El vivir político de El Salvador se ha convertido en un gran escenario donde los distintos sectores debaten, toman partido o simplemente se excusan de participar para aparentar neutralidad haciendo más daño pues la hipocresía y el cinismo nunca son buenos aliados cuando se trata de encontrar un rumbo al país. La actuación o el papel cumplido hasta hoy por la Sala de la Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, raíz de donde han surgido todas estas controversias, ha sido apegado a las leyes de la república.
Son los políticos sin escrúpulos, personas defendiendo sus intereses personales y hasta su supervivencia, los que han tratado de engañar a la población con declaraciones y alegatos incoherentes y falsos. Hablan de que los cuatro magistrados están violando la Constitución, convirtiéndose en legisladores y creando zozobra en la sociedad salvadoreña. Hasta hoy no han probado ninguna de las acusaciones ni calificativos insultantes como lo han atestiguado respetables abogados constitucionalistas del país. La actuación de los magistrados ha estado amparada estrictamente por las atribuciones señaladas en el Art. 182 de la Constitución:
1. Conocer de los procesos de amparo
2. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza
3. Conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición
4. Conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros
5. Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias
6. Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes
7. Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 2º. Y 4º del artículo 74 y en los ordinales 1º, 3º, 4º, y 5º del artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente.
Asimismo, el Art. 183 de la Constitución estipula que la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.
Y precisamente es lo que ha hecho la Sala al declarar inconstitucional el decreto emitido por la Asamblea Legislativa en 2004 que permitió al PCN y al PDC seguir participando en la vida política nacional cuando la población había emitido su veredicto al no otorgarles los votos requeridos (el 3%) para su supervivencia. De igual manera procedió al declarar inconstitucional el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Julio Moreno Niños y Oscar Morales, pues ambos partidos no participaron en las elecciones presidenciales últimas y no tenían ningún derecho a ser nombrados a tal cargo.
Para la población ha resultado un alivio y un cierto respiro encontrar congruencia, lógica e independencia de la Sala de la Constitucional como NUNCA había ocurrido en este país. La defensa popular también es inédita y responde a un sentido de justicia y apoyo solidario a la actuación de la Sala de lo Constitucional. El chantaje y las barbaridades cometidas por los diputados de la derecha parlamentaria también fue repudiado por la población. Siempre obedientes a su espejo diario, a su cotidiana forma de proceder presionados o sumisos a grupos de poder o simplemente por seguir aferrados a sus cargos, a continuar “mamando” de la teta del Estado. En verdad, con todo lo ocurrido, por ahora son ellos, los diputados de la derecha decadente, los que resultan más congruentes y fieles a sí mismos. ¿Quién puede sorprenderse de su decisión de aprobar una ley para obligar a una votación unánime de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando ha sido una norma permanente legislar en contra de la voluntad popular? Cuando dicen que unas son las palabras y otros muy distintos los hechos, sólo están aferrándose a su propio engaño, a su cinismo e hipocresía particulares.
Lo más curioso de todo esto es que a pesar de las evidencias con que el vulnerable sistema electoral dota a estos mafiosos partidos políticos, ellos mismos han cavado su “otra tumba”, pues el pueblo salvadoreño o al menos esos votos que obtenían para sobrevivir y obtener diputaciones por residuos y cocientes, ya no los tendrán más. Tal como están las cosas queda bien claro que es mucho más fácil agredir a políticos sin escrúpulos y sin virtudes morales como los del PCN y PDC por sus prácticas antidemocráticas que a la misma Arena por sus tradicionales abusos, intereses creados y su larga trayectoria de corrupción y verticalismo.
Por cierto, Arena juega sus viejas cartas con la misma congruencia. Mientras tanto el PDC y el PCN parecen condenados a unos equilibrios verbales que en el momento de ser comparados con los hechos, ya no son equilibrios sino lamentables caídas, pues restan apenas unos días para que el Tribunal Supremo Electoral decrete su lógica desaparición acatando lo dispuesto por la Sala de la Constitucional. Por cierto, la misma Fiscalía General de la República, si de veras fuera independiente y cumpliera con sus atribuciones constitucionales, hace tiempo se hubiera pronunciado al respecto. El artículo 193 y sus respectivos incisos la obligan a defender los intereses del Estado y de la sociedad, a promover de oficio o a petición de parte la acción de la JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD.
Naturalmente que nada de lo hecho o ignorado por unos y otros tiene la menor seriedad política y por lo mismo nada más contribuye a la decadencia paulatina de todas las “instituciones democráticas” del país. ¿Cuándo dejamos de ser un país serio?¿Cuando comenzamos a creer que estábamos autorizados a decir lo que nos viniera en ganas contradiciendo las realidades más obvias? Precisamente cuando permitimos que políticos sin escrúpulos, sin moral alguna, dictaran las leyes y normas para nuestro sistema de vida, cuando permitimos flagrantes intromisiones de un Órgano del Estado sobre otro, en clara violación a la Constitución de la República. Y bien, si no somos un país serio, ¿qué somos? ¿Un país curiosamente folclórico? No somos ni chicha ni limonada y todo esto debemos de agradecérselo a todos estos sujetos que viven en los partidos políticos y se dicen o se autocalifican como rectores de nuestras vidas y, además, padres de la patria. ¡ver para creer!
