Las prehistóricas cúpulas empresariales

En un hecho verdaderamente despreciable, las cúpulas empresariales se pronunciaron en contra de las reformas a la ley del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), aduciendo el peligro de dejar en manos de un partido político el control territorial y personal de los ciudadanos, al tiempo de urgir al presidente de la república a vetar el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, pedido (¿será pura coincidencia?) formulado días antes por el representante de la oligarquía al frente de Arena, Alfredo Cristiani.

Es una “intervención” penosa e hipócrita por cuanto desde la creación del RNPN el presidente de la institución ha sido nombrado por Arena, además del control absoluto del Tribunal Supremo Electoral, por aquello de la sumatoria de los magistrados sumisos y apéndices del partido en los sucesivos gobiernos areneros. El mal no radica en un caso aislado, ocurre en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General de la República, en la Corte de Cuentas y cuantos organismos supuestamente de control y fiscalización existen en el Estado.

En 20 años de infames gestiones de Arena, las cúpulas empresariales JAMÁS se pronunciaron en contra del control autoritario ejercido en el RNPN, así como en la anarquía de la entrega del DUI, en la manipulación de la base de datos y el Padrón Electoral hecho antes, durante y después de las elecciones para diputados, concejos municipales o presidenciales en el mismo seno del Tribunal Supremo Electoral. Mientras los representantes de la oligarquía estuvieron al frente de todas estas instituciones, TODO MARCHABA BIEN y no había queja alguna para protestar en cuanto todo lo ejecutado servía para “conservar la democracia y las libertades”.

Días antes que el nuevo gobierno asumiera la primera magistratura del país, los diputados de la derecha legislativa aprobaron un decreto “urgente” para quitar al representante del ejecutivo de la potestad de elegir al presidente del RNPN y dejar tal atribución en manos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde como siempre priva la suma aritmética de la mayoría derechista, pues el Partido de Conciliación Nacional en clara violación constitucional sigue manteniendo un magistrado. Este hecho “pasó inadvertido” por las cúpulas empresariales en cuanto también favorecía sus perversos propósitos, como ha quedado plenamente demostrado con sus más recientes declaraciones y pronunciamientos públicos.

Mientras priven los intereses particulares sobre el bien colectivo el país no podrá avanzar, desarrollarse ni progresar. En otras naciones, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son abogados con edades superiores a los 50 años, con experiencia en la aplicación de las leyes, pues otro de los requisitos es haber ejercido como jueces al menos diez años, con honradez e instrucción notoria, sin militancia en partidos políticos y con autonomía reconocida respecto a las decisiones de los restantes poderes del Estado. Lo mismo ocurre con el nombramiento del Presidente de la Corte de Cuentas o el Fiscal General de la República. Esto garantiza una absoluta independencia y legitimidad para el ejercicio del cargo.

En nuestro país, sin embargo, todas estas instituciones se han prostituido en cuanto son otorgadas por “razones políticas” y de “conveniencia”. Un caso para ilustrar fue el escenificado por el presidente de la Corte de Cuentas, al declarar públicamente “haber entregado finiquito” al ex presidente de la república, Antonio Elías Saca, quien ha sido señalado hasta por sus mismos ex compañeros del partido Arena, de haberse “apropiado” de más de 200 millones de dólares en sus últimos meses de gestión pública. Sobre esto ¿se pronunció la ANEP, la Cámara de Comercio o la Asociación Salvadoreña de Industriales? Por supuesto que no.

Y podríamos seguir con muchos ejemplos más, pues sólo en los últimos veinte años durante los infames regímenes areneros, se cometieron estafas millonarias, se robó descaradamente y la evasión, la elusión fiscal y el contrabando era cosa de todos los días. Se sabe de cantidad de furgones llenos de mercadería y electrodomésticos que diariamente ingresaban por las aduanas terrestres y no cancelaban los impuestos correspondientes. Sobre ello ¿se pronunciaron las cúpulas empresariales? El crimen organizado también aumentó a la sombra o la luz de la tolerancia y complicidad de los gobiernos areneros. Pero como se estaban preservando las libertades públicas y la democracia, todo marchaba sobre ruedas y era potestad de las autoridades su control y el cumplimiento de las leyes, por supuesto jamás ejercido (el control) o castigado (por las leyes).

Las cúpulas empresariales saben que el actual gobierno “no atentará” contra los abusos constantes de la llamada “iniciativa privada”, que sus cacareadas “libertades públicas” y la “democracia representativa” no corren ningún peligro; que tampoco de “perseguirá a los corruptos”; sin embargo, no son capaces de aceptar mínimas y superficiales reformas a determinadas leyes como a la Penal Juvenil o a la del Registro Nacional de las Personas Naturales, porque en el fondo su lucha es contra el FMLN, el que consideran todavía dominado por corrientes “comunistas” y cuyos dirigentes “aspiran a la implantación del Socialismo del Siglo XXI” o copiar el modelo de gobierno actualmente imperante en Venezuela.

Es muy difícil conciliar o llegar a “pactos” o arreglos con empresarios tan reaccionarios y cavernícolas. Personas que todavía viven ancladas en la prehistoria y siguen pensando en mantener sus privilegios, sus millonarias ganancias y sus siervos en las haciendas y sus esclavos en las fábricas. Épocas feudales y el esclavismo todavía latente en mentes anquilosadas, retrasadas e ignorantes.