Las cúpulas empresariales siguen presionando y manteniendo en niveles altos la campaña mediática porque consideran que el gobierno ha venido incrementando “su participación” en la economía nacional, tratando de controlar y regular ciertos precios, así como su intención de aumentar cargas impositivas, impuestos pues, a las “grandes empresas”. Aquí queda planteada una disyuntiva crucial para el país: o el régimen se decide a “tomar el toro por los cuernos” o continúa con esa incertidumbre o temor de perder el control de su administración y no cumplir con el mínimo programa económico-social propuesto en la campaña electoral.
Por el otro lado, ¿de dónde obtendrá los recursos para atender los subsidios al transporte público y al gas licuado, así como los fondos necesarios para cumplir con las demandas de los empleados públicos? Es bueno preguntarse a estas alturas del calendario político gubernamental, ¿si va a funcionar al servicio de las clases populares, o va a ser fuente de acumulación de una burocracia corrupta y de una burguesía de prestanombres? ¿Cómo se utilizan los subsidios y los supuestos aumentos en los impuestos? ¿Para que los recursos del Estado se incrementen en beneficio de los pobres, o para que el dinero del pueblo sea usado en financiar -- con tarifas de subsidio y otros conocidos recursos-- fabulosos negocios de los que ya son muy ricos, sin excluir a los capitalistas extranjeros, más o menos disfrazados?
Las buenas intenciones o los mismos programas de gobierno se desvirtúan cuando no se establece una definición clara en este punto fundamental. Empresas tan importantes como las del transporte público o ese abanico de los importadores de cereales, se convierten en fuentes de acumulación para una burocracia corrupta y una burguesía voraz. Se hacen las víctimas (los hemos visto últimamente haciendo una manifestación hacia Casa Presidencial para exigir “un descuento” o una abolición del pago de multas en esquelas de tránsito impuestas por policías de tránsito a motoristas temerarios) y siempre sacan “cuentas alegres” para “demostrar que operan con pérdidas” en cada una de las unidades del transporte. Ya el gobierno les aumentó considerablemente el subsidio a buses y microbuses y todavía no se alcanza a llenar el barril sin fondo.
De todo esto, resulta que el Estado administra bienes de la nación, pero no en beneficio del pueblo salvadoreño – entendiendo por pueblo a obreros, campesinos, estudiantes, empleados, intelectuales--, sino en beneficio de quienes lo tienen todo y, más en particular, de grandes empresas transnacionales. Los monopolios del gas licuado y de los productos derivados del petróleo, son apenas un pequeño ejemplo de lo dicho. Entonces las buenas intenciones, los sanos propósitos se anulan a sí mismos. Se ponen al servicio del capital, de los mafiosos. De todas aquellas personas y empresas nacionales e internacionales acostumbradas a servirse con la cuchara más grande.
Ahí está, pues, la cuestión. Los obstáculos cada vez son mayores: el principal opuesto al desarrollo y felicidad del país estriba en la desigual distribución del ingreso, que resulta de un nivel muy alto de desempleo y subempleo. Diríamos en este mismo renglón que las supuestas inversiones del Estado no son más que una defensa al mismo capital nacional privado. Parecería, en buena lógica, que el objetivo número uno de la política económica del gobierno debiera ser eliminar ese “principal obstáculo que se opone al desarrollo y a la felicidad de la nación”. Y que a eso deberían contribuir como palanca fundamental, la gestión de las “grandes empresas” y las multinacionales. Dicho de otra manera, éstas deberían ser solidarias y regresar un mínimo de tanto que reciben en beneficio de las mayorías poblacionales. Como ustedes lo están pensando, es soñar despierto o una simple utopía.
