Es complicado impulsar reformas por muy tibias que sean en este país: la oligarquía se ha acostumbrado por largos años a administrar y dirigir los destinos de El Salvador. Las primeras reacciones y ataques contra el actual gobierno se produjeron en las palabras iniciales del discurso de toma de posesión, cuando el presidente Funes denunció el saqueo del Estado por los cuatro regímenes areneros, además de anunciar que su gobierno tendría como “guía” el pensamiento y las enseñanzas del arzobispo mártir monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Posteriormente vendrían las reacciones negativas, de clarísima advertencia y amenaza por la puesta en marcha de una reforma (revisión la calificamos nosotros) fiscal. Después las cúpulas empresariales reaccionaron por leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, sobre todo el proyecto de eliminar el cobro por acceso a la telefonía fija y otras medidas contra la voracidad de los consorcios internacionales. Bueno ¿y qué los alarma? Porque contra la oligarquía, la abusiva penetración de monopolios extranjeros y el deporte de prestar el nombre, ha habido alusiones, regaños enérgicos y paremos de contar. Y es más: en seguida del llamado de atención se pronuncia algún alto funcionario, sobre todo del gabinete económico, para decir que el gobierno considera positiva la inversión extranjera “en la medida que respete nuestras leyes”.
Sin embargo, el periódico ese conocido por ser el vocero oficial de Arena y quién sabe cuántas cosas más, el diario de hoy, sigue soltando sus andanadas: sigue afirmando que las medidas anunciadas por el gobierno, entre ellas el proyecto de Ley de Medicamentos, la Reforma de Salud, la incorporación del servicio doméstico a la seguridad social, así como modificaciones al sistema de telefonía celular, pueden “matar a la gallina de los huevos de oro”. Esta aberración es sólo aparente: cuando se considera que las modificaciones al modelo de operación de las empresas impiden en efecto que la tal gallina siga empollando y entre en agonía, su muerte eventual perjudica, no al país que rescató parte de la dignidad y fondos en concepto de impuestos, sino al que se la saqueaba.
¿Cómo es posible, entonces, que a pesar de las reiteraciones del mandatario, en el sentido de que no tiene interés en perjudicar la operación de las empresas extranjeras, así como el desempeño de las nacionales, le envíen al gobierno tan feroces amenazas? Las telefónicas han reiterado “sus ofertas” de retirar sus inversiones y eliminar puestos de trabajo si el Ejecutivo sanciona las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa sobre cobro del segundo exacto, vigencia del saldo de tarjetas para llamadas por celular y la portabilidad numérica; en igual condición se encuentran las transnacionales mineras que han demandado al Estado por más de 100 millones de dólares, así como la demanda puesta por la corrupta empresa británica Mabey & Johnson Ltd contra el Ministerio de Obras Públicas.
Por extraño que le parezca a unos cuantos, no es nada difícil que estas escandalizadas reacciones sean la consecuencia de informaciones que nosotros desconocemos. No sería de ninguna manera la primera vez que los consorcios internacionales y sus testaferros resultaran mejor informados que lo salvadoreños afectados. ¿Por qué? Piénsese, tan sólo, en la riquísima información que sobre la vida económica del país posee, digamos, la Embajada norteamericana o la Cámara de Comercio de ese país en El Salvador y con ella, precisamente por su importancia, el conocimiento anticipado de no pocas decisiones oficiales.
Si seguimos por este camino, comienza a explicarse la alarma: vendría a decir que el presidente Funes ha percibido que a nuestro subdesarrollo económico le falta algo; y que ese algo es un poco de justicia social. Lo cual implicaría, además, que siente repugnancia (o quizás no) a tomar el camino que sería el más grato para cierto tipo de inversionistas extranjeros: el de la mano dura, pues como en el caso de la Ley contra las Pandillas, copiamos mucho de las anteriores administraciones areneras. El que, en gracia al desarrollo económico injusto, mediatiza obreros en sindicatos y bueno hasta reprime con violencia el trabajo digno de mujeres de los mercados, como ciertamente está ocurriendo con el troglodita alcalde Quijano..
Objetivamente, podemos afirmar, lo estamos viendo todos los días, nadie puede demostrar que el actual gobierno haya lesionado de alguna manera intereses particulares y mucho menos las inversiones extranjeras. No sabemos, por cierto, las modificaciones hechas por el Ministerio de Trabajo a la operación de las empresas maquileras; conocemos eso sí del cierre de varias, la explotación de las mujeres y la no cancelación de salarios caídos; tampoco sabemos en que punto se encuentran los tratos con los monopolios extranjeros importadores de petróleo y el refinamiento del mismo: si han aumentado los impuestos o se mantienen los enormes márgenes de ganancia. Lo mismo podríamos decir de la evasión y la elusión fiscal, pues ya no se volvió a tocar el tema y tanto las empresas nacionales como extranjeras siguen contando con visto bueno del régimen.
Con todo, deben pararse los abusos de las internacionales de la corrupción como las compañías mineras que, ver para creer, ahora se sienten estafadas y han puesto una demanda millonaria en tribunales internacionales contra el Estado salvadoreño, así como la empresa británica Mabey & Johnson Lta, y desde luego los monopolios de la telefonía fija y celular que han encontrado campo abierto y seguro para continuar lucrándose de la ingenuidad de los salvadoreños, desde luego con la complicidad del régimen. Todo esto, evidentemente, podría ser un motivo de alarma para quienes consideran que los “derechos” de las transnacionales son violados por cualquier actitud de sano nacionalismo. Lo cual nos hace manifestar nuestra extrañeza: llevan los litigios a tribunales internacionales; pero los empresarios de aquí, a los que aparentemente perjudica la insana competencia no sólo no han protestado, sino que la mayoría ha aplaudido y apoya tales vicios en nombre del “libre mercado”, de la democracia, de la estabilidad económica y de las libertades públicas.
