Alto costo de la vida y salario mínimo

Ya el gobierno anunció el aumento al salario mínimo y otras medidas complementarias supuestamente para paliar el alto costo de la vida. Y como sucede siempre también se ha iniciado la serie de denuncias y declaraciones de los interesados, perjudicados y favorecidos con las medidas.

Como es normal los dirigentes de las cúpulas empresariales no son claros en sus declaraciones y todo da a entender sus molestias e inquietudes por el “desembolso” adicional para cumplir con el salario mínimo. Se podría ver como una posición normal y avara de esta gente acostumbrada a escamotear las prestaciones sociales a los trabajadores. Como sea, la fijación de la nueva tasa salarial reviste en esta ocasión una importancia especial, porque -- hoy como nunca-- involucra problemas de política nacional y de profundidad social que trasciende con mucho situaciones anteriores.

Salta a la vista, en primer término, el alza desorbitada del costo de la vida. Había abarcado, hasta ahora, artículos como la carne no consumida por los trabajadores más pobres, sino la clase media, y algunos de los sectores explotados con ingresos más altos, como los empleados de la CEL, Justicia y Asamblea Legislativa. Pero ya son las tortillas las que suben, los frijoles y el arroz. Se trata de la base de la alimentación de los salvadoreños más pobres, la mayoría poblacional, pues. En segundo lugar, el actual régimen ha seguido una política de promesas a los trabajadores del campo y la ciudad que no se han cumplido, ni están en vías de cumplirse. Un ejemplo típico es el desastre en la política de viviendas populares. En condiciones en las que se ofrece mucho, y en las que los trabajadores reciben en la realidad una baja considerable en su ya muy precario nivel de vida, se crea con toda evidencia una situación explosiva.

Ayer en la multitudinaria manifestación del Día del Trabajador se habló mucho sobre el salario mínimo, el alto costo de la vida y la precaria situación de la población. No hay satisfacción en el aumento anunciado; pero a la burguesía le parece excesivo el monto. También salió a relucir el viejo argumento de que el aumento de salarios será anulado por el aumento de los precios. Y, como siempre, los capitalistas se encargarán de cumplir su amenaza, con la complicidad de las autoridades. El aumento es, de todos modos, mucho menor de las necesidades reales. También bastará para justificar nuevas alzas de precios.

El cumplimiento de la ley requiere un mínimo de adhesión social a la ley misma. Y las leyes que protegen el salario -- salario mínimo, controles de precios, regulaciones, -- no cuentan con la adhesión social necesaria. La burguesía se niega, lisa y llanamente, a aplicar medidas colaterales, por simple solidaridad y sensibilidad. Y, por la vía de la corrupción o de la presión política, cuenta con la colaboración y el apoyo de la burocracia estatal. Se dirá que la adhesión social a estas medidas tiene que partir de los trabajadores. Y es la verdad. Pero los trabajadores -- los de la ciudad y los del campo -- carecen de sólidas y unidas organizaciones propias para expresarse y luchar en defensa de sus intereses. El caudillismo, el caciquismo, los nombramientos de dirigentes desde arriba, eliminan la posibilidad de que las masas se movilicen, no sólo por sus intereses históricos, sino incluso en defensa de las leyes que teóricamente los beneficien y que están vigentes.

En las altas esferas gubernamentales suele decirse que, para tomar medidas populares y siquiera progresistas y no revolucionarias, a favor de las masas, se requiere el régimen tenga base social, apoyo multitudinario. Y, por el otro lado, salta a la vista que ese apoyo es imposible para un gobierno que no toma medidas revolucionarias. Se produce, así, un círculo vicioso sin salida aparente. Y la cada vez más intensa presión de la lucha de clases, del alto costo de la vida, de graves problemas sociales, se traduce en un pleito cada vez más violento dentro del aparato estatal. No se trata de simples diferencias entre el mandatario el partido en el gobierno, sino de severas contradicciones en políticas económicas y sociales por desarrollar.

Hasta ahora dentro del aparato estatal, está ganando la reacción. Es decir el grupo de los famosos “amigos del presidente” encabezados por la familia Cáceres, con pleno dominio y poder para hacer nombramientos o decidir en temas fundamentales como los económicos y la inversión. Aparte de su concepción viciosa de origen, está el hecho de la ausencia de siquiera la “mediación” por parte de la dirigencia del FMLN. “Es muy poco por hacer”, diría uno de sus altos dirigentes; pero nunca es mínimo cuando de por medio están las necesidades apremiantes de las grandes mayorías poblacionales. Falta, pues, la decisión de un poderoso movimiento a la izquierda para anular al centro y a los conservadores. ¿Lo entenderán los otrora aguerridos combatientes por la justicia social, la paz y la democracia?