En los próximos años habrá hambruna a nivel mundial y escasez de agua, al menos es lo vaticinado por organismos especializados como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, y confirmado por una serie de factores como el cambio climático, el deterioro ambiental y el abandono de la agricultura en muchos países del mundo. El mercantilismo, la avaricia y los modelos implantados que privilegian las importaciones de productos esenciales para el consumo humano, también influyen en este triste panorama para muchas naciones.
En El Salvador por más de veinte años se abandonó la agricultura, como una política deliberada de los cuatro gobiernos areneros para privilegiar las importaciones de toda clase de alimentos, desde los lácteos, pasando por la carne, hasta los cereales y las verduras. De productores a gran escala de maíz, frijoles, sorgo y arroz pasamos a ser dependientes de las importaciones y de los precios impuestos por los grandes comerciantes y, por supuesto de los intermediarios y acaparadores.
La situación de los pequeños agricultores, de los cerealeros, del campesino salvadoreño, marginado permanentemente del ritmo de evolución sostenido, ha sido lamentable: han vivido en la injusticia y únicamente han sido tomados en cuenta a la hora de medir el caudal de votos para elecciones de alcaldes, diputados o presidentes de la república. Los reaccionarios de esta sociedad, lejos de buscar su promoción humana y encontrar caminos para su liberación definitiva, los han calificado de “haraganes” y “acomodados”, “poco dispuestos al trabajo” y únicamente viviendo de las remesas enviadas por sus familiares de los Estados Unidos.
La gran verdad, lo cierto, es que los campesinos han sido tratados como “salvadoreños de segunda clase” y permanece, persiste, como un problema básico que no hemos sido capaces ya no digamos de solucionar sino siquiera de atenuar en sus negativas consecuencias y en la inadmisible injusticia, signo deprimente de nuestra vida nacional. Nunca hemos aceptado la puesta en marcha de una auténtica Reforma Agraria y siempre les hemos negado el acceso a la propiedad de la tierra. Las comunas o cooperativas han sido cuestionadas por el poder económico y calificadas como “instrumentos” de los comunistas para incentivar la “lucha de clases” e instaurar un modelo “ajeno a nuestra democracia y libertades públicas”.
Se han realizado en el pasado intentos tibios para impulsar Reformas Agrarias pero siempre faltó continuidad en el propósito y limpieza en el procedimiento. De una forma breve digamos que encontró posibilidades en los años 80 con la instauración de la Junta Revolucionaria de Gobierno; pero fue cortada de tajo por la oligarquía terrateniente y los militares sumisos a su mandato. Hombres claros en la idea como Enrique Álvarez Córdova, fueron asesinados por el único “delito” de intentar la liberación del hombre del campo y hacer justicia con los campesinos salvadoreños.
A la par de múltiples traiciones a proyectos de liberación, con los ataques despiadados al sector reformado y cooperativista, se cultivó el mito de la industrialización con franquicias, subsidios y toda clase de protecciones y complicidades gubernamentales se aplazaron las soluciones revolucionarias en materia agraria. Es hasta la presente administración, debemos decirlo con honestidad, que se está agilizando la entrega de títulos de propiedad de parcelas agrícolas, se reparten insumos y se aprueban créditos bancarios a pequeños y medianos productores. Digamos que el gobierno del FMLN intenta reparar ese prolongado olvido y se habla de una reivindicación rural como de un requerimiento primario en el esfuerzo de armonizar el proceso del desarrollo salvadoreño volviendo los ojos al campo donde el campesino de nuestros días sigue siendo, en la realidad, el peón esclavizado, hambriento y analfabeto de los peores días de la dictadura martinista.
La naturaleza de las cooperativas, su inverosímil burocratización, su permanente sumisión a los oportunismos políticos –nunca en desacuerdo con la línea gubernamental, sea ésta del color que sea—no permiten asociarnos a la esperanza de que esa concentración de membretes, sólo operantes en las manifestaciones de respaldo y en la tarea de controlar y no de representar a obreros y campesinos resulte un instrumento eficaz para conseguir la hasta hoy inalcanzable solución del más hondo y más nutrido de injusticias de los grandes problemas nacionales. No hacemos una crítica desleal o sin sentido al sistema cooperativo, como permanentemente lo hacen los reaccionarios, únicamente tratamos de señalar ciertos errores que han impedido su natural despegue y su completa autonomía para ser gestores de su propio destino.
Una vez más reiteramos que la unidad debe ser un instrumento y no finalidad en sí misma. Por eso, una unificación en el conformismo, en la negación de toda lucha y de toda línea política clasista, debe registrarse como un paso negativo si, como la unidad, no se sanea al mismo tiempo el ambiente y se rectifica la tradición de esas federaciones cooperativistas tan burocratizadas, tan sumisas y tan ajenas al interés del campesino de nuestro país. Ojalá nos equivoquemos y, por el contrario, sean agentes eminentemente productivos y ejemplos de honestidad, lealtad y justicia social para sus propios intereses y, en general, para la nación.
