Los cooperativistas han celebrado su día y un importante Congreso para evaluar su trabajo y definir rumbo para los siguientes años. Al igual que los obreros han pedido al gobierno un mayor protagonismo hacia sus sectores y un mejoramiento de los ingresos de las mayorías poblacionales, el perdido equilibrio entre precios y salarios, incluso emplazando paros y huelgas tanto en el ámbito público como en el privado. Se habla de cierta preocupación en algunas empresas con las cuales los sindicatos mantienen convenios de trabajo. La preocupación de una anunciada estabilidad ha causado inusitada alarma y preocupación en el Ministerio de Trabajo.
Con todo muy pocas veces en la historia del sindicalismo y el cooperativismo podrán coincidir circunstancias tan claras para hacer oportuno e insustituible el reto de avanzar hacia estadios superiores de dos sectores claves del país. En cierto modo, se está aprovechando la coyuntura de un gobierno protector del restablecimiento de ese equilibrio y se le brinda un apoyo razonado de las mayorías del país, basado en algo más que en los slogans reiterados en la campaña electoral. El régimen de Funes lo reafirmó en recientes reuniones con las cúpulas empresariales y con la alta dirigencia del partido en extinción llamado Arena.
Asimismo, ha proclamado la necesidad de trabajar por la unidad, la reconciliación y de un reparto justo del ingreso nacional, algo que por cierto es el reclamo unánime de la población, por cuanto sienten que se mantiene intacto el modelo neoliberal, a pesar de ciertos cambios en el aumento a la inversión social, al ajuste del aparato estatal y en el aspecto de recaudación fiscal. Los sectores obrero y cooperativista han ofrecido la valiosa oportunidad de llevar a los hechos, las proclamaciones verbales. Quisiéramos entender que esta no es una maniobra de líderes avezados en la demagogia oportunista, sino una demanda de necesidad política y económica de El Salvador de hoy, con un gobierno distinto, rumbo y requerimientos distintos.
Al menos así lo hemos palpado con el ajuste de salarios a los burócratas, al sector obrero y la incorporación del servicio doméstico al régimen del Seguro Social. El mandatario si bien tiene pendientes varias asignaturas (combate frontal contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, actuación más firme contra los monopolios de las telefónicas, los laboratorios farmacéuticos y las empresas distribuidoras de energía eléctrica y de derivados del petróleo, por ejemplo) ha puesto cierto orden en la propia casa con la apertura a la inscripción sin trabas de sindicatos y asociaciones, así como una apertura absoluta a la concertación y el dialogo con distintos sectores.
Más ciega de lo que suponen sus más acérrimos enemigos estarán las organizaciones patronales de nuestro país si no advierte que esta demanda de mayor apertura con sus trabajadores y de alza de salarios es impostergable por razones no sólo de justicia social, sino hasta de salud pública pues, de otra manera, el fantasma de la anarquía y la disolución social inevitable cobrarían, en ellos sus primeras víctimas. Ya lo vimos en el pasado reciente con el conflicto armado motivado en gran parte por la infame desigualdad en la sociedad, la injusticia social, pues, la prepotencia y el autoritarismo de la oligarquía y de su aparato de represión y dominación, la fuerza armada, pues.
Por ello creemos que no se llegará, salvo excepciones de terquedad empresarial aislada a permanentes huelgas. Por el contrario, los arreglos oportunos y una comprensión mayor de los difíciles momentos de crisis, harán cumplir la legislación en materia de trabajo, como bien lo señaló la titular del Ministerio de Trabajo. La gran cuestión, sin embargo, quedará en pie si los instrumentos de autoridad del gobierno no impiden, efectivamente, que esos aumentos alcanzados ya por burócratas y obreros, se nulifiquen al recargarlos en los precios de los víveres y de los servicios públicos indispensables. Todo el mérito de una necesaria como lógica definición política, vendría a ser sólo el cimiento de peligrosas decepciones.
Hoy como nunca antes, el presidente de la república debe apoyarse en la población para defender los intereses vitales de los sectores más débiles del país. A este respecto debe exigir a las autoridades del Ministerio de Economía mayor protagonismo para vigilar los precios de los productos de primera necesidad y de los servicios esenciales, pues en la actualidad hasta las verduras se han ido con sus costos “hasta las nubes”; si por el régimen de lluvias se anuncia escasez de frijoles y de maíz, deben tomarse desde ya medidas anticipadas para combatir a los especuladores y a los comerciantes sin escrúpulos. El régimen debe regular el mercado e intervenir cuando sea de interés vital para la población.
