Se dicen seguidores de monseñor Romero y “usan a los verdugos de la muerte para justificar la vida” y la democracia”
La tragicomedia ocurrida en la Asamblea Legislativa donde en un acto verdaderamente inconstitucional y acudiendo a los aborrecidos “madrugones”, la extrema derecha aprobó un decreto de ley para “imponer” la votación unánime en las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, más la decisión asombrosa y temeraria del presidente de la república al sancionar semejante adefesio jurídico, revelan, entre otras realidades de esta hora salvadoreña, la hondura y peligrosidad de la ya crónica crisis en las normas de la convivencia nacional, producto de sus propias contradicciones y de la inevitable influencia de las fuerzas más oscurantistas todavía al acecho en las profundidades del estercolero de esta sociedad.
Revela también los desesperados esfuerzos de supervivencia de normas y sistemas en liquidación histórica y los impulsos de una transformación jurídica que en mayor o menor grado -- de acuerdo con las peculiaridades económicas, políticas y culturales de este país-- intenta atenuar o eliminar las más notorias y antisociales diferencias en los niveles de vida tanto de “instituciones partidarias” como del sistema electoral en vigencia. La vulgar actuación de los “hombres de carpa” en el circo legislativo no hace más que poner en evidencia y mostrar públicamente una vez más, los aciertos y la correcta aplicación del derecho de los honorables cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues el supuesto revanchismo de los diputados de la derecha y también de la presidencia de la república al considerarse dañada por la decisión de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional esa perversa maniobra de hacer traspasos de dineros de una partida o de un ministerio hacia otro, no hacen más que confirmar su total desprecio por la autonomía e independencia de los Órganos del Estado.
Los factores que han definido desde su origen la supervivencia de los partidos políticos PCN y PDC, así como el nombramiento inconstitucional del magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, Julio Moreno Niño, y del suplente Oscar Morales – síntoma concreto de una situación atentatoria contra las normas jurídicas y el Estado de Derecho-- obligaron a la Sala de lo Constitucional a acatar el mandato popular y los constantes llamados de la sociedad civil. Es evidente que la resolución de la Sala de lo Constitucional, legítima, legal y obedeciendo todos los requerimientos exigidos por la ley y la Constitución, es sólo un primer paso para un nuevo manejo político del complicado problema, por la turbiedad y la prepotencia de “altos” dirigentes políticos y la sumisa actuación de anteriores Salas de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de constituir un triunfo de la sociedad civil -- lo cual en nuestro país no es frecuente-- obliga a suponer que la actitud de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, intentan, así, una solución frontalmente distinta a la experimentada con tan impolíticos como cruentos resultados en anteriores casos. El emitir un fallo para “dar vida”, en contra de las disposiciones de la ley, al PCN y al PDC liquidados al no obtener el 3% de la votación en las elecciones de 2004, así como aceptar como válido el nombramiento de los “magistrados” Moreno Niño y Morales en el Tribunal Supremo Electoral, demuestra claramente lo funesto e ilegal de lo actuado por anteriores Salas Constitucionales. Por cierto el “magistrado disidente” es un remanente de ese pasado funesto.
La actitud resentida y revanchista de los diputados derechistas de la Asamblea Legislativa es en todo caso forzosamente transitoria. El aprobar un decreto de ley, para obligar a votación unánime en próximas decisiones de la Sala de lo Constitucional (se había anunciado el estudio de las elecciones de diputados por residuos y cocientes, así como el aprobar un pedido de las Cortes Españolas para extraditar a 20 militares acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas), es perverso e ilegal y calificado por expertos constitucionalistas como un “golpe técnico” contra el Órgano Judicial. Los diputados que han intentado “boicotear” decisiones enmarcadas dentro de lo señalado por la ley, muy pronto tendrán que darse cuenta de que están “boicoteándose” a sí mismos y sobre todo actuando en contra de la voluntad popular. Esto ha quedado demostrado con las concentraciones de ciudadanos frente a Casa Presidencial, con diversos pronunciamientos en las emisoras y con declaraciones hasta de las cúpulas empresariales que, por supuesto, buscan pescar en río revuelto.
