El Salvador no alcanzará un desarrollo económico sostenido, equilibrado, mientras persistan actitudes mezquinas y toda clase de oposición política a las tibias medidas emprendidas por el gobierno, como fue hace unos meses las reformas fiscales que buscaban cerrar brechas a la evasión, al contrabando y también a las licitaciones amañadas, tan de moda durante los regímenes areneros.
En la actualidad hay una férrea campaña contra la declaración patrimonial al aducir los más ricos de este país (por supuesto ellos no salen a la palestra y envían a lacayos y testaferros) que estarían expuestos a secuestros, asaltos y extorsiones por parte de los pandilleros. Estos caballeros medievales no quieren pagar los enormes gastos en seguridad hechos por el gobierno central y como es usual en ellos quieren que los paguen los de menos ingresos en el país.
En otros países, Colombia es un claro ejemplo, se cobran altos impuestos a las empresas y personas naturales de ingresos anuales superiores a los 300 mil dólares, dineros utilizados por el gobierno para sus operaciones contra la delincuencia, el crimen organizado y entendemos también para combatir a los insurgentes. Lo mismo por los grandes bienes materiales (terrenos, carros de lujo, lanchas, fincas de recreo, etc.,) Ese “pacto fiscal” hecho por el entonces mandatario Álvaro Uribe y los “grandes” empresarios, no tuvo mayor oposición pues entendieron que al final todos saldrían ganando pues se trataba de encontrar la paz y la seguridad social para todos los colombianos.
En El Salvador ya hace tiempo no tenemos estabilidad política ni armonía social. El conflicto armado llegó a su final con la firma del Acuerdo de Paz en 1992; pero todavía no se ha logrado la reconciliación debido a una serie de maniobras políticas y jurídicas hechas por el entonces presidente Alfredo Cristiani, entre ellas la aprobación de una amnistía para los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Al no existir el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, no encontramos la verdad y por lo tanto no existe justicia ni perdón. Como las heridas nunca cerraron la sociedad permanece en una especie de limbo.
No se trata sólo de evitar pagar impuestos de acuerdo con los ingresos percibidos, los acaudalados de este país se niegan a apoyar toda pequeña obra de reivindicación social como el aumento al salario de los empleados públicos, la aprobación de la Ley de Medicamentos para garantizar medicinas de calidad y a precios justos a la población, o las reformas integrales de salud y educación. La consigna del partido Arena de crear barreras a todo proyecto de promoción social es también tomada como bandera “de lucha” por las cúpulas empresariales.
La Asociación de Industriales químico-farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR) mantiene una tenaz oposición a la aprobación de la Ley de Medicamentos, acusando al Ministerio de Salud Pública de “irrespetar las leyes y pasar encima de la Constitución”. Los distintos estudios realizados por la Universidad de El Salvador y una sección especializada de la Organización Panamericana de la Salud, han revelado que en nuestro país se venden las medicinas “más caras del mundo”. Es decir, los márgenes de ganancia de laboratorios, importadores de medicamentos y farmacias son enormes.
La lucha, entonces, no es porque se están violando las leyes y vulnerando sus derechos, sino porque con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de dicha ley se estaría poniendo fin al “negocio del siglo”, tal como ocurre con la venta de repuestos para vehículos automotores, fertilizantes, leche en polvo, combustibles y toda clase de artículos suntuarios o productos de consumo alimenticio importados. Si esta clase de “empresarios” tuvieran un mínimo se sensibilidad, si fueran cristianos, como hipócritamente se confiesan, bajarían los precios de las medicinas sin necesidad de la aprobación de una ley.
Sin embargo, no está en la lógica del neoliberalismo, del mercantilismo, obtener ganancias módicas o conformarse con márgenes normales una vez sacados los costos de importación o producción y deducidos todos los impuestos. El capitalismo no trata de eso, sino de excluir de la vida política y económica a las masas trabajadoras, a las mayorías poblacionales. Por cierto si el diario de hoy, como lo hace usualmente cuando se trata de “sacar raja política” o “agredir” informativamente al gobierno, promoviera una encuesta o un sondeo de opinión sobre el tema de las medicinas, estamos seguros que la mayoría de salvadoreños estaría en CONTRA DE LA POSICIÓN DE LA INDUSTRIA QUIMICO-FARMACÉUTICA y a favor de que el Estado regule la importación y la producción nacional de medicinas, así como por el abaratamiento de los medicamentos.
