigilancia estricta, tanto en calidad como en costos y a lo sumo se llevan a conciliación algunos casos o se sancionan otros con multas risibles.
Como los directamente afectados son los consumidores, la población, pues, el gobierno está en la obligación de fijar reglas y leyes claras para eliminar esta distorsión en el mercado. Nosotros vimos con agrado el anuncio oficial de la creación de una especie de Instituto Regulador de Abastecimientos, no para competir con la insaciable burguesía, sino para facilitar a los salvadoreños la adquisición de productos alimenticios (leche, frijoles, maíz, aceite, arroz, azúcar, etc.,) a precios cómodos que les permitan “estirar” el salario mínimo. La sola mención de una medida como la citada, rápidamente provocó la reacción y los ataques de las cúpulas empresariales, pues ellos se consideran los únicos responsables y capaces para dirigir y administrar el mercado, distribuir e imponer precios a los diversos productos.
La regulación de ciertos precios en el mercado (medicinas, productos alimenticios, fertilizantes y semillas, sobre todo) no es una medida del gusto de los “grandes” empresarios, pues están acostumbrados a establecer costos y que “sea la competencia la encargada de establecer la regulación”. En un país como el nuestro donde existe demasiada concentración de la riqueza en pocas manos, inequidad absoluta en el modelo económico, desempleo exorbitante, migración poblacional constante y bajísimos salarios, la intervención “moderada” del Estado, debe considerarse como un principio vital: la defensa de las mayorías poblacionales.
En la Semana Santa, recién concluida, fuimos testigos del ofensivo aumento de precios en los artículos de consumo básico. No vimos en ningún establecimiento comercial, ni en los mercados, la presencia de delegados del Ministerio de Economía, ni de la Defensoría del Consumidor. Ellos “brillaron por su ausencia” y los salvadoreños tuvieron que aceptar los altos costos pues al igual que el aire y el agua, los alimentos son indispensables para la existencia humana. Las señoras locatarias justificaban los aumentos por el “periodo de vacación”. Únicamente. Ni siquiera hacían mención de la estación seca que escasea cosechas y vuelve desértica la tierra.
Si bien las tormentas desatadas en nuestro horizonte son de muy distinta índole, la vorágine de la delincuencia por ejemplo, no podemos ignorar lo poco que se hace para controlar los precios e impedir a las poderosas fuerzas económicas continuar con esa danza macabra de aumentar cada semana los costos de distintos artículos. Ya nos acostumbramos a ese vaivén de precios de la gasolina y de todos los productos derivados del petróleo; pero es insólito que la población no vea la luz al final del túnel con los alimentos o las medicinas. Por cierto, la Ley de Medicamentos todavía “descansa” en los archivos de la Asamblea Legislativa y los señores diputados todavía siguen esperando “las ofertas” provenientes de los laboratorios nacionales y de los importadores de medicinas éticas.
En ese río revuelto como siempre obtendrán jugosas ganancias los especuladores, los comerciantes del sudor y las necesidades ajenas. El gobierno debe adelantarse a todo tipo de presiones y de una vez por todas comprometerse con los ideales de justicia y de compromiso asumido con las mayorías poblacionales. Así como se han tenido diversas y amplias reuniones con diversos sectores para lograr la aprobación de otras leyes e iniciativas, en el caso particular de los medicamentos y de regulación de precios de productos esenciales para la canasta básica, también debe consultarse a los sectores populares, a las asociaciones e instituciones que siempre han velado por la protección a las familias más vulnerables.
No es cosa de ahora, pero régimen que ha pretendido mantenerse fiel al anacrónico ideal de un liberalismo basado en la idea de que tratar igual a desiguales es hacer justicia, es gobierno expuesto a fuertes críticas, a acres comentarios, a desaires, a estallidos de inconformidad por todo y a un deterioro político, económico y social que no puede significar, como algunos empresarios cuya fortuna es, casi tan grande como su torpeza y su ceguera política, pudieran esperar, sino el caos, la anarquía y más. Lo hemos comprobado recientemente cuando el Ejecutivo no quiso sancionar el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa al eliminar el cargo por acceso a la telefonía fija. La población lamentó y fustigó la decisión presidencial. Los únicos agradecidos fueron los millonarios propietarios de las transnacionales del teléfono fijo y celular.
Lo reiteramos, el gobierno debe acentuar su intervención en la actividad económica, aun a riesgo de presiones poderosas y dificultades de diverso orden o RENUNCIA A SU PRINCIPALISISMO DEBER: el de procurar la prosperidad de la nación. Ya lo hemos dicho: en este país no se puede esperar solidaridad ni humanismo de parte de los oligarcas, tampoco consideraciones de ninguna naturaleza por parte de los monopolios y las transnacionales. El único respaldo que la población encuentra o debería de tener, es del gobierno elegido precisamente para concretar sus anhelos, sus ansias de libertad, soberanía e independencia.
