6.4.10

No está en peligro la libertad de expresión

Los “grandes” empresarios de los medios de difusión intentan una vez más suprimir el espíritu crítico del lector, del pueblo salvadoreño, al tratar de convencer por medio de comentarios de “analistas”, de noticias distorsionadas o notas editoriales, que en el ambiente está latente el deseo de “controlar la libertad de prensa y de expresión”, con reformas a la Ley de las Comunicaciones. Como siempre encabeza el “show” el patético dinosaurio de el diario de hoy.

No nos cansaremos de repetirlo: el periodismo ejercido por el diario de hoy no informa ni orienta, simplemente distorsiona, calumnia y es totalmente parcial a los intereses del gran capital. En sus editoriales clama por el derecho de la población a estar debidamente informada, a saber la verdad; pero en la práctica se contradice porque “la única verdad” es la dicha o permitida por su director, quien no conoce de ética ni de responsabilidad periodística cuando se trata de atacar o calumniar a una institución, persona natural o jurídica, que piense distinto o pertenezca a una opción política contraria a sus propias creencias.

A una funcionaria judicial que en el pleno ejercicio de sus deberes y facultades, cumpliendo estrictamente con el mandato de la Constitución, salió en defensa del espíritu de las leyes, que claramente prohíbe publicar fotografías y el nombre completo de jóvenes menores de 18 años que hayan cometido un delito, se “le vino encima” toda la prensa, acusándola de “proteger a delincuentes” y de “atacar la libertad de prensa”. Ni lo uno ni lo otro. La jueza se limitó a cumplir con sus responsabilidades y atribuciones, como claramente lo han dejado establecido reconocidos juristas y abogados de la república.

Los medios de publicidad en este país deben tener en cuenta que para fortalecer la misma libertad de prensa y de expresión, confundida por ellos por la libertad de la pauta publicitaria, es necesario conocer a fondo las leyes y que es obligatorio su acatamiento. Las sociedades se gobiernan por leyes, cosa distinta es que tantas veces ni el mismo gobierno ni las instancias judiciales son lo suficientemente eficaces para divulgarlas. La prensa no está por encima de códigos, leyes o la Constitución. Si bien los ciudadanos de cualquier sociedad necesitan estar informados, ello no quiere decir que se les obligue a aceptar como bueno, justo y necesario todo lo impreso, o dicho por la radio o la televisión.

Las leyes deberían mantenerse en vigor por el respeto y el acatamiento de las mismas no sólo por los ciudadanos, sino también por las instituciones públicas y privadas. El respeto a las leyes o a la misma libertad de expresión tan defendida y clamada por los medios de publicidad, debe ir más allá del hecho de urgir su aprobación y su cumplimiento. La observancia realmente efectiva de la ley depende de la ayuda que presten los ciudadanos a las autoridades de justicia para descubrir los casos de violación de dicha ley para detener a los transgresores. La prensa con sus informaciones en alguna medida contribuye a este postulado; pero jamás debe transgredir la ley para cumplir con su labor, como ciertamente ocurrió en el caso comentado al publicar la fotografía y el nombre de un menor de edad.

La democracia supone que cada lector sea libre para escoger y no esté condicionado por comentarios i informaciones amañadas o distorsionadas. Está bien que un medio asuma una línea editorial e informativa contraria a un gobierno. Es su pleno derecho. No compartimos tampoco el eufemismo de “una crítica constructiva”, porque es difícil determinar el carácter constructivo de la oposición. Tampoco el control político de un régimen puede ser la solución a la crítica; en El Salvador, al menos en las actuales circunstancias, no se están presentando leyes o dando indicios para “controlar” a los medios de difusión, en el fondo se busca crear antagonismos y acentuar la supuesta división entre el FMLN y el titular del ejecutivo. Es una agenda perversa actualizada permanentemente por los propietarios de los medios de publicidad, ciertos políticos y sectores económicos del país.

En términos generales, la libertad es ante todo una prerrogativa que el periodista debe poder invocar a favor de su libre expresión. Este es un derecho concedido por las leyes y la Constitución de la República. Y claramente, en los tiempos presentes, la libertad está dejando de ser un bien esencial para pasar a ser más bien un deber fundamental impuesto al periodista y que constituye una de las ramas fundamentales de la ética profesional. Un propietario de un medio de difusión puede invocar o defender este principio; pero también tiene deberes y obligaciones, así como derechos por cumplir, entre ellos la veracidad, la imparcialidad y, en suma, la ética periodística.

Hablamos de los propietarios, pues son los que en primera instancia salen a la palestra cuando por una u otra forma se habla de la necesidad de regular el ejercicio periodístico. Como ya lo hemos señalado en otros comentarios, el periodista no es completamente libre. Su situación es ambigua, pues, por un lado, es hombre de pluma y por otra parte es un asalariado al servicio de una empresa, esto desde luego, limita su libertad. Además, en el espectro más amplio, el periodista es un ciudadano sujeto a una serie de deberes para con su país, lo que igualmente, limita su libertad. Los grandes medios también están limitados y obligados a cumplir una serie de normativas, impuestas por las mismas leyes y por sus códigos personales de conducta.

Lamentablemente no contamos con leyes de acceso y transparencia de la información, ni mucho menos con códigos de honor. Por cierto la libertad constituye una de las bases fundamentales de dichos códigos. Un hombre de prensa no puede renunciar a toda su libertad, bajo riesgo de perder su nobleza, con la que perdería el derecho de ser periodista en el sentido pleno de la palabra. En lo particular defendemos el derecho a la libertad de expresión, pero sujeta a normas y leyes y no simplemente al capricho o la terquedad de personas atrapadas en la prehistoria, como el caso concreto del dinosaurio director de el diario de hoy.

Es completamente válida la independencia de los medios de difusión. La prensa no debe limitarse a ser un instrumento del gobierno. No puede constituirse en vocero de la política gubernamental, ni debe depender financieramente de un régimen. El diario de hoy, lamentablemente, arrastra con ese penoso lastre de ser un verdadero vocero u órgano de propaganda del partido Arena. Esta situación desde hace tiempo lo quitó la mínima independencia y credibilidad que tenía, puesto que el público conocía de la oposición que su fundador había tenido ante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. En los años posteriores este medio en particular a estado ligado y sometido a los intereses del gran capital.

En síntesis, los medios deben guardar distancia e independencia respecto al gobierno y los grupos de presión. En la democracia liberal, se debe ofrecer al público el conjunto de posibilidades sujetas a elección. En otras palabras, el lector, el ciudadano, debe tener la posibilidad de escoger por sí solo, la solución que prefiere, de entre una gama de propuestas ofrecidas. En cambio en la democracia popular, se propone al público una solución dada y éste no tiene sino que adherirse a la solución escogida por elementos clarividentes. El diario de hoy se confunde en sus postulados, ni chiche ni limonada, simplemente porque en el fondo lo que pretende es una jugosa pauta publicitaria, la plena libertad para injuriar y distorsionar los hechos. Nada más.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

MEJOR NO LO PUDIIERON ESCRIBIR. UN APLAUSO DE MI PARTE.
UN PAIS SIN LIBRE EXPRESIÓN EN UN PAIS CADAVER, PERO UN PAIS SIN LEYES RESPETADAS Y REPETABLES ES LA JUNGLA.
FELICIDADES.

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