Hace un poco más de un año el gobierno intentó una reforma tributaria, “bastante profunda”, dijeron algunos funcionarios, para hacer llegar más fondos a las arcas del Estado, tapar “huecos”, combatir el contrabando, la evasión y elusión de impuestos, pues ha sido una práctica de grandes empresas de acudir a las más diversas formas para no pagar honradamente el impuesto sobre la renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Recordamos todavía con el régimen de Antonio Saca, del partido Arena, el entonces embajador de los Estados Unidos en el país, demostró cómo se escamoteaban millones de dólares al fisco.
El actual gobierno ha intentado modernizar la recaudación fiscal, evitar el crecimiento desproporcionado del déficit de la balanza de pagos, limitar el excesivo endeudamiento (¿?), aumentar la eficiencia productiva del sector privado y, desde luego, fortalecer financieramente al Estado. Con todo es sabido que los objetivos de política no derivan de razones económicas, sino en la medida en que tienen implicaciones políticas. Además, hay objetivos, como el crecimiento económico, que no son irrenunciables; mientras otros, como la mejor distribución del ingreso (postergado por largos años en este país) o la limitación del endeudamiento, pueden soslayarse por algún tiempo.
De cierto en los hechos y a la larga, todos los objetivos alcanzan su turno o su urgencia, como mejor le parezca a los técnicos y expertos en la materia. El problema grave surge cuando los instrumentos de política económica existentes no sirven para responder a las nuevas necesidades políticas y económicas. Este es precisamente el caso de El Salvador actual. Lo estamos viendo con “la política de subsidios” al transporte, a la luz eléctrica y al gas licuado. También con las medidas paliativas, emergentes y no estructurales, a la escasez de productos básicos y, por supuesto, a la acumulación de problemas con los empleados públicos.
En todo caso, el régimen continúa con ciertos planes en el campo de la salud, la educación y la atención a la mujer. De acuerdo con los proyectos destacan la atención prioritaria a los problemas del sector agropecuario: se habla del desarrollo de una agricultura familiar, incentivos para los pequeños agricultores para que cultiven miles de manzanas de tierra con frijol y la apertura de bancos dedicados exclusivamente a otorgar créditos al sector campesino; la generación de un mayor número de empleos, en vista del creciente problema económico y social que implica tener grandes masas de trabajadores desempleados y subempleados; la necesidad de poner un límite al endeudamiento, que ya se encuentra a niveles críticos. En este punto advertidos contradicciones pues siguen acumulándose la deuda externa. Sin embargo, basta un examen superficial de las condiciones que sería necesario cumplir para alcanzar tales planes u objetivos, para confirmar las serias deficiencias de los actuales instrumentos de política económica.
De la falta de un control eficiente de los mecanismos de política, surge precisamente la gran distancia, o si se quiere la incongruencia, entre las intenciones verbalizadas en las continuas declaraciones oficiales (baste escuchar a los ministros de Economía, Agricultura y Hacienda), y la realidad de una situación económica y social que se agrava cada día. Los culpables de esta falta de coherencia imperdonable son de inmediato identificados con los responsables de la política económica. Esto es un hecho inevitable. Son los responsables de la administración en turno los que cargan con la culpa de tener instrumentos de política ineficientes. Puede ser que las razones vengan de atrás, que muchos de los males económicos y sociales, hayan sido heredados de los infames gobiernos areneros, pero eso no los salva de salir mal librados.
No en vano se ha subrayado que los principales problemas para los próximos tres años de la actual administración, derivarán del deterioro de las condiciones económicas. Este deterioro, de no corregirse a tiempo, puede producir consecuencias políticas y sociales difíciles de prever: el modelo puede virar hacia cualquier lado. No se trata simplemente de los subsidios para favorecer “a las grandes mayorías”, o de “ayudas a la tercera edad”, estamos hablando de la poca atención a los problemas estructurales como el sistema anárquico que no es capaz de dar empleo a esa cantidad de profesionales que egresan cada año de las universidades o de evitar esa emigración cada vez mayor de compatriotas hacia los Estados Unidos.
Es bajo esta óptica que juzgamos al actual régimen, pues es innegable la enorme distancia que está quedando entre los objetivos postulados y los resultados, tan limitados, que se están logrando en cuestiones como la generación de empleos productivos, el mejoramiento agropecuario, o la reducción del endeudamiento. La tendencia no es previsible que cambie en los años que le restan al régimen. Los agudos problemas económicos del año pasado se han multiplicado en el presente y toda apunta a un agravamiento para el próximo, pues no hay inversión, mayores exportaciones ni crecimiento económico. A todo esto debemos agregar la recesión en los Estados Unidos, a pesar de un ligero decrecimiento en la tasa de desempleo. Las remesas, según datos del Banco Central de Reserva, han aumentado un poco en relación al primer trimestre del año pasado; pero no es suficiente para solucionar los profundos “desarreglos” en el actual modelo económico. Los mismos préstamos internacionales logrados y gran parte de la recaudación fiscal nada más sirven para aliviar muy parcialmente los problemas financieros que aquejan al sector público y al país en general.
Es verdad que todavía existe un cierto margen para organizar internamente un sistema menos irracional, menos injusto. Sin embargo -- volvemos a lo mismo-- los instrumentos, los mecanismos que darían viabilidad a los mejores objetivos de política económica son prácticamente inexistentes. Por ejemplo, ¿quién sino el sector público sería capaz institucionalmente de ayudar a solucionar el problema de desempleo y subempleo de la mano de obra? Sin embargo, no hay siquiera un programa integral de empleo, más allá de la tal propaganda de una “fábrica de empleos”. Mucho menos los mecanismos para coordinar la educación, la capacitación y el establecimiento de las unidades productivas que absorberían esta mano de obra. El pesimismo nos embarga y así seguiremos mientras no veamos a los más altos niveles una decisión política para introducir drásticos cambios al modelo económico y social actualmente imperante en el país.
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