Como los directamente afectados son los consumidores, la población, pues, el gobierno está en la obligación de fijar reglas y leyes claras para eliminar esta distorsión en el mercado. Nosotros vimos con agrado el anuncio oficial de la creación de una especie de Instituto Regulador de Abastecimientos, no para competir con la insaciable burguesía, sino para facilitar a los salvadoreños la adquisición de productos alimenticios (leche, frijoles, maíz, aceite, arroz, azúcar, etc.,) a precios cómodos que les permitan “estirar” el salario mínimo. La sola mención de una medida como la citada, rápidamente provocó la reacción y los ataques de las cúpulas empresariales, pues ellos se consideran los únicos responsables y capaces para dirigir y administrar el mercado, distribuir e imponer precios a los diversos productos.
La regulación de ciertos precios en el mercado (medicinas, productos alimenticios, fertilizantes y semillas, sobre todo) no es una medida del gusto de los “grandes” empresarios, pues están acostumbrados a establecer costos y que “sea la competencia la encargada de establecer la regulación”. En un país como el nuestro donde existe demasiada concentración de la riqueza en pocas manos, inequidad absoluta en el modelo económico, desempleo exorbitante, migración poblacional constante y bajísimos salarios, la intervención “moderada” del Estado, debe considerarse como un principio vital: la defensa de las mayorías poblacionales.
En la Semana Santa, recién concluida, fuimos testigos del ofensivo aumento de precios en los artículos de consumo básico. No vimos en ningún establecimiento comercial, ni en los mercados, la presencia de delegados del Ministerio de Economía, ni de la Defensoría del Consumidor. Ellos “brillaron por su ausencia” y los salvadoreños tuvieron que aceptar los altos costos pues al igual que el aire y el agua, los alimentos son indispensables para la existencia humana. Las señoras locatarias justificaban los aumentos por el “periodo de vacación”. Únicamente. Ni siquiera hacían mención de la estación seca que escasea cosechas y vuelve desértica la tierra.
Si bien las tormentas desatadas en nuestro horizonte son de muy distinta índole, la vorágine de la delincuencia por ejemplo, no podemos ignorar lo poco que se hace para controlar los precios e impedir a las poderosas fuerzas económicas continuar con esa danza macabra de aumentar cada semana los costos de distintos artículos. Ya nos acostumbramos a ese vaivén de precios de la gasolina y de todos los productos derivados del petróleo; pero es insólito que la población no vea la luz al final del túnel con los alimentos o las medicinas. Por cierto, la Ley de Medicamentos todavía “descansa” en los archivos de la Asamblea Legislativa y los señores diputados todavía siguen esperando “las ofertas” provenientes de los laboratorios nacionales y de los importadores de medicinas éticas.
En ese río revuelto como siempre obtendrán jugosas ganancias los especuladores, los comerciantes del sudor y las necesidades ajenas. El gobierno debe adelantarse a todo tipo de presiones y de una vez por todas comprometerse con los ideales de justicia y de compromiso asumido con las mayorías poblacionales. Así como se han tenido diversas y amplias reuniones con diversos sectores para lograr la aprobación de otras leyes e iniciativas, en el caso particular de los medicamentos y de regulación de precios de productos esenciales para la canasta básica, también debe consultarse a los sectores populares, a las asociaciones e instituciones que siempre han velado por la protección a las familias más vulnerables.
No es cosa de ahora, pero régimen que ha pretendido mantenerse fiel al anacrónico ideal de un liberalismo basado en la idea de que tratar igual a desiguales es hacer justicia, es gobierno expuesto a fuertes críticas, a acres comentarios, a desaires, a estallidos de inconformidad por todo y a un deterioro político, económico y social que no puede significar, como algunos empresarios cuya fortuna es, casi tan grande como su torpeza y su ceguera política, pudieran esperar, sino el caos, la anarquía y más. Lo hemos comprobado recientemente cuando el Ejecutivo no quiso sancionar el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa al eliminar el cargo por acceso a la telefonía fija. La población lamentó y fustigó la decisión presidencial. Los únicos agradecidos fueron los millonarios propietarios de las transnacionales del teléfono fijo y celular.
Lo reiteramos, el gobierno debe acentuar su intervención en la actividad económica, aun a riesgo de presiones poderosas y dificultades de diverso orden o RENUNCIA A SU PRINCIPALISISMO DEBER: el de procurar la prosperidad de la nación. Ya lo hemos dicho: en este país no se puede esperar solidaridad ni humanismo de parte de los oligarcas, tampoco consideraciones de ninguna naturaleza por parte de los monopolios y las transnacionales. El único respaldo que la población encuentra o debería de tener, es del gobierno elegido precisamente para concretar sus anhelos, sus ansias de libertad, soberanía e independencia.
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