Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Art. 87 Constitución de la República.
El país vive en estos momentos una especie de aletargamiento, una grave crisis institucional, no sólo por las temerarias intromisiones de la Asamblea Legislativa en el quehacer del Órgano Judicial, sino por los abusos de poder del presidente de la república, al sancionar un adefesio de ley y publicarlo en cosa de horas en el Diario Oficial. No se apagan todavía las velas del segundo aniversario, cuando escuchamos un discurso vacío y sin lineamientos del futuro, y ya también se altera el ritmo, se aminora el esfuerzo, existe total pesimismo y un desconcierto general, cuando la máquina ejecutiva da señales de pararse peligrosamente.
No es nada más en las oficinas gubernamentales y en los centros de trabajo privados donde se observa este fenómeno, sino en todas las actividades del país. En las dependencias oficiales la cosa es muy clara. Se quedan callados, quietos, todos los ministros, en espera de lo que dirá el oráculo. O más bien cuidando su puesto. Si uno de ellos al término de dos años, acaba de realizar alguna obra importante, no la quiere quemar, sino deja al señor presidente el lucimiento de ser quien primero la anuncie a la nación. La situación, desgraciadamente, es muy distinta y tiene que ver con grandes intereses, grupos de presión, desconocimiento o ignorancia de las leyes.
El mismo partido de o en el gobierno también se mueve en esta agua difusas y emite un comunicado que no dice nada, más allá de lavarse las manos, como aquél personaje de la leyenda conocido como Poncio Pilatos. En el aparato administrativo nadie se atreve a decir nada, mucho menos a formular proyectos, por aquello de “entrar en contradicción” o dejar caer una palabra o una frase que comprometa “mucho más” al titular del ejecutivo. Pero hoy está sucediendo algo que no recordamos haber observado nunca antes (desde luego los Órganos Judicial y Legislativo eran totalmente dependientes y sumisos a los dictados y lineamientos del Ejecutivo); el estado cataléptico en que han caído no solamente los altos funcionarios, las secretarias, los ordenanzas, los alcaldes, gobernadores, sino hasta los negocios particulares, pues sienten que una crisis institucional los puede afectar duramente. No hay unidad de criterio en el gabinete, al menos en el silencio de las oficinas, en los secretos y cuchicheos.
Todos están tirando de la manta para donde mejor les parece. Tienen temor por la reacción del pueblo organizado, saben de los peligros y de los negros nubarrones. El presidente de la república ha equivocado el camino y no existe robustez ni legalidad jurídica en lo actuado. ¿Será por ignorancia o malicia? Hagamos gimnasia intelectual:
El Art. 174 de la Constitución de la República señala: La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7a. del Art. 182 de esta Constitución.
Con base en lo anterior, la Sala ha procedido conforme lo manda y lo estipula la Constitución: ha resuelto las demandas de inconstitucionalidad afectando tanto al Órgano Ejecutivo como también al Legislativo al declarar inconstitucionales varias leyes y decretos. Lo resuelto hasta hoy por la Sala no ha sido del gusto del señor presidente de la república, ni mucho menos de las cúpulas partidarias acostumbradas a distorsionar y manipular las leyes a su antojo, al grado que en estos días han aprobado un decreto de ley para “obligar” a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a votar por unanimidad de sus cinco miembros en todas y cada una de las demandas que conozcan y resuelvan. El adefesio aprobado por los partidos políticos y sancionado rápidamente por el presidente de la república, les ha salido un cartucho soplado pues la Sala de la Constitucional sencillamente se ha apegado al Art. 185 de la Constitución que literalmente expresa: “Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales”.
En el caso concreto de los valientes y honorables cuatro magistrados, están siendo coherentes y firmes en sus actuaciones. En ningún momento de sus sentencias se han alejado de la Constitución y ha procedido conforme al Estado de Derecho para enderezar los “renglones torcidos” y restaurar el imperio de la ley. Por el contrario, tanto el Órgano Legislativo como el Ejecutivo están siguiendo varias líneas sinuosas, corrompiendo las leyes y arrogándose atribuciones que no les corresponden, como esa del primer mandatario al “pedir” a la Corte Suprema de Justicia “actuar con ponderación y apegada a la Constitución”. ¡Caramba! ¿A qué vamos a atenernos? ¿Cuál va a ser, realmente, la política del gobierno, del ejecutivo, en el tercer año que se inició el 1 de junio? ¿Más confrontación, más alto costo de la vida, metidas de pata, mayor endeudamiento? Si la creciente ola delincuencial y el pésimo manejo de la economía tiene al borde del precipicio a los salvadoreños ¿qué pasará con una situación de ingobernabilidad, desaliento e intromisión en los espacios que constitucionalmente le son atribuidos al Órgano Judicial?
Nadie se atreve a vaticinar cuál será el próximo paso, o la consigna que trace el señor presidente. Hay que esperar, no moverse, no respirar, hasta escuchar otro atropello al Estado de Derecho. La arrogancia y la prepotencia no tienen nombre, claro en este caso hasta con nombre y apellido. De los diputados se puede esperar cualquier cosa: desde opiniones contradictorias hasta aprobación de leyes inconstitucionales. Saben que están equivocados, pero no los “tienen bien puestos” para modificar sus planteamientos, menos los decretos de ley. Por fortuna son ya contados los días que les restan. Estamos seguros que en el remedo de elecciones del próximo año, el pueblo los volverá a castigar y desaparecerlos del escenario político.
