Los fallos y sentencias emitidas por la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, amparados en el Art. 174 que estipula “conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo…” han provocado reacciones y acciones de sectores interesados, sobre todo de cúpulas partidarias y de diputados supuestamente afectados por tales decisiones, como dicho está, enmarcadas dentro de las leyes de la república.
Los factores que han definido desde su origen la supuesta “crisis” institucional (en la Corte Suprema de Justicia no existe crisis alguna en cuanto la Sala de lo Constitucional está procediendo apegada a las leyes de la república) han obligado al Tribunal Supremo Electoral a proceder a des inscribir a los partidos PCN y PDC, así como a la destitución de los magistrados del Tribunal Julio Moreno Niños y Oscar Morales, quienes habían sido ilegalmente nombrados por la Asamblea Legislativa. Es evidente para todos que “los cambios” producidos en el ente electoral son un primer paso para un mejor manejo de los asuntos electorales y quizás administrativos. Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de constituir un triunfo de la legalidad -- lo cual en nuestro país no es frecuente-- obliga a suponer que la actitud de las autoridades de máxima jerarquía judicial, pese al decreto 743 aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionado apresuradamente por el presidente de la república, que obliga a la Sala de la Constitucional a aprobar sentencias por unanimidad de cinco magistrados, intentan, así, una solución frontalmente distinta a la experimentada con tan impolíticos, amañados e ilegales fallos en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia.
En la medida en la cual la Sala de lo Constitucional siga una línea de imparcialidad serena y de firme exigencia del cumplimiento de la ley por tirios y troyanos -- desde luego por miembros de los Órganos Legislativo y Ejecutivo-- y en esta línea cuente con el apoyo decidido y permanente de distintos sectores, cuerpo de abogados, intelectuales y población en general, podemos tener esperanzas razonables de que la administración de justicia se encauce por el sendero correcto, por rutas de diálogo, de balance de intereses y de argumentos y no retorne a la confrontación de la desesperada rebeldía y revanchismo por parte de los inconformes, ubicados claramente en partidos políticos de la derecha y algunos dirigentes supuestamente “revolucionarios” del FMLN. Asimismo de la agresión regresiva y fascistoide de los sectores patronales y del fanatizado rebaño del clero más primitivo, reaccionario e intolerante del país.
La actitud resentida de los núcleos derechistas de los partidos políticos con la que fue recibida el fallo sobre la destitución de los magistrados peleles del Tribunal Supremo Electoral, así como el proceso de cancelación del PCN y PDC, es forzosamente transitoria. Lo decimos así porque a la larga se impondrá el decoro y la decencia . La supervivencia de tales partidos es una afrenta al mismo Estado de Derecho y un lujo oneroso que no puede prolongarse indefinidamente. Los reaccionarios y trogloditas que intentan “boicotear” los fallos de la Sala de lo Constitucional, muy pronto tendrán que darse cuenta que el pueblo salvadoreño aprueba y defiende las sentencias las cuales serán ratificadas por el fallo popular en las próximas elecciones para diputados y concejos municipales del año entrante. Por nuevos colores, símbolos y nombres que se pongan no podrán resistir el fallo inapelable de la historia y como se ha dicho ésta la escriben los pueblos.
El resentimiento de estos caducos y fósiles políticos adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, pues como ellos mismos lo están propalando, estudian un decreto para separar de sus cargos a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. El quinto es nada más un adefesio en esa estructura jurídica. Como lo hemos dicho hasta la saciedad, los corruptos y los reaccionarios no aceptan por gracia de las leyes que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales. Por lo tanto, el tacto y la prudencia de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional no deberán aliarse con la debilidad ni aminorar la energía con la cual debe imponerse el respeto a la ley. Por eso creemos que bien orientada y respaldada con inalterable firmeza, la organización de la sociedad civil puede convertirse en una útil experiencia para futuras batallas por el verdadero cambio en nuestra sociedad.
Por otra parte, el inesperado aumento de la delincuencia común y del crimen organizado, nos obliga a reiterar nuestra convicción de que fuerzas oscuras se mueven en el bajo mundo para tirar cortinas de humo y pretender desvirtuar el proceder de la Sala de lo Constitucional. Aquí no se trata de fortalecer acercamientos o diálogo entre los Órganos del Estado, se trata de que cada Poder cumpla exactamente con lo estipulado por la Constitución de la República. La Asamblea Legislativa debe cumplir con la función de legislar, decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias, elegir por votación nominal y pública al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y otros. Corresponde al presidente de la república: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, mantener la soberanía de la república y la integridad del territorio; procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad y otras atribuciones.
La Corte Suprema de Justicia tiene como atribuciones: conocer de los procesos de amparo; dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza; conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición; vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias, y otras atribuciones.
Por lo tanto, que atenuaría la supuesta confusión imperante, no sería un diálogo o un mayor acercamiento entre los tres poderes, sino, simplemente, que cada Órgano del Estado cumpla con sus atribuciones como lo hemos dicho en los párrafos anteriores. Aquí no se trata de dar un paso adelante, atrás, a la izquierda o la derecha, no, se trata de cumplir y hacer cumplir la ley, de modernizar el Estado, de hacer avanzar la democracia, y esto nada más se logra con el respeto de las leyes y de la Constitución de la República, algo que está haciendo muy bien la Sala de lo Constitucional; pero que no cumplen los partidos políticos claramente dominando a la Asamblea Legislativa y el mismo presidente de la república que por extrañas “razones” se está oponiendo a legítimas, legales, decisiones de la Sala de lo Constitucional.
