Con este asunto de la “detención” de altos militares para supuestamente ser juzgados por el asesinato contra seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, es obvio que sólo la definición precisa de una política interna decidirá si tenemos una actitud para el escaparate internacional y otra para consumo dentro de nuestras fronteras o si una y otra se identifican y complementan.
Hasta el día de hoy lo único observable es la confusión, el debate estéril, las posiciones encontradas, el engaño, las amenazas y las campañas mediáticas para defender lo indefendible y llevar temor a la población, pues, se afirma, una extradición de los militares para ser juzgados por tribunales españoles “sería una violación a la Constitución” y una “amenaza grave a la paz y a la reconciliación”, lograda luego de la firma de los Acuerdos de Paz.
Las instituciones jurídicas y policiales directamente involucradas en este asunto, no tienen forma de equivocarse ni llamarse a engaño: únicamente cumplir con las leyes, los principios vigentes y los tratados y convenios firmados por el Estado salvadoreño sobre la extradición y los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y no son protegidos por ninguna ley de amnistía. Por lo tanto, sólo una interpretación lógica y coherente tanto de las leyes internas como de los tratados internacionales, permitirá que El Salvador adelante en ese proceso tantas veces retardado del justo cumplimiento de deudas pendientes con los familiares de las víctimas. No se trata nada más de “pedir perdón”, sino de llegar al fondo de los hechos y hacer prevalecer la justicia para lograr estabilidad y una paz duradera.
Con lo sucedido hasta ahora -- militares acusados protegidos en un cuartel, magistrados excusándose de participar en Corte Plena, nombramiento de abogados defensores, torpes pronunciamientos de cúpulas empresariales e intervenciones de políticos interesados-- advertimos un afán apenas oculto de tranquilizar a ciertos sectores más decididos a defender los privilegios y los halagos que configuran la desviación y las frustraciones jurídicas y que ahondan cada día el abismo entre aquellos a los que fácilmente se aplica la ley y los poderosos que por cualquier medio evaden toda responsabilidad punitiva. La frase de Ciro Alegría será siempre puntual: la justicia es una serpiente que sólo muerde a los descalzos.
Quizá no sea exagerado entonces afirman que en el modo y manera en las cuales la Corte Suprema de Justicia, la Cancillería y los juzgados respectivos definan sus próximos pasos (hacer valer la ley y cumplir fielmente con los tratados internacionales), han de basarse el juicio y el carácter histórico del hacer político y jurídico de este país. Hasta hoy no encontramos motivos para suponer un ajuste resuelto, audaz, efectivo, sobre este hecho en que hay evidencias claras de participación en el atroz asesinato colectivo, en que ciertamente se causaron lesiones permanentes a la humanidad. No por menos grave se realizó el proceso de Nuremberg cuando en años 45-46 se juzgaron y condenaron a militares y civiles nazis acusados de crímenes de lesa humanidad.
Se insiste en que nuestra Constitución es la suma de las definiciones, la síntesis de nuestros programas, la clave de todas las soluciones. Pero la sacralización de nuestros mandatos constitucionales, omnipotentes en la retórica y tan despreciados en nuestra realidad permanente, permiten lo mismo las equivocadas interpretaciones como la aplicación interesada para proteger la impunidad. A lo largo de los años se ha reformado -- menos los llamados artículos pétreos, más que todo lo referido a la territorialidad y la forma de gobierno-- para “garantizar” o hacer “más funcionales” las elecciones, la entrega de parcelas de tierras, nuevos impuestos y otros. Con el asunto de la Reforma Agraria nunca se pudo doblegar la impunidad y el poder de los terratenientes y por ello el agrarismo es sólo adorno retórico en las leyes secundarias y olvido de los gobernantes.
Con todo, la experiencia reiterada forja convicción entre los salvadoreños de que la política nacional puede cambiar de rumbo sin alterar los textos legales. Lo estamos viendo con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de permitir candidaturas no partidarias y listas abiertas con fotografías y nombres para que los ciudadanos puedan escoger libremente por quién votar. ¿Sucederá lo mismo con este caso de los jesuitas? Es decir, ¿se permitirá a la Corte Plena emitir un fallo apegado al derecho nacional e Internacional? ¿Todo ello sin hablar de injerencia externa o violación de la Constitución? Todo está por verse.
Decir, pues, que nada cambiará porque tenemos una Constitución, es sólo un transitorio recurso político sin compromiso de real validez. A la hora de los “lamentos” volvemos a escuchar esa tesis. Y no faltan quienes puedan interpretar esa repetición como un tranquilizante para los poderosos magnates de la Iniciativa Privada, asustados hasta el pánico luego de conocerse el proceso judicial seguido en España y la alerta roja decretada por la INTERPOL para capturar a los implicados en el asesinato colectivo de los sacerdotes jesuitas. ¿Y por qué el temor, sí tantas veces los hemos visto exigir respeto a las leyes y al Estado de Derecho? Debemos recordar, lo dice la investigación seria y documentada de la Comisión de la Verdad, que muchos “respetables” miembros de la oligarquía y la burguesía salvadoreña fueron fundadores y patrocinadores de los Escuadrones de la Muerte, responsables de miles de asesinatos contra ciudadanos salvadoreños.
Si al final del camino, nada más se emite sentencia para tranquilizar a determinados sectores interesados de la sociedad salvadoreña, tanto la política nacional como el engranaje jurídico con todo y Constitución y leyes secundarias, no serán sino un bello sueño convertido una vez más en frustración histórica.
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