En estos días cercanos a la Navidad y el Año Nuevo surgen y crecen muchas exigencias salariales entre los obreros y los empleados públicos. La situación económica del país, la vulnerabilidad de miles de familias, ofrece la oportunidad de llevar a los hechos, las proclamaciones verbales. Esta no es una maniobra de dirigentes avezados en la demagogia oportunista. Esta demanda es una necesidad política y económica de El Salvador actual.
Al menos así lo entendió el gobierno al adelantarse a poner el buen ejemplo en su propia casa y aumentar los salarios de los burócratas. Los porcentajes y el aumento gradual han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, con excepción de los diputados del partido Arena, quienes ven en la medida un “asunto electoral”. Más ciega de lo que suponen sus más acérrimos enemigos están las cúpulas empresariales que no advierten o no quieren que esta demanda de alza de salarios es in desdeñable por razones no sólo de justicia social, sino hasta de salud pública pues, de otra manera, el fantasma de la anarquía y la disolución social inevitable cobrarían, en ellos sus primeras víctimas.
Por ello creemos que no se llegará, salvo excepciones de terquedad empresarial aislada, a un desajuste total en las relaciones de la iniciativa privada y el gobierno. Por otra parta, la legislación en materia de trabajo, ya tiene previsto la reunión ordinaria del Consejo del Salario Mínimo para hacer los ajustes salariales previstos en la ley. Desde luego, el mecanismo no habrá de gustar a los que se “mantienen en pie de lucha” y con una campaña mediática triste y deslucida pues sus promotores (los dirigentes del partido Arena) no cuentan con la autoridad moral para descalificar al régimen ni a sus adversarios políticos. El mínimo recuento nos indica que en cuatro periodos, es decir 20 años, no hicieron nada por elevar el nivel de vida de las mayorías poblaciones ni lograr cierta equidad económica en la sociedad salvadoreña.
La gran cuestión, sin embargo, quedará en pie si los instrumentos de autoridad del gobierno no impiden, efectivamente, que esos aumentos alcanzados ya por los burócratas y seguramente logrados muy poco por los trabajadores, se nulifiquen al recargarlos en los precios de los víveres y de los servicios públicos indispensables. El caso de los frijoles es un ejemplo para tener en cuenta. Todo el mérito de la medida de aumentos aprobada desde el gobierno vendría a ser sólo un cimiento de peligrosas decepciones. La iniciativa privada de este país, no toda por supuesto, es ambiciosa, sin escrúpulos y siempre busca sacar lucro o beneficios a costa de los consumidores.
En el país se necesita mucha solidaridad y desprendimiento: no se trata de hacer languidecer a las empresas (creadas para ganar, obtener réditos, como dicen sus economistas); pero sí de ser concientes y evitar los abusos, lo vimos recientemente con el aumento exagerado de la libra de frijoles (llegó a costa $1.50.00 en el mercado) y los precios actuales se mantienen muy arriba de las posibilidades de las amas de casa), del maíz, las papas (la libra cuesta en el mercado $0.60.00) y las verduras. Ojalá el precio del tambo de gas se estabilice y el subsidio alcance de verdad a las familias más necesitadas.
Hoy como nunca ante, el gobierno debe ser el principal abanderado de esta batalla necesaria para defender los intereses vitales de los sectores más débiles de nuestra población. Nunca se ha contado con la solidaridad de los sectores económicamente poderosos, no sólo en momentos de desastres o calamidad nacional, sino en el diario vivir. Esa mezquindad surge de la ambición desmedida, pero tiene su asidero y su origen en el modelo neoliberal, variante del capitalismo salvaje y mercantilista. Por ello cantan a la “democracia” y a las “libertades públicas”, lo que es lo mismo”: el respeto a las reglas del libre mercado, a la regulación propia de la oferta y la demanda, no operando en el caso de las medicinas, de las tarifas eléctricas y telefónicas y en todos los productos esenciales de la canasta básica.
Los trabajadores deben lograr aumentos justos en sus salarios, nosotros esperamos que el arreglo se formalice en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, sin necesidad de acudir a mecanismos de presión como siempre lo ha sido la huelga. Pero lo que importará más --- al fin y al cabo-- es que esos aumentos no resulten pretexto de especulación que sólo favorece a las clases privilegiadas. Lo reiteramos, el gobierno está en la obligación de aplicar las leyes y las sanciones correspondientes para restablecer el equilibrio. Son los abusos, la avaricia y el afán de lucro los que trastornan el mercado y contribuyen a la inflación y hasta la recesión.