En realidad, no hay nada de “gobierno del cambio”, nacionalismo o democracia verdadera, lo único válido sería ciertamente un “nacionalismo revolucionario”. El nacionalismo burgués se niega a sí mismo, porque la burguesía no es “nacional”, sino que constituye una clase mundial, un sistema mundial, en el que los intereses de los burgueses de países atrasados están subordinados a los intereses del capital imperialista. En la medida en que las empresas bajo control del Estado (¿cuáles serán en El Salvador que causan escozor en la oligarquía y en los testaferros de las cúpulas empresariales) se ponen al servicio de los burgueses, se están poniendo, quiérase o no, al servicio del imperialismo. Cualquier otra idea es utópica y se encuentra ubicada al margen de la realidad. El nacionalismo revolucionario, al poner la economía al servicio de los oprimidos, representa un camino abierto al socialismo, y sólo es verdadero y consecuente en la medida en que -- como la Revolución Bolivariana en Venezuela-- tiene al socialismo en su horizonte. Las medidas que se tomen para redistribuir el ingreso, es decir, para fortalecer a las clases explotadas, debilitan correlativamente a la burguesía y constituyen avances objetivos hacia el socialismo.
En El Salvador no aspiramos a tanto y tampoco se ve claro que se vayan a tomar tales medidas, de una manera firme y consecuente, sobre todo cuando se pone tanto empeño en mostrar los beneficios que la participación del Estado representa para la burguesía, supuestamente “nacional”. El ideario del cambio, de la pretendida unidad y la inclusión, no son más que simples alardes publicitarios. ¿Implican un cambio? Ciertamente no. Quizá un cambio para una burocracia que se estaba quedando sin base económica, en la medida que el gran capital, se ha fortalecido y ha extendido sus tentáculos hacia todas las áreas económicas y sociales del Estado. Y, paradójicamente, en esta misma medida, la burocracia gubernamental ha perdido o está perdiendo sus bases mismas de sustentación, o para decirlo en términos bruscos, perdía sus fuentes de empleo, sus “huesos”.
En fin, el actual gobierno se define, así, como un régimen de transición entre el desarrollismo burgués que ha venido prevaleciendo, y el supuesto “cambio”. Eso está planteado, también, al nivel de las camarillas burocráticas actuando en su seno. Y eso explica el carácter contradictorio, vago e indefinido que tiene su política. Sólo la organización independiente de los eternos explotados, de los “sin nada”, puede llevar las cosas por el cauce que ya es imperioso seguir y que hasta en el “gobierno del cambio” se reconoce cuando se afirma que la “injusta distribución del ingreso es uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional”.
Por el otro lado, ¿de dónde obtendrá los recursos para atender los subsidios al transporte público y al gas licuado, así como los fondos necesarios para cumplir con las demandas de los empleados públicos? Es bueno preguntarse a estas alturas del calendario político gubernamental, ¿si va a funcionar al servicio de las clases populares, o va a ser fuente de acumulación de una burocracia corrupta y de una burguesía de prestanombres? ¿Cómo se utilizan los subsidios y los supuestos aumentos en los impuestos? ¿Para que los recursos del Estado se incrementen en beneficio de los pobres, o para que el dinero del pueblo sea usado en financiar -- con tarifas de subsidio y otros conocidos recursos-- fabulosos negocios de los que ya son muy ricos, sin excluir a los capitalistas extranjeros, más o menos disfrazados?
Las buenas intenciones o los mismos programas de gobierno se desvirtúan cuando no se establece una definición clara en este punto fundamental. Empresas tan importantes como las del transporte público o ese abanico de los importadores de cereales, se convierten en fuentes de acumulación para una burocracia corrupta y una burguesía voraz. Se hacen las víctimas (los hemos visto últimamente haciendo una manifestación hacia Casa Presidencial para exigir “un descuento” o una abolición del pago de multas en esquelas de tránsito impuestas por policías de tránsito a motoristas temerarios) y siempre sacan “cuentas alegres” para “demostrar que operan con pérdidas” en cada una de las unidades del transporte. Ya el gobierno les aumentó considerablemente el subsidio a buses y microbuses y todavía no se alcanza a llenar el barril sin fondo.