Los factores que han definido desde su origen la supuesta “crisis” institucional (en la Corte Suprema de Justicia no existe crisis alguna en cuanto la Sala de lo Constitucional está procediendo apegada a las leyes de la república) han obligado al Tribunal Supremo Electoral a proceder a des inscribir a los partidos PCN y PDC, así como a la destitución de los magistrados del Tribunal Julio Moreno Niños y Oscar Morales, quienes habían sido ilegalmente nombrados por la Asamblea Legislativa. Es evidente para todos que “los cambios” producidos en el ente electoral son un primer paso para un mejor manejo de los asuntos electorales y quizás administrativos. Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de constituir un triunfo de la legalidad -- lo cual en nuestro país no es frecuente-- obliga a suponer que la actitud de las autoridades de máxima jerarquía judicial, pese al decreto 743 aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionado apresuradamente por el presidente de la república, que obliga a la Sala de la Constitucional a aprobar sentencias por unanimidad de cinco magistrados, intentan, así, una solución frontalmente distinta a la experimentada con tan impolíticos, amañados e ilegales fallos en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia.
En la medida en la cual la Sala de lo Constitucional siga una línea de imparcialidad serena y de firme exigencia del cumplimiento de la ley por tirios y troyanos -- desde luego por miembros de los Órganos Legislativo y Ejecutivo-- y en esta línea cuente con el apoyo decidido y permanente de distintos sectores, cuerpo de abogados, intelectuales y población en general, podemos tener esperanzas razonables de que la administración de justicia se encauce por el sendero correcto, por rutas de diálogo, de balance de intereses y de argumentos y no retorne a la confrontación de la desesperada rebeldía y revanchismo por parte de los inconformes, ubicados claramente en partidos políticos de la derecha y algunos dirigentes supuestamente “revolucionarios” del FMLN. Asimismo de la agresión regresiva y fascistoide de los sectores patronales y del fanatizado rebaño del clero más primitivo, reaccionario e intolerante del país.
La actitud resentida de los núcleos derechistas de los partidos políticos con la que fue recibida el fallo sobre la destitución de los magistrados peleles del Tribunal Supremo Electoral, así como el proceso de cancelación del PCN y PDC, es forzosamente transitoria. Lo decimos así porque a la larga se impondrá el decoro y la decencia . La supervivencia de tales partidos es una afrenta al mismo Estado de Derecho y un lujo oneroso que no puede prolongarse indefinidamente. Los reaccionarios y trogloditas que intentan “boicotear” los fallos de la Sala de lo Constitucional, muy pronto tendrán que darse cuenta que el pueblo salvadoreño aprueba y defiende las sentencias las cuales serán ratificadas por el fallo popular en las próximas elecciones para diputados y concejos municipales del año entrante. Por nuevos colores, símbolos y nombres que se pongan no podrán resistir el fallo inapelable de la historia y como se ha dicho ésta la escriben los pueblos.
El resentimiento de estos caducos y fósiles políticos adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, pues como ellos mismos lo están propalando, estudian un decreto para separar de sus cargos a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. El quinto es nada más un adefesio en esa estructura jurídica. Como lo hemos dicho hasta la saciedad, los corruptos y los reaccionarios no aceptan por gracia de las leyes que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales. Por lo tanto, el tacto y la prudencia de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional no deberán aliarse con la debilidad ni aminorar la energía con la cual debe imponerse el respeto a la ley. Por eso creemos que bien orientada y respaldada con inalterable firmeza, la organización de la sociedad civil puede convertirse en una útil experiencia para futuras batallas por el verdadero cambio en nuestra sociedad.
Por otra parte, el inesperado aumento de la delincuencia común y del crimen organizado, nos obliga a reiterar nuestra convicción de que fuerzas oscuras se mueven en el bajo mundo para tirar cortinas de humo y pretender desvirtuar el proceder de la Sala de lo Constitucional. Aquí no se trata de fortalecer acercamientos o diálogo entre los Órganos del Estado, se trata de que cada Poder cumpla exactamente con lo estipulado por la Constitución de la República. La Asamblea Legislativa debe cumplir con la función de legislar, decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias, elegir por votación nominal y pública al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y otros. Corresponde al presidente de la república: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, mantener la soberanía de la república y la integridad del territorio; procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad y otras atribuciones.
La Corte Suprema de Justicia tiene como atribuciones: conocer de los procesos de amparo; dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza; conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición; vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias, y otras atribuciones.
Por lo tanto, que atenuaría la supuesta confusión imperante, no sería un diálogo o un mayor acercamiento entre los tres poderes, sino, simplemente, que cada Órgano del Estado cumpla con sus atribuciones como lo hemos dicho en los párrafos anteriores. Aquí no se trata de dar un paso adelante, atrás, a la izquierda o la derecha, no, se trata de cumplir y hacer cumplir la ley, de modernizar el Estado, de hacer avanzar la democracia, y esto nada más se logra con el respeto de las leyes y de la Constitución de la República, algo que está haciendo muy bien la Sala de lo Constitucional; pero que no cumplen los partidos políticos claramente dominando a la Asamblea Legislativa y el mismo presidente de la república que por extrañas “razones” se está oponiendo a legítimas, legales, decisiones de la Sala de lo Constitucional.
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