En El Salvador por más de veinte años se abandonó la agricultura, como una política deliberada de los cuatro gobiernos areneros para privilegiar las importaciones de toda clase de alimentos, desde los lácteos, pasando por la carne, hasta los cereales y las verduras. De productores a gran escala de maíz, frijoles, sorgo y arroz pasamos a ser dependientes de las importaciones y de los precios impuestos por los grandes comerciantes y, por supuesto de los intermediarios y acaparadores.
La situación de los pequeños agricultores, de los cerealeros, del campesino salvadoreño, marginado permanentemente del ritmo de evolución sostenido, ha sido lamentable: han vivido en la injusticia y únicamente han sido tomados en cuenta a la hora de medir el caudal de votos para elecciones de alcaldes, diputados o presidentes de la república. Los reaccionarios de esta sociedad, lejos de buscar su promoción humana y encontrar caminos para su liberación definitiva, los han calificado de “haraganes” y “acomodados”, “poco dispuestos al trabajo” y únicamente viviendo de las remesas enviadas por sus familiares de los Estados Unidos.
La gran verdad, lo cierto, es que los campesinos han sido tratados como “salvadoreños de segunda clase” y permanece, persiste, como un problema básico que no hemos sido capaces ya no digamos de solucionar sino siquiera de atenuar en sus negativas consecuencias y en la inadmisible injusticia, signo deprimente de nuestra vida nacional. Nunca hemos aceptado la puesta en marcha de una auténtica Reforma Agraria y siempre les hemos negado el acceso a la propiedad de la tierra. Las comunas o cooperativas han sido cuestionadas por el poder económico y calificadas como “instrumentos” de los comunistas para incentivar la “lucha de clases” e instaurar un modelo “ajeno a nuestra democracia y libertades públicas”.
Se han realizado en el pasado intentos tibios para impulsar Reformas Agrarias pero siempre faltó continuidad en el propósito y limpieza en el procedimiento. De una forma breve digamos que encontró posibilidades en los años 80 con la instauración de la Junta Revolucionaria de Gobierno; pero fue cortada de tajo por la oligarquía terrateniente y los militares sumisos a su mandato. Hombres claros en la idea como Enrique Álvarez Córdova, fueron asesinados por el único “delito” de intentar la liberación del hombre del campo y hacer justicia con los campesinos salvadoreños.
A la par de múltiples traiciones a proyectos de liberación, con los ataques despiadados al sector reformado y cooperativista, se cultivó el mito de la industrialización con franquicias, subsidios y toda clase de protecciones y complicidades gubernamentales se aplazaron las soluciones revolucionarias en materia agraria. Es hasta la presente administración, debemos decirlo con honestidad, que se está agilizando la entrega de títulos de propiedad de parcelas agrícolas, se reparten insumos y se aprueban créditos bancarios a pequeños y medianos productores. Digamos que el gobierno del FMLN intenta reparar ese prolongado olvido y se habla de una reivindicación rural como de un requerimiento primario en el esfuerzo de armonizar el proceso del desarrollo salvadoreño volviendo los ojos al campo donde el campesino de nuestros días sigue siendo, en la realidad, el peón esclavizado, hambriento y analfabeto de los peores días de la dictadura martinista.
La naturaleza de las cooperativas, su inverosímil burocratización, su permanente sumisión a los oportunismos políticos –nunca en desacuerdo con la línea gubernamental, sea ésta del color que sea—no permiten asociarnos a la esperanza de que esa concentración de membretes, sólo operantes en las manifestaciones de respaldo y en la tarea de controlar y no de representar a obreros y campesinos resulte un instrumento eficaz para conseguir la hasta hoy inalcanzable solución del más hondo y más nutrido de injusticias de los grandes problemas nacionales. No hacemos una crítica desleal o sin sentido al sistema cooperativo, como permanentemente lo hacen los reaccionarios, únicamente tratamos de señalar ciertos errores que han impedido su natural despegue y su completa autonomía para ser gestores de su propio destino.
Una vez más reiteramos que la unidad debe ser un instrumento y no finalidad en sí misma. Por eso, una unificación en el conformismo, en la negación de toda lucha y de toda línea política clasista, debe registrarse como un paso negativo si, como la unidad, no se sanea al mismo tiempo el ambiente y se rectifica la tradición de esas federaciones cooperativistas tan burocratizadas, tan sumisas y tan ajenas al interés del campesino de nuestro país. Ojalá nos equivoquemos y, por el contrario, sean agentes eminentemente productivos y ejemplos de honestidad, lealtad y justicia social para sus propios intereses y, en general, para la nación.
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