Cada día es más amplia y aguda la presencia del Estado en las actividades de los particulares. No se trata de una vía para abandonar el modelo neoliberal, ni mucho menos para asomarnos al socialismo. Hombres de negocios, patronos, obreros, campesinos, comerciantes grandes y pequeños, todos los que realizamos una actividad relacionada con los demás, en alguna forma tenemos que ver con la administración pública: autorizaciones, licencias, impuestos, reglamentos, infracciones y castigos, subsidios y exacciones forman una espesa red que va aprisionando la acción del individuo conforme aumenta la intervención del poder público.
A este ensanchamiento o expansión de la esfera oficial corresponde un aumento acelerado de la burocracia – se ha visto aumentada y con desarrollo considerable en este quinquenio, pese a supuestas medidas de austeridad-- que no corresponde a un esquema previsto, pues se efectúa por adición y superposición de organismos burocráticos y forma una maraña cada vez más inextricable de trámites consumiendo tiempo, dinero y paciencia de los infortunados particulares. Se sabe que para lograr una licencia de exportación de productos no tradicionales a los Estados Unidos, se requiere una gran cantidad de autorizaciones. La entrada en vigencia del subsidio al gas licuado y la misma emisión del Documento Único de Identidad (DUI) son dos ejemplos de lo afirmado.
Obviamente florece en esta situación, el conflicto de intereses, sinónimo de corrupción. Las colas agotan la paciencia; pero el “pago para lograr servicios” desespera. Debe pagarse no sólo para que algo se resuelva, sino para verlo resuelto en tiempo razonable. Y en el caso del gas el monopolio del mismo está “haciendo su agosto”, aumentando los precios y favoreciendo el contrabando. Los usuarios se desesperan y no encuentran un mecanismo legal y expedito para lograr el subsidio. Sólo las agencias bancarias, dotadas con automatización y más personal, parecen funcionar con rapidez, aunque no siempre con corrección, pues los errores del personal que alimenta a las máquinas se refleja, inexorablemente, en los resultados.
La centralización de las decisiones -- todo se hace previo acuerdo del señor Ministro de Economía--, la multiplicación de controles, la discreta supervisión de la Defensoría del Consumidor, la absurda complicación de los trámites, las mismas “piedras tiradas a la vía”, por diligentes funcionarios y altos directivos del partido Arena, para entorpecer el curso del subsidio al gas licuado y “cobrar réditos en la Asamblea Legislativa” por retirarlas, todo esto constituye la sustancia de una pesadilla para miles de usuarios que tramitan “sin influencias” y, por supuesto, no tienen suficientes agallas para protestar por otros medios más que por las declaraciones inocentes por ciertos noticieros de la televisión. Desde luego, están las páginas de noticias y los comentarios del siempre dispuesto órgano oficial de propaganda de Arena.
Al menos, contrario a lo dicho, el actual gobierno ha intentado simplificar, aligerar, modernizar la administración y purgarla de sus corruptelas. Sin embargo, en sus entrañas conserva muchos de los mandos medios de anteriores regímenes quienes se acostumbraron a “cobrar por sus servicios” y obtener réditos por las más diversas vías. Son muy pobres los resultados hasta hoy obtenidos. Fuera de ciertos logros en el Ministerio de Obras Públicas no conocemos de otros casos donde funcione la sana administración y la política de rápidos y eficientes resultados. Desde el inicio de este régimen, se instauró la Secretaría de Asuntos Estratégicos, se establecieron las dependencias de Transparencia y Gobernabilidad; pero más allá de ciertas investigaciones en el campo de la corrupción y la presentación de pruebas ante la Fiscalía General de la República, no se ha logrado mayor cosa más allá del aumento de la burocracia y de las declaraciones líricas y comparecencias ante la prensa del señor Secretario de Asuntos Estratégicos. Funcionan varios comités y dependencias con “el sano propósito” de romper con el criterio centralista que rige la programación de las inversiones y de los proyectos a mediano y largo plazo, y los resultados de su acción no corresponden a las expectativas, por cuanto no se han definido claramente las metas ni los alcances de lo que se pretende.
En muchas dependencias de este gobierno, existen esos “antiguos funcionarios” opuestos a la transparencia, a la supuesta reforma administrativa anunciada y nunca concretada por el titular del Ministerio de Hacienda. Si de veras se quisiera terminar con feudos burocráticos debería pensionarse ya o esos viejos cuadros del PCN o de Arena que “sienten perder poder y capacidad de cometer irregularidades”. Esta fue y es la queja de la población: en muchas dependencias ven los mismos rostros de personas que hace años ni respiran en sus escritorios y únicamente ponen pretextos para mientras pasa el tiempo y se retiran con buenas pensiones. Los miembros del FMLN tienen mucha razón al exigir transparencia y lugar en la administración pública. Muchos son técnicos o graduados en universidades y tienen derecho a un empleo digno y bien remunerado.
Ese gobierno “ágil” y moderno que cumpla las metas que “se traza”, no es el que quieren quienes muy satisfechos están de contar con proseguir medrando precisamente al socaire de los defectos del sistema. A un cargo público no se va -- contra lo que suponen los apóstoles de la reforma administrativa-- ni por el honor, ni por el sueldo, sino por la oportunidad de enriquecerse vendiendo decisiones. Así lo hicieron los “viejos” cuadros del PCN y también los de Arena ¿Por qué cambiar con la actual administración? El simple enriquecimiento y no el espíritu de servicio es el móvil de quienes procuran cargos públicos. Tal es la regla general; las excepciones son mal vistas y difícilmente toleradas porque no encajan en la red de complicidades que mantiene la corrupción.
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