El aumento de la delincuencia común y la inocultable presencia del crimen organizado en ciertas regiones del país revelan, entre otras realidades de esta hora salvadoreña, la hondura y peligrosidad de la ya crónica crisis en las normas de convivencia nacional, producto de sus propias contradicciones y de la inevitable influencia de las corrientes exteriores, tan diversas e incompatibles, que caracterizan la atmósfera internacional con los desesperados esfuerzos de supervivencia de normas y sistemas en liquidación histórica (el derrumbe mundial del modelo neoliberal, variante del capitalismo salvaje, como lo llamó el papa Juan Pablo II, ya nadie puede ignorar) y los impulsos de una transformación que en mayor o menor grado -- de acuerdo con las peculiaridades económicas, políticas y culturales de cada país-- intente atenuar o eliminar las más notorias y antisociales diferencias en los niveles de vida, tanto entre las naciones como entre los hombres.
Las causas estructurales que han dado origen a la situación de violencia en la sociedad no han sido resueltas y difícilmente se podrán erradicar en cinco o diez años. Es evidente que el arribo de un nuevo gobierno, así como la puesta en marcha de nuevos métodos de represión y prevención contra la delincuencia y el crimen organizado es sólo un primer paso para el manejo político y social del complicado problema. Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de reducirse los índices de criminalidad, la actitud de las máximas autoridades contrasta radicalmente con las experiencias de anteriores gobiernos, basada mucho en la publicidad y en anuncios demagógicos de poner en práctica métodos represivos como la mano dura o la “súper” mano dura. En la medida en que las actuales autoridades sigan una línea de imparcialidad serena y de firme exigencia del cumplimiento de la ley por tirios y troyanos -- y desde luego por los cuerpos policíacos y demás instrumentos represivos-- podemos tener esperanzas razonables de que el grave problema vaya disminuyendo y la sociedad tornando a la normalidad.
Lo deseable es la tranquilidad y las normas de convivencia social, a la espera que disminuya la confrontación verbal y los ataques sin sentido por parte de los inconformes, ubicándose en primera línea a las cúpulas empresariales, temerosas siempre de afrontar reglas o leyes que regulen o equilibren el escenario de sus negocios; desde luego, las campañas mediáticas y las agresiones permanentes no faltarán por parte de dirigentes del partido Arena, pues entienden que sus aspiraciones por retornar al gobierno descansan, primero en el fracaso de las obras y proyectos del actual régimen y, en segundo lugar, en la certeza de sus campañas para mantener desinformada a la población con base en la mentira, en el engaño y el “fracaso” y la “incapacidad” del “gobierno del FMLN”.
Con todo, entendemos que la actitud resentida de los núcleos derechistas con la que pretenden descalificar toda obra gubernamental, es forzosamente transitoria, al menos mientras los beneficios no llegan a los más necesitados. La nula inversión, los precios caros de los productos de primera necesidad, así como de los derivados del petróleo, el aumento de las tarifas eléctricas, es un lujo oneroso que no puede prolongarse indefinidamente. Los comerciantes sin escrúpulos que intentan “boicotear” una decisión política de equilibrar los precios, con el acaparamiento y el alza desmedida de productos como los frijoles, el maíz, la harina y las verduras, muy pronto tendrán que darse cuenta de que están “boicoteándose” a sí mismos y a sus clientes. Su resentimiento adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, porque una oligarquía no acepta franciscanamente que las autoridad que por muchos años fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales.
Si reconocemos tacto y prudencia al mandatario y también a algunos de sus ministros, esperamos que no se alíen con la debilidad ni mucho menos ceder en la energía con la cual debe imponerse el respeto a la ley, y proceder con decretos ejecutivos a normar muchos desajustes en la sociedad salvadoreña. Con la Ley de Medicamentos corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar el decreto y al Órgano Ejecutivo sancionarla, observarla o vetarla. Por ello creemos que bien orientados los propósitos y respaldados con inalterable firmeza, la desesperación y las amenazas siempre latentes en las cúpulas empresariales, pueden convertirse en una útil experiencia para desterrar la confrontación y los ataques viscerales, y manejar con oficio político, los problemas de nuestra difícil convivencia actual.