Posteriormente vendrían las reacciones negativas, de clarísima advertencia y amenaza por la puesta en marcha de una reforma (revisión la calificamos nosotros) fiscal. Después las cúpulas empresariales reaccionaron por leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, sobre todo el proyecto de eliminar el cobro por acceso a la telefonía fija y otras medidas contra la voracidad de los consorcios internacionales. Bueno ¿y qué los alarma? Porque contra la oligarquía, la abusiva penetración de monopolios extranjeros y el deporte de prestar el nombre, ha habido alusiones, regaños enérgicos y paremos de contar. Y es más: en seguida del llamado de atención se pronuncia algún alto funcionario, sobre todo del gabinete económico, para decir que el gobierno considera positiva la inversión extranjera “en la medida que respete nuestras leyes”.
Sin embargo, el periódico ese conocido por ser el vocero oficial de Arena y quién sabe cuántas cosas más, el diario de hoy, sigue soltando sus andanadas: sigue afirmando que las medidas anunciadas por el gobierno, entre ellas el proyecto de Ley de Medicamentos, la Reforma de Salud, la incorporación del servicio doméstico a la seguridad social, así como modificaciones al sistema de telefonía celular, pueden “matar a la gallina de los huevos de oro”. Esta aberración es sólo aparente: cuando se considera que las modificaciones al modelo de operación de las empresas impiden en efecto que la tal gallina siga empollando y entre en agonía, su muerte eventual perjudica, no al país que rescató parte de la dignidad y fondos en concepto de impuestos, sino al que se la saqueaba.
¿Cómo es posible, entonces, que a pesar de las reiteraciones del mandatario, en el sentido de que no tiene interés en perjudicar la operación de las empresas extranjeras, así como el desempeño de las nacionales, le envíen al gobierno tan feroces amenazas? Las telefónicas han reiterado “sus ofertas” de retirar sus inversiones y eliminar puestos de trabajo si el Ejecutivo sanciona las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa sobre cobro del segundo exacto, vigencia del saldo de tarjetas para llamadas por celular y la portabilidad numérica; en igual condición se encuentran las transnacionales mineras que han demandado al Estado por más de 100 millones de dólares, así como la demanda puesta por la corrupta empresa británica Mabey & Johnson Ltd contra el Ministerio de Obras Públicas.
Por extraño que le parezca a unos cuantos, no es nada difícil que estas escandalizadas reacciones sean la consecuencia de informaciones que nosotros desconocemos. No sería de ninguna manera la primera vez que los consorcios internacionales y sus testaferros resultaran mejor informados que lo salvadoreños afectados. ¿Por qué? Piénsese, tan sólo, en la riquísima información que sobre la vida económica del país posee, digamos, la Embajada norteamericana o la Cámara de Comercio de ese país en El Salvador y con ella, precisamente por su importancia, el conocimiento anticipado de no pocas decisiones oficiales.
Si seguimos por este camino, comienza a explicarse la alarma: vendría a decir que el presidente Funes ha percibido que a nuestro subdesarrollo económico le falta algo; y que ese algo es un poco de justicia social. Lo cual implicaría, además, que siente repugnancia (o quizás no) a tomar el camino que sería el más grato para cierto tipo de inversionistas extranjeros: el de la mano dura, pues como en el caso de la Ley contra las Pandillas, copiamos mucho de las anteriores administraciones areneras. El que, en gracia al desarrollo económico injusto, mediatiza obreros en sindicatos y bueno hasta reprime con violencia el trabajo digno de mujeres de los mercados, como ciertamente está ocurriendo con el troglodita alcalde Quijano..
Objetivamente, podemos afirmar, lo estamos viendo todos los días, nadie puede demostrar que el actual gobierno haya lesionado de alguna manera intereses particulares y mucho menos las inversiones extranjeras. No sabemos, por cierto, las modificaciones hechas por el Ministerio de Trabajo a la operación de las empresas maquileras; conocemos eso sí del cierre de varias, la explotación de las mujeres y la no cancelación de salarios caídos; tampoco sabemos en que punto se encuentran los tratos con los monopolios extranjeros importadores de petróleo y el refinamiento del mismo: si han aumentado los impuestos o se mantienen los enormes márgenes de ganancia. Lo mismo podríamos decir de la evasión y la elusión fiscal, pues ya no se volvió a tocar el tema y tanto las empresas nacionales como extranjeras siguen contando con visto bueno del régimen.
Con todo, deben pararse los abusos de las internacionales de la corrupción como las compañías mineras que, ver para creer, ahora se sienten estafadas y han puesto una demanda millonaria en tribunales internacionales contra el Estado salvadoreño, así como la empresa británica Mabey & Johnson Lta, y desde luego los monopolios de la telefonía fija y celular que han encontrado campo abierto y seguro para continuar lucrándose de la ingenuidad de los salvadoreños, desde luego con la complicidad del régimen. Todo esto, evidentemente, podría ser un motivo de alarma para quienes consideran que los “derechos” de las transnacionales son violados por cualquier actitud de sano nacionalismo. Lo cual nos hace manifestar nuestra extrañeza: llevan los litigios a tribunales internacionales; pero los empresarios de aquí, a los que aparentemente perjudica la insana competencia no sólo no han protestado, sino que la mayoría ha aplaudido y apoya tales vicios en nombre del “libre mercado”, de la democracia, de la estabilidad económica y de las libertades públicas.
1 comentarios:
PURGA EN EL FMLN
LEA LA EDICION DEL DIARIO EL MUNDO DE HOY
ALTO A LA REPRESION EFEMELENISTA!!!!
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