Su resentimiento adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, porque una oligarquía no acepta franciscanamente que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales. La sorpresa vino de Casa Presidencial, pues en cosa de horas el presidente sancionó el decreto de ley (al ser un decreto transitorio le permitió hacerlo) y ordenó publicarlo en el Diario Oficial. Los que en algún momento creyeron en el tacto y la prudencia del gobernante saben ahora en que orilla se ubica, de dónde provienen las órdenes y a que sector económico y político obedece. Su actuación (el decreto de ley lo recibió en cosa de minutos, pues según palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, el acta firmada por la Junta Directiva, fue secuestrada por un diputado de generales conocido) alienta la inestabilidad, la inconstitucionalidad y la desobediencia al Estado de Derecho. De ahora en adelante no debemos asombrarnos por el recrudecimiento de la violencia no sólo emanada de las pandillas y el crimen organizado, sino de los mismos legisladores. Por cierto, deben también aprobar un decreto de ley para votar por unanimidad todas sus canalladas.
Lo que sin duda alguna atenuaría la confusión imperante sería terminar con la política de “péndulo”, de querer gobernar con todos y para todos, de dar un paso a la izquierda y el siguiente a la derecha. El ejemplo último nada más de sancionar apresuradamente un decreto de ley inconstitucional, es un espaldarazo a la extrema derecha y una bofetada al pueblo salvadoreño y a todos los hombres y mujeres decentes y de buena voluntad de este país. El presidente de la república ha cometido un grosero error político. Basta escuchar el clamor popular y las repetidas condenas de todos los sectores intelectuales, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, abogados (los hay todavía decentes en este país) y hasta empresarios, al menos para profundizar contradicciones y obtener réditos electorales, porque desgraciadamente hay dirigentes que no se ocultan ni se desvinculan del partido Arena, para sacar las debidas conclusiones.
Revela también los desesperados esfuerzos de supervivencia de normas y sistemas en liquidación histórica y los impulsos de una transformación jurídica que en mayor o menor grado -- de acuerdo con las peculiaridades económicas, políticas y culturales de este país-- intenta atenuar o eliminar las más notorias y antisociales diferencias en los niveles de vida tanto de “instituciones partidarias” como del sistema electoral en vigencia. La vulgar actuación de los “hombres de carpa” en el circo legislativo no hace más que poner en evidencia y mostrar públicamente una vez más, los aciertos y la correcta aplicación del derecho de los honorables cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues el supuesto revanchismo de los diputados de la derecha y también de la presidencia de la república al considerarse dañada por la decisión de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional esa perversa maniobra de hacer traspasos de dineros de una partida o de un ministerio hacia otro, no hacen más que confirmar su total desprecio por la autonomía e independencia de los Órganos del Estado.
Los factores que han definido desde su origen la supervivencia de los partidos políticos PCN y PDC, así como el nombramiento inconstitucional del magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, Julio Moreno Niño, y del suplente Oscar Morales – síntoma concreto de una situación atentatoria contra las normas jurídicas y el Estado de Derecho-- obligaron a la Sala de lo Constitucional a acatar el mandato popular y los constantes llamados de la sociedad civil. Es evidente que la resolución de la Sala de lo Constitucional, legítima, legal y obedeciendo todos los requerimientos exigidos por la ley y la Constitución, es sólo un primer paso para un nuevo manejo político del complicado problema, por la turbiedad y la prepotencia de “altos” dirigentes políticos y la sumisa actuación de anteriores Salas de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de constituir un triunfo de la sociedad civil -- lo cual en nuestro país no es frecuente-- obliga a suponer que la actitud de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, intentan, así, una solución frontalmente distinta a la experimentada con tan impolíticos como cruentos resultados en anteriores casos. El emitir un fallo para “dar vida”, en contra de las disposiciones de la ley, al PCN y al PDC liquidados al no obtener el 3% de la votación en las elecciones de 2004, así como aceptar como válido el nombramiento de los “magistrados” Moreno Niño y Morales en el Tribunal Supremo Electoral, demuestra claramente lo funesto e ilegal de lo actuado por anteriores Salas Constitucionales. Por cierto el “magistrado disidente” es un remanente de ese pasado funesto.