Con todo muy pocas veces en la historia del sindicalismo y el cooperativismo podrán coincidir circunstancias tan claras para hacer oportuno e insustituible el reto de avanzar hacia estadios superiores de dos sectores claves del país. En cierto modo, se está aprovechando la coyuntura de un gobierno protector del restablecimiento de ese equilibrio y se le brinda un apoyo razonado de las mayorías del país, basado en algo más que en los slogans reiterados en la campaña electoral. El régimen de Funes lo reafirmó en recientes reuniones con las cúpulas empresariales y con la alta dirigencia del partido en extinción llamado Arena.
Asimismo, ha proclamado la necesidad de trabajar por la unidad, la reconciliación y de un reparto justo del ingreso nacional, algo que por cierto es el reclamo unánime de la población, por cuanto sienten que se mantiene intacto el modelo neoliberal, a pesar de ciertos cambios en el aumento a la inversión social, al ajuste del aparato estatal y en el aspecto de recaudación fiscal. Los sectores obrero y cooperativista han ofrecido la valiosa oportunidad de llevar a los hechos, las proclamaciones verbales. Quisiéramos entender que esta no es una maniobra de líderes avezados en la demagogia oportunista, sino una demanda de necesidad política y económica de El Salvador de hoy, con un gobierno distinto, rumbo y requerimientos distintos.
Al menos así lo hemos palpado con el ajuste de salarios a los burócratas, al sector obrero y la incorporación del servicio doméstico al régimen del Seguro Social. El mandatario si bien tiene pendientes varias asignaturas (combate frontal contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, actuación más firme contra los monopolios de las telefónicas, los laboratorios farmacéuticos y las empresas distribuidoras de energía eléctrica y de derivados del petróleo, por ejemplo) ha puesto cierto orden en la propia casa con la apertura a la inscripción sin trabas de sindicatos y asociaciones, así como una apertura absoluta a la concertación y el dialogo con distintos sectores.
Más ciega de lo que suponen sus más acérrimos enemigos estarán las organizaciones patronales de nuestro país si no advierte que esta demanda de mayor apertura con sus trabajadores y de alza de salarios es impostergable por razones no sólo de justicia social, sino hasta de salud pública pues, de otra manera, el fantasma de la anarquía y la disolución social inevitable cobrarían, en ellos sus primeras víctimas. Ya lo vimos en el pasado reciente con el conflicto armado motivado en gran parte por la infame desigualdad en la sociedad, la injusticia social, pues, la prepotencia y el autoritarismo de la oligarquía y de su aparato de represión y dominación, la fuerza armada, pues.
Por ello creemos que no se llegará, salvo excepciones de terquedad empresarial aislada a permanentes huelgas. Por el contrario, los arreglos oportunos y una comprensión mayor de los difíciles momentos de crisis, harán cumplir la legislación en materia de trabajo, como bien lo señaló la titular del Ministerio de Trabajo. La gran cuestión, sin embargo, quedará en pie si los instrumentos de autoridad del gobierno no impiden, efectivamente, que esos aumentos alcanzados ya por burócratas y obreros, se nulifiquen al recargarlos en los precios de los víveres y de los servicios públicos indispensables. Todo el mérito de una necesaria como lógica definición política, vendría a ser sólo el cimiento de peligrosas decepciones.
Hoy como nunca antes, el presidente de la república debe apoyarse en la población para defender los intereses vitales de los sectores más débiles del país. A este respecto debe exigir a las autoridades del Ministerio de Economía mayor protagonismo para vigilar los precios de los productos de primera necesidad y de los servicios esenciales, pues en la actualidad hasta las verduras se han ido con sus costos “hasta las nubes”; si por el régimen de lluvias se anuncia escasez de frijoles y de maíz, deben tomarse desde ya medidas anticipadas para combatir a los especuladores y a los comerciantes sin escrúpulos. El régimen debe regular el mercado e intervenir cuando sea de interés vital para la población.
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