Son los políticos sin escrúpulos, personas defendiendo sus intereses personales y hasta su supervivencia, los que han tratado de engañar a la población con declaraciones y alegatos incoherentes y falsos. Hablan de que los cuatro magistrados están violando la Constitución, convirtiéndose en legisladores y creando zozobra en la sociedad salvadoreña. Hasta hoy no han probado ninguna de las acusaciones ni calificativos insultantes como lo han atestiguado respetables abogados constitucionalistas del país. La actuación de los magistrados ha estado amparada estrictamente por las atribuciones señaladas en el Art. 182 de la Constitución:
1. Conocer de los procesos de amparo
2. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza
3. Conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición
4. Conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros
5. Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias
6. Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes
7. Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 2º. Y 4º del artículo 74 y en los ordinales 1º, 3º, 4º, y 5º del artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente.
Asimismo, el Art. 183 de la Constitución estipula que la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.
Y precisamente es lo que ha hecho la Sala al declarar inconstitucional el decreto emitido por la Asamblea Legislativa en 2004 que permitió al PCN y al PDC seguir participando en la vida política nacional cuando la población había emitido su veredicto al no otorgarles los votos requeridos (el 3%) para su supervivencia. De igual manera procedió al declarar inconstitucional el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Julio Moreno Niños y Oscar Morales, pues ambos partidos no participaron en las elecciones presidenciales últimas y no tenían ningún derecho a ser nombrados a tal cargo.
Para la población ha resultado un alivio y un cierto respiro encontrar congruencia, lógica e independencia de la Sala de la Constitucional como NUNCA había ocurrido en este país. La defensa popular también es inédita y responde a un sentido de justicia y apoyo solidario a la actuación de la Sala de lo Constitucional. El chantaje y las barbaridades cometidas por los diputados de la derecha parlamentaria también fue repudiado por la población. Siempre obedientes a su espejo diario, a su cotidiana forma de proceder presionados o sumisos a grupos de poder o simplemente por seguir aferrados a sus cargos, a continuar “mamando” de la teta del Estado. En verdad, con todo lo ocurrido, por ahora son ellos, los diputados de la derecha decadente, los que resultan más congruentes y fieles a sí mismos. ¿Quién puede sorprenderse de su decisión de aprobar una ley para obligar a una votación unánime de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando ha sido una norma permanente legislar en contra de la voluntad popular? Cuando dicen que unas son las palabras y otros muy distintos los hechos, sólo están aferrándose a su propio engaño, a su cinismo e hipocresía particulares.
Lo más curioso de todo esto es que a pesar de las evidencias con que el vulnerable sistema electoral dota a estos mafiosos partidos políticos, ellos mismos han cavado su “otra tumba”, pues el pueblo salvadoreño o al menos esos votos que obtenían para sobrevivir y obtener diputaciones por residuos y cocientes, ya no los tendrán más. Tal como están las cosas queda bien claro que es mucho más fácil agredir a políticos sin escrúpulos y sin virtudes morales como los del PCN y PDC por sus prácticas antidemocráticas que a la misma Arena por sus tradicionales abusos, intereses creados y su larga trayectoria de corrupción y verticalismo.
Por cierto, Arena juega sus viejas cartas con la misma congruencia. Mientras tanto el PDC y el PCN parecen condenados a unos equilibrios verbales que en el momento de ser comparados con los hechos, ya no son equilibrios sino lamentables caídas, pues restan apenas unos días para que el Tribunal Supremo Electoral decrete su lógica desaparición acatando lo dispuesto por la Sala de la Constitucional. Por cierto, la misma Fiscalía General de la República, si de veras fuera independiente y cumpliera con sus atribuciones constitucionales, hace tiempo se hubiera pronunciado al respecto. El artículo 193 y sus respectivos incisos la obligan a defender los intereses del Estado y de la sociedad, a promover de oficio o a petición de parte la acción de la JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD.
Naturalmente que nada de lo hecho o ignorado por unos y otros tiene la menor seriedad política y por lo mismo nada más contribuye a la decadencia paulatina de todas las “instituciones democráticas” del país. ¿Cuándo dejamos de ser un país serio?¿Cuando comenzamos a creer que estábamos autorizados a decir lo que nos viniera en ganas contradiciendo las realidades más obvias? Precisamente cuando permitimos que políticos sin escrúpulos, sin moral alguna, dictaran las leyes y normas para nuestro sistema de vida, cuando permitimos flagrantes intromisiones de un Órgano del Estado sobre otro, en clara violación a la Constitución de la República. Y bien, si no somos un país serio, ¿qué somos? ¿Un país curiosamente folclórico? No somos ni chicha ni limonada y todo esto debemos de agradecérselo a todos estos sujetos que viven en los partidos políticos y se dicen o se autocalifican como rectores de nuestras vidas y, además, padres de la patria. ¡ver para creer!
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