De todo esto, resulta que el Estado administra bienes de la nación, pero no en beneficio del pueblo salvadoreño – entendiendo por pueblo a obreros, campesinos, estudiantes, empleados, intelectuales--, sino en beneficio de quienes lo tienen todo y, más en particular, de grandes empresas transnacionales. Los monopolios del gas licuado y de los productos derivados del petróleo, son apenas un pequeño ejemplo de lo dicho. Entonces las buenas intenciones, los sanos propósitos se anulan a sí mismos. Se ponen al servicio del capital, de los mafiosos. De todas aquellas personas y empresas nacionales e internacionales acostumbradas a servirse con la cuchara más grande.
Ahí está, pues, la cuestión. Los obstáculos cada vez son mayores: el principal opuesto al desarrollo y felicidad del país estriba en la desigual distribución del ingreso, que resulta de un nivel muy alto de desempleo y subempleo. Diríamos en este mismo renglón que las supuestas inversiones del Estado no son más que una defensa al mismo capital nacional privado. Parecería, en buena lógica, que el objetivo número uno de la política económica del gobierno debiera ser eliminar ese “principal obstáculo que se opone al desarrollo y a la felicidad de la nación”. Y que a eso deberían contribuir como palanca fundamental, la gestión de las “grandes empresas” y las multinacionales. Dicho de otra manera, éstas deberían ser solidarias y regresar un mínimo de tanto que reciben en beneficio de las mayorías poblacionales. Como ustedes lo están pensando, es soñar despierto o una simple utopía.
En realidad, no hay nada de “gobierno del cambio”, nacionalismo o democracia verdadera, lo único válido sería ciertamente un “nacionalismo revolucionario”. El nacionalismo burgués se niega a sí mismo, porque la burguesía no es “nacional”, sino que constituye una clase mundial, un sistema mundial, en el que los intereses de los burgueses de países atrasados están subordinados a los intereses del capital imperialista. En la medida en que las empresas bajo control del Estado (¿cuáles serán en El Salvador que causan escozor en la oligarquía y en los testaferros de las cúpulas empresariales) se ponen al servicio de los burgueses, se están poniendo, quiérase o no, al servicio del imperialismo. Cualquier otra idea es utópica y se encuentra ubicada al margen de la realidad. El nacionalismo revolucionario, al poner la economía al servicio de los oprimidos, representa un camino abierto al socialismo, y sólo es verdadero y consecuente en la medida en que -- como la Revolución Bolivariana en Venezuela-- tiene al socialismo en su horizonte. Las medidas que se tomen para redistribuir el ingreso, es decir, para fortalecer a las clases explotadas, debilitan correlativamente a la burguesía y constituyen avances objetivos hacia el socialismo.
En El Salvador no aspiramos a tanto y tampoco se ve claro que se vayan a tomar tales medidas, de una manera firme y consecuente, sobre todo cuando se pone tanto empeño en mostrar los beneficios que la participación del Estado representa para la burguesía, supuestamente “nacional”. El ideario del cambio, de la pretendida unidad y la inclusión, no son más que simples alardes publicitarios. ¿Implican un cambio? Ciertamente no. Quizá un cambio para una burocracia que se estaba quedando sin base económica, en la medida que el gran capital, se ha fortalecido y ha extendido sus tentáculos hacia todas las áreas económicas y sociales del Estado. Y, paradójicamente, en esta misma medida, la burocracia gubernamental ha perdido o está perdiendo sus bases mismas de sustentación, o para decirlo en términos bruscos, perdía sus fuentes de empleo, sus “huesos”.
En fin, el actual gobierno se define, así, como un régimen de transición entre el desarrollismo burgués que ha venido prevaleciendo, y el supuesto “cambio”. Eso está planteado, también, al nivel de las camarillas burocráticas actuando en su seno. Y eso explica el carácter contradictorio, vago e indefinido que tiene su política. Sólo la organización independiente de los eternos explotados, de los “sin nada”, puede llevar las cosas por el cauce que ya es imperioso seguir y que hasta en el “gobierno del cambio” se reconoce cuando se afirma que la “injusta distribución del ingreso es uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional”.
0 comentarios:
Publicar un comentario