El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como no podía ser de otro modo, canceló a los partidos Conciliación Nacional y Demócrata Cristiano, acatando la sentencia de la Sala de lo Constitucional que había declarado inconstitucional un fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia, pues en las elecciones de 2004 ninguno de esos institutos políticos había obtenido el 3% de los votos válidos, como señala el Código Electoral, para continuar participando en distintos comicios electorales.
Era evidente una vez estudiada la sentencia de la Sala de lo Constitucional y comprobada la imposibilidad legal y jurídica de sobre vivencia, que el Tribunal Supremo Electoral decidiera por mayoría (tres votos a dos) proceder a la cancelación de estos dos partidos políticos, que muy poco o nada han aportado al desarrollo de la incipiente democracia del país. Desde luego, el fallo no ha sido tan fácil pues han tenido que bregar contra intereses encontrados, sobre todo de la derecha tradicional tan dada al gamberrismo político y a los mismos dirigentes de estos partidos acostumbrados por años a vivir de la teta del Estado.
No todo desde luego está resuelto. Es rasgo de una política tan conciliadora dar por resueltos problemas que nada más quedan pendientes. En estos días, restan por resolver fallos pendientes de la Sala de lo Constitucional como anular el decreto legislativo que permite votar por banderas y en listas cerradas, en clara oposición a una sentencia anterior emitida por esa misma Sala. También es de esperar que sea decretado inconstitucional ese recurso perverso de nombrar la mayoría de diputados por residuos y cocientes, irrespetando la voluntad de la mayoría de votantes.
La política que comentamos, así como la serie de argucias de los partidos políticos, nos lleva a pensar que la anulación del PDC y el PCN apenas “resuelve” agudas contradicciones en el mismo seno de la derecha partidaria o partido-cracia como le llaman analistas y observadores de la política nacional. Suscitará, al contrario, mayores inconformidades, como hemos visto con las torpes declaraciones del señor Rodolfo Parker, Secretario General del difunto PDC, quien acusa al FMLN de haber maniobrado e influido para la cancelación de su instituto político. Asimismo, la carrera contra el tiempo que han emprendido para recolectar firmas y presentarlas al TSE para la inscripción de “nuevos” Partidos, pero con siglas, colores y logotipos similares. Esto no ayuda a mejorar aires políticos llenos del smog de la corrupción.
Por el contrario, cancelados partidos políticos ilegales, uno pensaría que el proceso de armonía y legitimidad debe continuar para consolidar la democracia. Y la tarea como todos se imaginan es lograr mayor transparencia y participación de sectores organizados o no en los procesos electorales. En este mismo apartado entran los fallos y las sentencias emitidas o por tener curso legal de la Sala de lo Constitucional, que son bien mirados y hasta sinceramente aplaudidos por distintos sectores de la vida nacional. La mayoría de reputados abogados constitucionalistas del país han dado su veredicto final: las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional son correctas y apegadas totalmente a las leyes y a la Constitución de la República. Pero sí esos esfuerzos se quedan en la fase simplemente declaratoria, el engranaje de la peculiar política podría moverse con los obvios resultados de impaciencias y aberraciones políticas que pueden desembocar en hechos prácticos de desestabilización y hasta de violencia.
No ocurre lo mismo con los nuevos funcionarios nombrados en la Corte de Cuentas de la República: el inicio no ha sido correcto pues los tres magistrados tienen procesos pendientes tanto en la misma Corte como en la Fiscalía General de la República. Asimismo, uno de ellos es presidente del partido GANA y de entrada hay motivos suficientes para pensar que no se avanzará mucho en la investigación de los múltiples casos de corrupción. Sucedió lo mismo con la elección del Fiscal General de la República y ya todos conocemos que no avanzan en nada los casos pendientes. Aquí se da aquello de la simple remoción de unos incapaces y sometidos a grandes intereses económicos para el advenimiento de otros, con iguales o superiores compromisos. ¿Verdad señor Rovira?
Tanto en la Fiscalía General de la República, como en la Corte de Cuentas, no se ha limpiado de smog el contaminado aire institucional, de tal forma que no hemos avanzado nada, simplemente han prevalecido los fuertes intereses de los partidos políticos, incluyendo al FMLN. En principio creímos ingenuamente que se intentaba encarar el problema en su conjunto y que se buscaban a fondo y en serio soluciones adecuadas para que haya un mínimo de tranquilidad en la población y que la transparencia de esas instituciones serviría, como lo hemos dicho, para investigar los múltiples casos de corrupción, por cierto bien documentados y presentados por funcionarios del actual régimen a la Fiscalía General de la República.
No hemos avanzado nada: heredamos viejas injusticias agravadas, turbios negocios y conocimiento exacto de licitaciones amañadas, casos de corrupción alarmantes. Lo ilustra el hecho de un ex ministro de Salud Pública, actualmente detenido y acusado con pruebas contundentes de desfalcos, abusos de autoridad y corrupción en manejos de fondos públicos. Existen las denuncias presentadas por los titulares de Obras Públicas, Gobernación, Salud Pública e Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hay muchos casos más. Pero empeñarse en caminar al filo de la navaja, puede resultar que no se camine en absoluto.