No es nada más en las oficinas gubernamentales y en los centros de trabajo privados donde se observa este fenómeno, sino en todas las actividades del país. En las dependencias oficiales la cosa es muy clara. Se quedan callados, quietos, todos los ministros, en espera de lo que dirá el oráculo. O más bien cuidando su puesto. Si uno de ellos al término de dos años, acaba de realizar alguna obra importante, no la quiere quemar, sino deja al señor presidente el lucimiento de ser quien primero la anuncie a la nación. La situación, desgraciadamente, es muy distinta y tiene que ver con grandes intereses, grupos de presión, desconocimiento o ignorancia de las leyes.
El mismo partido de o en el gobierno también se mueve en esta agua difusas y emite un comunicado que no dice nada, más allá de lavarse las manos, como aquél personaje de la leyenda conocido como Poncio Pilatos. En el aparato administrativo nadie se atreve a decir nada, mucho menos a formular proyectos, por aquello de “entrar en contradicción” o dejar caer una palabra o una frase que comprometa “mucho más” al titular del ejecutivo. Pero hoy está sucediendo algo que no recordamos haber observado nunca antes (desde luego los Órganos Judicial y Legislativo eran totalmente dependientes y sumisos a los dictados y lineamientos del Ejecutivo); el estado cataléptico en que han caído no solamente los altos funcionarios, las secretarias, los ordenanzas, los alcaldes, gobernadores, sino hasta los negocios particulares, pues sienten que una crisis institucional los puede afectar duramente. No hay unidad de criterio en el gabinete, al menos en el silencio de las oficinas, en los secretos y cuchicheos.
Todos están tirando de la manta para donde mejor les parece. Tienen temor por la reacción del pueblo organizado, saben de los peligros y de los negros nubarrones. El presidente de la república ha equivocado el camino y no existe robustez ni legalidad jurídica en lo actuado. ¿Será por ignorancia o malicia? Hagamos gimnasia intelectual:
El Art. 174 de la Constitución de la República señala: La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7a. del Art. 182 de esta Constitución.
Con base en lo anterior, la Sala ha procedido conforme lo manda y lo estipula la Constitución: ha resuelto las demandas de inconstitucionalidad afectando tanto al Órgano Ejecutivo como también al Legislativo al declarar inconstitucionales varias leyes y decretos. Lo resuelto hasta hoy por la Sala no ha sido del gusto del señor presidente de la república, ni mucho menos de las cúpulas partidarias acostumbradas a distorsionar y manipular las leyes a su antojo, al grado que en estos días han aprobado un decreto de ley para “obligar” a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a votar por unanimidad de sus cinco miembros en todas y cada una de las demandas que conozcan y resuelvan. El adefesio aprobado por los partidos políticos y sancionado rápidamente por el presidente de la república, les ha salido un cartucho soplado pues la Sala de la Constitucional sencillamente se ha apegado al Art. 185 de la Constitución que literalmente expresa: “Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales”.
En el caso concreto de los valientes y honorables cuatro magistrados, están siendo coherentes y firmes en sus actuaciones. En ningún momento de sus sentencias se han alejado de la Constitución y ha procedido conforme al Estado de Derecho para enderezar los “renglones torcidos” y restaurar el imperio de la ley. Por el contrario, tanto el Órgano Legislativo como el Ejecutivo están siguiendo varias líneas sinuosas, corrompiendo las leyes y arrogándose atribuciones que no les corresponden, como esa del primer mandatario al “pedir” a la Corte Suprema de Justicia “actuar con ponderación y apegada a la Constitución”. ¡Caramba! ¿A qué vamos a atenernos? ¿Cuál va a ser, realmente, la política del gobierno, del ejecutivo, en el tercer año que se inició el 1 de junio? ¿Más confrontación, más alto costo de la vida, metidas de pata, mayor endeudamiento? Si la creciente ola delincuencial y el pésimo manejo de la economía tiene al borde del precipicio a los salvadoreños ¿qué pasará con una situación de ingobernabilidad, desaliento e intromisión en los espacios que constitucionalmente le son atribuidos al Órgano Judicial?
Nadie se atreve a vaticinar cuál será el próximo paso, o la consigna que trace el señor presidente. Hay que esperar, no moverse, no respirar, hasta escuchar otro atropello al Estado de Derecho. La arrogancia y la prepotencia no tienen nombre, claro en este caso hasta con nombre y apellido. De los diputados se puede esperar cualquier cosa: desde opiniones contradictorias hasta aprobación de leyes inconstitucionales. Saben que están equivocados, pero no los “tienen bien puestos” para modificar sus planteamientos, menos los decretos de ley. Por fortuna son ya contados los días que les restan. Estamos seguros que en el remedo de elecciones del próximo año, el pueblo los volverá a castigar y desaparecerlos del escenario político.
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