18.6.10

El derecho al garrote del alcalde Quijano

Entra en hervor la crisis de los métodos policiales, de fuerza y prepotencia para desalojar a los vendedores informales de las calles y avenidas céntricas y periféricas de la capital salvadoreña. No se trata olímpicamente de retirar ventas, destruir improvisadas tiendas y colocar agentes municipales en lugares anteriormente ocupados, para declarar a los cuatro vientos que la situación está controlada y que la ciudad paulatinamente está recuperando el orden, la seguridad y la limpieza. No es tan fácil ni “tan humano” como ha quedado demostrado.

El desempleo, el alto costo de la vida, el deterioro de la convivencia social, afecta a todos los salvadoreños. Las demandas de los “informales” no han sido debidamente resueltas por las autoridades municipales. El reunirse y firmar documentos para decir que se han habilitado espacios en los sótanos del mercado central es nada más un “alivio parcial”, insuficiente y sólo para un sector de vendedores en cierto modo “privilegiado” si tomamos en cuenta la gran cantidad de ventas ambulantes o estacionarias en el centro histórico de San Salvador.

Por otra parte, la explosión de la crisis ha modificado radicalmente el panorama de las tensas relaciones entre la alcaldía capitalina y los vendedores “informales” y, además, las supuestas soluciones ya pactadas entre las partes. La clásica sumisión política de las asociaciones de vendedores a cambio, en el mejor de los casos, de ciertos magros logros dentro de “economismo” imprevisor, así como de una tentativa estabilidad en los puestos dentro de los mercados, está ya desprestigiada y son consideradas dádivas y soluciones a medias por parte de vendedores más conscientes.

Y empieza a tomar cuerpo la preocupación generalizada por la angustiosa situación de estos vendedores (as) no sindicalizados, huérfanos de toda protección legal, pues hay familias por socorrer, hijos, hermanos, padres, abuelos, por alimentar. Esta desesperante situación caracteriza a miles de salvadoreños honrados que nada más buscan el sustento diario, por no encontrar un trabajo distinto o no haber tenido la oportunidad de alcanzar una carrera técnica o profesional. Muchos, deshumanizados lamentablemente, apoyan las medidas de fuerza y lo que llaman “limpieza y ordenamiento” de la capital; pero las mayorías esperan, mientras escuchan las demagógicas y prepotentes declaraciones del alcalde Quijano, una definición y una solución sensata y concreta a un agudo problema social.

¿Seguiremos rindiendo culto a la divinizada libertad de comercio que permite a los grandes pulpos concentrar su poder económico, mientras los llamados “informales” se debaten entre el miedo permanente, la inestabilidad y la miseria? En este lamentable caso, todo pesimismo parece razonable. Todos comprendemos las dificultades de las mayorías poblacionales para contar con un salario o pequeños ingresos diarios, sabemos de las angustias de miles de familias al no contar con el alimento para sus hijos, situación que se complica cuando no hay dinero para comprar medicinas y curar la enfermedad de un ser querido. Dichosos los que todavía tienen acceso gratis a la seguridad social y más los potentados que pueden disponer de cualquier cantidad de dólares para pagar un consulta con un especialista aquí o en el extranjero y comprar los medicamentos recetados.

El señor alcalde “siempre está dispuesto a dialogar” y a “cooperar con promesas que a nada lo comprometen; pero a no tolerar la menor limitación a su situación privilegiada. Se cree el dueño absoluto de la razón, no admite discrepancias, tampoco asume compromisos de carácter humano. Viene de un partido autoritario, vertical, donde muy poco o nada se consulta a los afectados. Es de los que apoyan la tesis “hamiltoniana” de crear la riqueza, aunque se concentre en pocas manos, que ya después rebasará fatalmente esa limitación para beneficiar a todos los salvadoreños. Las cúpulas empresariales, los grandes comerciantes, quieren calles limpias de vendedores, necesitan vender más en tiempos de crisis, en esta misma medida ¿habrán pensado en soluciones integrales para esos pequeños comerciantes, en la necesidad de sus núcleos familiares, en el grave problema de desempleo del país? No, ni les interesa.

Si la alcaldía quiere encontrarle una solución integral a semejante problema social, debe emitir ordenanzas y apoyarse en decretos de la Asamblea Legislativa, para imponer multas o sancionar a las personas que compren en las calles, al mismo tiempo garantizar puestos aseados, seguros, amplios, bien ventilados en el interior de los mercados u otros edificios acondicionados para que los vendedores “informales” puedan competir en iguales condiciones con sus semejantes. Si antes no se han adoptado tales medidas, resulta grosero e inhumano golpearlos con garrotes y sacarlos de las calles. Una política de derechos humanos JAMAS le daría la razón en tales circunstancias a las autoridades municipales.

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