Al menos así lo entendió el gobierno al adelantarse a poner el buen ejemplo en su propia casa y aumentar los salarios de los burócratas. Los porcentajes y el aumento gradual han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, con excepción de los diputados del partido Arena, quienes ven en la medida un “asunto electoral”. Más ciega de lo que suponen sus más acérrimos enemigos están las cúpulas empresariales que no advierten o no quieren que esta demanda de alza de salarios es in desdeñable por razones no sólo de justicia social, sino hasta de salud pública pues, de otra manera, el fantasma de la anarquía y la disolución social inevitable cobrarían, en ellos sus primeras víctimas.
Por ello creemos que no se llegará, salvo excepciones de terquedad empresarial aislada, a un desajuste total en las relaciones de la iniciativa privada y el gobierno. Por otra parta, la legislación en materia de trabajo, ya tiene previsto la reunión ordinaria del Consejo del Salario Mínimo para hacer los ajustes salariales previstos en la ley. Desde luego, el mecanismo no habrá de gustar a los que se “mantienen en pie de lucha” y con una campaña mediática triste y deslucida pues sus promotores (los dirigentes del partido Arena) no cuentan con la autoridad moral para descalificar al régimen ni a sus adversarios políticos. El mínimo recuento nos indica que en cuatro periodos, es decir 20 años, no hicieron nada por elevar el nivel de vida de las mayorías poblaciones ni lograr cierta equidad económica en la sociedad salvadoreña.
La gran cuestión, sin embargo, quedará en pie si los instrumentos de autoridad del gobierno no impiden, efectivamente, que esos aumentos alcanzados ya por los burócratas y seguramente logrados muy poco por los trabajadores, se nulifiquen al recargarlos en los precios de los víveres y de los servicios públicos indispensables. El caso de los frijoles es un ejemplo para tener en cuenta. Todo el mérito de la medida de aumentos aprobada desde el gobierno vendría a ser sólo un cimiento de peligrosas decepciones. La iniciativa privada de este país, no toda por supuesto, es ambiciosa, sin escrúpulos y siempre busca sacar lucro o beneficios a costa de los consumidores.
En el país se necesita mucha solidaridad y desprendimiento: no se trata de hacer languidecer a las empresas (creadas para ganar, obtener réditos, como dicen sus economistas); pero sí de ser concientes y evitar los abusos, lo vimos recientemente con el aumento exagerado de la libra de frijoles (llegó a costa $1.50.00 en el mercado) y los precios actuales se mantienen muy arriba de las posibilidades de las amas de casa), del maíz, las papas (la libra cuesta en el mercado $0.60.00) y las verduras. Ojalá el precio del tambo de gas se estabilice y el subsidio alcance de verdad a las familias más necesitadas.
Hoy como nunca ante, el gobierno debe ser el principal abanderado de esta batalla necesaria para defender los intereses vitales de los sectores más débiles de nuestra población. Nunca se ha contado con la solidaridad de los sectores económicamente poderosos, no sólo en momentos de desastres o calamidad nacional, sino en el diario vivir. Esa mezquindad surge de la ambición desmedida, pero tiene su asidero y su origen en el modelo neoliberal, variante del capitalismo salvaje y mercantilista. Por ello cantan a la “democracia” y a las “libertades públicas”, lo que es lo mismo”: el respeto a las reglas del libre mercado, a la regulación propia de la oferta y la demanda, no operando en el caso de las medicinas, de las tarifas eléctricas y telefónicas y en todos los productos esenciales de la canasta básica.
Los trabajadores deben lograr aumentos justos en sus salarios, nosotros esperamos que el arreglo se formalice en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, sin necesidad de acudir a mecanismos de presión como siempre lo ha sido la huelga. Pero lo que importará más --- al fin y al cabo-- es que esos aumentos no resulten pretexto de especulación que sólo favorece a las clases privilegiadas. Lo reiteramos, el gobierno está en la obligación de aplicar las leyes y las sanciones correspondientes para restablecer el equilibrio. Son los abusos, la avaricia y el afán de lucro los que trastornan el mercado y contribuyen a la inflación y hasta la recesión.
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