Se dice que al interior de la Asamblea Legislativa “hay distribuidas miles de razones” por las cuales los diputados se abstienen de votar a favor de la Ley de Medicamentos. Es triste y lamentable; pero no existe fuerza legal ni recurso jurídico alguno para desmontar ese enorme negocio que continúa enriqueciendo a los laboratorios químico farmacéuticos, a los importadores y distribuidores de medicinas. El gobierno debe mantenerse en la línea de favorecer a las mayorías poblacionales y no ceder a las presiones de las mafias atrincheradas en la ANEP y en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
En la actualidad hay una férrea campaña contra la declaración patrimonial al aducir los más ricos de este país (por supuesto ellos no salen a la palestra y envían a lacayos y testaferros) que estarían expuestos a secuestros, asaltos y extorsiones por parte de los pandilleros. Estos caballeros medievales no quieren pagar los enormes gastos en seguridad hechos por el gobierno central y como es usual en ellos quieren que los paguen los de menos ingresos en el país.
En otros países, Colombia es un claro ejemplo, se cobran altos impuestos a las empresas y personas naturales de ingresos anuales superiores a los 300 mil dólares, dineros utilizados por el gobierno para sus operaciones contra la delincuencia, el crimen organizado y entendemos también para combatir a los insurgentes. Lo mismo por los grandes bienes materiales (terrenos, carros de lujo, lanchas, fincas de recreo, etc.,) Ese “pacto fiscal” hecho por el entonces mandatario Álvaro Uribe y los “grandes” empresarios, no tuvo mayor oposición pues entendieron que al final todos saldrían ganando pues se trataba de encontrar la paz y la seguridad social para todos los colombianos.
En El Salvador ya hace tiempo no tenemos estabilidad política ni armonía social. El conflicto armado llegó a su final con la firma del Acuerdo de Paz en 1992; pero todavía no se ha logrado la reconciliación debido a una serie de maniobras políticas y jurídicas hechas por el entonces presidente Alfredo Cristiani, entre ellas la aprobación de una amnistía para los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Al no existir el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, no encontramos la verdad y por lo tanto no existe justicia ni perdón. Como las heridas nunca cerraron la sociedad permanece en una especie de limbo.
No se trata sólo de evitar pagar impuestos de acuerdo con los ingresos percibidos, los acaudalados de este país se niegan a apoyar toda pequeña obra de reivindicación social como el aumento al salario de los empleados públicos, la aprobación de la Ley de Medicamentos para garantizar medicinas de calidad y a precios justos a la población, o las reformas integrales de salud y educación. La consigna del partido Arena de crear barreras a todo proyecto de promoción social es también tomada como bandera “de lucha” por las cúpulas empresariales.
La Asociación de Industriales químico-farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR) mantiene una tenaz oposición a la aprobación de la Ley de Medicamentos, acusando al Ministerio de Salud Pública de “irrespetar las leyes y pasar encima de la Constitución”. Los distintos estudios realizados por la Universidad de El Salvador y una sección especializada de la Organización Panamericana de la Salud, han revelado que en nuestro país se venden las medicinas “más caras del mundo”. Es decir, los márgenes de ganancia de laboratorios, importadores de medicamentos y farmacias son enormes.
La lucha, entonces, no es porque se están violando las leyes y vulnerando sus derechos, sino porque con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de dicha ley se estaría poniendo fin al “negocio del siglo”, tal como ocurre con la venta de repuestos para vehículos automotores, fertilizantes, leche en polvo, combustibles y toda clase de artículos suntuarios o productos de consumo alimenticio importados. Si esta clase de “empresarios” tuvieran un mínimo se sensibilidad, si fueran cristianos, como hipócritamente se confiesan, bajarían los precios de las medicinas sin necesidad de la aprobación de una ley.
Sin embargo, no está en la lógica del neoliberalismo, del mercantilismo, obtener ganancias módicas o conformarse con márgenes normales una vez sacados los costos de importación o producción y deducidos todos los impuestos. El capitalismo no trata de eso, sino de excluir de la vida política y económica a las masas trabajadoras, a las mayorías poblacionales. Por cierto si el diario de hoy, como lo hace usualmente cuando se trata de “sacar raja política” o “agredir” informativamente al gobierno, promoviera una encuesta o un sondeo de opinión sobre el tema de las medicinas, estamos seguros que la mayoría de salvadoreños estaría en CONTRA DE LA POSICIÓN DE LA INDUSTRIA QUIMICO-FARMACÉUTICA y a favor de que el Estado regule la importación y la producción nacional de medicinas, así como por el abaratamiento de los medicamentos.
Se dice que al interior de la Asamblea Legislativa “hay distribuidas miles de razones” por las cuales los diputados se abstienen de votar a favor de la Ley de Medicamentos. Es triste y lamentable; pero no existe fuerza legal ni recurso jurídico alguno para desmontar ese enorme negocio que continúa enriqueciendo a los laboratorios químico farmacéuticos, a los importadores y distribuidores de medicinas. El gobierno debe mantenerse en la línea de favorecer a las mayorías poblacionales y no ceder a las presiones de las mafias atrincheradas en la ANEP y en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
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