La actitud resentida y revanchista de los diputados derechistas de la Asamblea Legislativa es en todo caso forzosamente transitoria. El aprobar un decreto de ley, para obligar a votación unánime en próximas decisiones de la Sala de lo Constitucional (se había anunciado el estudio de las elecciones de diputados por residuos y cocientes, así como el aprobar un pedido de las Cortes Españolas para extraditar a 20 militares acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas), es perverso e ilegal y calificado por expertos constitucionalistas como un “golpe técnico” contra el Órgano Judicial. Los diputados que han intentado “boicotear” decisiones enmarcadas dentro de lo señalado por la ley, muy pronto tendrán que darse cuenta de que están “boicoteándose” a sí mismos y sobre todo actuando en contra de la voluntad popular. Esto ha quedado demostrado con las concentraciones de ciudadanos frente a Casa Presidencial, con diversos pronunciamientos en las emisoras y con declaraciones hasta de las cúpulas empresariales que, por supuesto, buscan pescar en río revuelto.
Su resentimiento adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, porque una oligarquía no acepta franciscanamente que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales. La sorpresa vino de Casa Presidencial, pues en cosa de horas el presidente sancionó el decreto de ley (al ser un decreto transitorio le permitió hacerlo) y ordenó publicarlo en el Diario Oficial. Los que en algún momento creyeron en el tacto y la prudencia del gobernante saben ahora en que orilla se ubica, de dónde provienen las órdenes y a que sector económico y político obedece. Su actuación (el decreto de ley lo recibió en cosa de minutos, pues según palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, el acta firmada por la Junta Directiva, fue secuestrada por un diputado de generales conocido) alienta la inestabilidad, la inconstitucionalidad y la desobediencia al Estado de Derecho. De ahora en adelante no debemos asombrarnos por el recrudecimiento de la violencia no sólo emanada de las pandillas y el crimen organizado, sino de los mismos legisladores. Por cierto, deben también aprobar un decreto de ley para votar por unanimidad todas sus canalladas.
Lo que sin duda alguna atenuaría la confusión imperante sería terminar con la política de “péndulo”, de querer gobernar con todos y para todos, de dar un paso a la izquierda y el siguiente a la derecha. El ejemplo último nada más de sancionar apresuradamente un decreto de ley inconstitucional, es un espaldarazo a la extrema derecha y una bofetada al pueblo salvadoreño y a todos los hombres y mujeres decentes y de buena voluntad de este país. El presidente de la república ha cometido un grosero error político. Basta escuchar el clamor popular y las repetidas condenas de todos los sectores intelectuales, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, abogados (los hay todavía decentes en este país) y hasta empresarios, al menos para profundizar contradicciones y obtener réditos electorales, porque desgraciadamente hay dirigentes que no se ocultan ni se desvinculan del partido Arena, para sacar las debidas conclusiones.
2 comentarios:
Análisis muy acertado, solo agregaría el hecho que realmente el presidente se ha desvelado tal cual es! Un oportunista como los demás políticos de este país, que busca tener carta blanca para que con el apoyo de los diputados aliados que tiene en la asamblea, pueda emitir decretos que no haya forma de declararlos inconstitucionales, el ya eliminó el tercer poder del estado que equilibra el sistema en una democracia; una jugada muy hábil, pero a que costo!. También es importante mencionar los directivos que el FMLN tiene en la asamblea fueron los que firmaron inmediatamente el decreto para ser enviado a casa presidencial, si en realidad el frente se oponía a este decreto, ¿Por que razón las dos diputadas que firmaron el decreto por parte del FMLN lo hicieron con la misma premura que el presidente lo sancionó?, es obvio que aquí ya habían arreglos bajo la mesa y el FMLN solo esta haciendo un show político para que no le pasen la factura por este decreto que se burla de la democracia.
debemos de estar vigilantes a la maniobra que tambien los del fmln y funes quieren sacar de este momento cuyuntural, ya que lo mas sensato hubiera sido derrogar el decreto 743 en la plenaria del jueves recien pasado, de ahi nace la duda de lo que esta tramando el fmln, porque ellos en su momento estuvieron de acuerdo con arena,pcn y pdc bueno hasta con gana para acerlela guerra a los valiente y honestos magistrados de la sala de lo constitucional.
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