Lo que sin duda alguna atenuaría la confusión imperante sería terminar con la política de “péndulo”, de querer gobernar con todos y para todos, de buscar aliados en ese nido de ratas llamado GANA, de dar un paso a la izquierda y el siguiente a la derecha. El gobierno debe estar claro en el espacio donde se encuentran sus amigos, sus referentes y sus socios políticos. Están bien los llamados a la unidad para superar muchos desafíos; pero está muy mal pretender llevar al enemigo a nuestros aposentos, supuestamente para encontrar apoyos en la Asamblea Legislativa o quizá repeler de una vez por todas al “enemigo” estratégico. Al pueblo debe de informársele con claridad, en los tiempos precisos. No con falsas expectativas, sino con obras y proyectos de beneficio directo, tanto en el área económica, en la social, la política y la educativa. Así estaremos avanzando a estadios superiores de la anhelada paz y justicia social.
Las causas estructurales que han dado origen a la situación de violencia en la sociedad no han sido resueltas y difícilmente se podrán erradicar en cinco o diez años. Es evidente que el arribo de un nuevo gobierno, así como la puesta en marcha de nuevos métodos de represión y prevención contra la delincuencia y el crimen organizado es sólo un primer paso para el manejo político y social del complicado problema. Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de reducirse los índices de criminalidad, la actitud de las máximas autoridades contrasta radicalmente con las experiencias de anteriores gobiernos, basada mucho en la publicidad y en anuncios demagógicos de poner en práctica métodos represivos como la mano dura o la “súper” mano dura. En la medida en que las actuales autoridades sigan una línea de imparcialidad serena y de firme exigencia del cumplimiento de la ley por tirios y troyanos -- y desde luego por los cuerpos policíacos y demás instrumentos represivos-- podemos tener esperanzas razonables de que el grave problema vaya disminuyendo y la sociedad tornando a la normalidad.
Lo deseable es la tranquilidad y las normas de convivencia social, a la espera que disminuya la confrontación verbal y los ataques sin sentido por parte de los inconformes, ubicándose en primera línea a las cúpulas empresariales, temerosas siempre de afrontar reglas o leyes que regulen o equilibren el escenario de sus negocios; desde luego, las campañas mediáticas y las agresiones permanentes no faltarán por parte de dirigentes del partido Arena, pues entienden que sus aspiraciones por retornar al gobierno descansan, primero en el fracaso de las obras y proyectos del actual régimen y, en segundo lugar, en la certeza de sus campañas para mantener desinformada a la población con base en la mentira, en el engaño y el “fracaso” y la “incapacidad” del “gobierno del FMLN”.
Con todo, entendemos que la actitud resentida de los núcleos derechistas con la que pretenden descalificar toda obra gubernamental, es forzosamente transitoria, al menos mientras los beneficios no llegan a los más necesitados. La nula inversión, los precios caros de los productos de primera necesidad, así como de los derivados del petróleo, el aumento de las tarifas eléctricas, es un lujo oneroso que no puede prolongarse indefinidamente. Los comerciantes sin escrúpulos que intentan “boicotear” una decisión política de equilibrar los precios, con el acaparamiento y el alza desmedida de productos como los frijoles, el maíz, la harina y las verduras, muy pronto tendrán que darse cuenta de que están “boicoteándose” a sí mismos y a sus clientes. Su resentimiento adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, porque una oligarquía no acepta franciscanamente que las autoridad que por muchos años fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales.
Si reconocemos tacto y prudencia al mandatario y también a algunos de sus ministros, esperamos que no se alíen con la debilidad ni mucho menos ceder en la energía con la cual debe imponerse el respeto a la ley, y proceder con decretos ejecutivos a normar muchos desajustes en la sociedad salvadoreña. Con la Ley de Medicamentos corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar el decreto y al Órgano Ejecutivo sancionarla, observarla o vetarla. Por ello creemos que bien orientados los propósitos y respaldados con inalterable firmeza, la desesperación y las amenazas siempre latentes en las cúpulas empresariales, pueden convertirse en una útil experiencia para desterrar la confrontación y los ataques viscerales, y manejar con oficio político, los problemas de nuestra difícil convivencia actual.
Lo que sin duda alguna atenuaría la confusión imperante sería terminar con la política de “péndulo”, de querer gobernar con todos y para todos, de buscar aliados en ese nido de ratas llamado GANA, de dar un paso a la izquierda y el siguiente a la derecha. El gobierno debe estar claro en el espacio donde se encuentran sus amigos, sus referentes y sus socios políticos. Están bien los llamados a la unidad para superar muchos desafíos; pero está muy mal pretender llevar al enemigo a nuestros aposentos, supuestamente para encontrar apoyos en la Asamblea Legislativa o quizá repeler de una vez por todas al “enemigo” estratégico. Al pueblo debe de informársele con claridad, en los tiempos precisos. No con falsas expectativas, sino con obras y proyectos de beneficio directo, tanto en el área económica, en la social, la política y la educativa. Así estaremos avanzando a estadios superiores de la anhelada paz y justicia social.
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