Era evidente una vez estudiada la sentencia de la Sala de lo Constitucional y comprobada la imposibilidad legal y jurídica de sobre vivencia, que el Tribunal Supremo Electoral decidiera por mayoría (tres votos a dos) proceder a la cancelación de estos dos partidos políticos, que muy poco o nada han aportado al desarrollo de la incipiente democracia del país. Desde luego, el fallo no ha sido tan fácil pues han tenido que bregar contra intereses encontrados, sobre todo de la derecha tradicional tan dada al gamberrismo político y a los mismos dirigentes de estos partidos acostumbrados por años a vivir de la teta del Estado.
No todo desde luego está resuelto. Es rasgo de una política tan conciliadora dar por resueltos problemas que nada más quedan pendientes. En estos días, restan por resolver fallos pendientes de la Sala de lo Constitucional como anular el decreto legislativo que permite votar por banderas y en listas cerradas, en clara oposición a una sentencia anterior emitida por esa misma Sala. También es de esperar que sea decretado inconstitucional ese recurso perverso de nombrar la mayoría de diputados por residuos y cocientes, irrespetando la voluntad de la mayoría de votantes.
La política que comentamos, así como la serie de argucias de los partidos políticos, nos lleva a pensar que la anulación del PDC y el PCN apenas “resuelve” agudas contradicciones en el mismo seno de la derecha partidaria o partido-cracia como le llaman analistas y observadores de la política nacional. Suscitará, al contrario, mayores inconformidades, como hemos visto con las torpes declaraciones del señor Rodolfo Parker, Secretario General del difunto PDC, quien acusa al FMLN de haber maniobrado e influido para la cancelación de su instituto político. Asimismo, la carrera contra el tiempo que han emprendido para recolectar firmas y presentarlas al TSE para la inscripción de “nuevos” Partidos, pero con siglas, colores y logotipos similares. Esto no ayuda a mejorar aires políticos llenos del smog de la corrupción.
Por el contrario, cancelados partidos políticos ilegales, uno pensaría que el proceso de armonía y legitimidad debe continuar para consolidar la democracia. Y la tarea como todos se imaginan es lograr mayor transparencia y participación de sectores organizados o no en los procesos electorales. En este mismo apartado entran los fallos y las sentencias emitidas o por tener curso legal de la Sala de lo Constitucional, que son bien mirados y hasta sinceramente aplaudidos por distintos sectores de la vida nacional. La mayoría de reputados abogados constitucionalistas del país han dado su veredicto final: las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional son correctas y apegadas totalmente a las leyes y a la Constitución de la República. Pero sí esos esfuerzos se quedan en la fase simplemente declaratoria, el engranaje de la peculiar política podría moverse con los obvios resultados de impaciencias y aberraciones políticas que pueden desembocar en hechos prácticos de desestabilización y hasta de violencia.
No ocurre lo mismo con los nuevos funcionarios nombrados en la Corte de Cuentas de la República: el inicio no ha sido correcto pues los tres magistrados tienen procesos pendientes tanto en la misma Corte como en la Fiscalía General de la República. Asimismo, uno de ellos es presidente del partido GANA y de entrada hay motivos suficientes para pensar que no se avanzará mucho en la investigación de los múltiples casos de corrupción. Sucedió lo mismo con la elección del Fiscal General de la República y ya todos conocemos que no avanzan en nada los casos pendientes. Aquí se da aquello de la simple remoción de unos incapaces y sometidos a grandes intereses económicos para el advenimiento de otros, con iguales o superiores compromisos. ¿Verdad señor Rovira?
Tanto en la Fiscalía General de la República, como en la Corte de Cuentas, no se ha limpiado de smog el contaminado aire institucional, de tal forma que no hemos avanzado nada, simplemente han prevalecido los fuertes intereses de los partidos políticos, incluyendo al FMLN. En principio creímos ingenuamente que se intentaba encarar el problema en su conjunto y que se buscaban a fondo y en serio soluciones adecuadas para que haya un mínimo de tranquilidad en la población y que la transparencia de esas instituciones serviría, como lo hemos dicho, para investigar los múltiples casos de corrupción, por cierto bien documentados y presentados por funcionarios del actual régimen a la Fiscalía General de la República.
No hemos avanzado nada: heredamos viejas injusticias agravadas, turbios negocios y conocimiento exacto de licitaciones amañadas, casos de corrupción alarmantes. Lo ilustra el hecho de un ex ministro de Salud Pública, actualmente detenido y acusado con pruebas contundentes de desfalcos, abusos de autoridad y corrupción en manejos de fondos públicos. Existen las denuncias presentadas por los titulares de Obras Públicas, Gobernación, Salud Pública e Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hay muchos casos más. Pero empeñarse en caminar al filo de la navaja, puede resultar que no se camine en absoluto.
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