¿Qué clase de sistema o de gobierno tenemos actualmente en El Salvador? ¿Se habrá producido un mínimo cambio en las relaciones entre Estado y pueblo desde la asunción del FMLN al “poder” político? ¿Han permitido “las nuevas relaciones” una investigación exhaustiva de los dineros defraudados a la economía nacional y los debidos procesos a las personas jurídicas y naturales responsables de tales delitos? En los sucesivos regímenes del PCN y en los 20 años de Arena se protegieron a las clases pudientes, se permitieron las licitaciones amañadas, el contrabando y las evasiones fiscales ¿se habrán erradicado tales prácticas con el gobierno “del cambio”?
Todo parece indicar lo contrario. Las tan lamentables como persistentes realidades del sistema político salvadoreño no permiten el análisis público de todos los factores que coinciden en contingencias como las surgidas con el rechazo a la construcción de presas hidroeléctricas y también con la serie de fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya no digamos los lamentables resultados que permitieron, al menos por esta vez, a altos militares “escapar” de la justicia por los abominables crímenes cometidos contra seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.
Se tratan con el mismo rasero inconformidades de diversos sectores populares, expresadas con lealtad y franqueza, como las manifestaciones de los profesores y trabajadores de las maquilas y, por el otro, las conspiraciones subterráneas, oscuras y calenturientas de las cúpulas empresariales, lo mismo las absurdas y reiteradas demandas de los transportistas, cómplices y autores directos de las muertes de cientos de salvadoreños en accidentes de tránsito, tanto por la irresponsabilidad de los conductores como por el mal estado de los autobuses y microbuses.
En las tempestades formadas por el intento del gobierno de establecer un impuesto a las “grandes empresas” para invertirlos en seguridad, así como en el fracasado impuesto al patrimonio, se siguió, desde la esfera gubernamental, el mismo lamentable sistema. Se dijo y se reiteró que “intereses mezquinos se oponían a lograr la estabilidad del país”; pero no se ejecutó ningún plan para materializar la propuesta; por el contrario, se continuó en ese camino de ceder y conversar, como lo ha expresado en reiteradas oportunidades el señor Francis Hasbún, Secretario de Asuntos Estratégicos (¿?) o Súper Ministro, como lo llaman otros.
No se ha convencido a nadie. Tampoco se han exhibido atingencia y honestidad política para separar los impulsos espontáneos de la “conspiración” al servicio de los intereses más perversos de esta sociedad. Sin embargo, los actos delincuenciales han continuado creciendo y el crimen organizado se manifiesta más fuerte que nunca con el trasiego incesante de drogas por los diferentes puntos fronterizos del territorio nacional. Contra este mal no hay fuerza del bien que se imponga, tampoco planes y repetidas reuniones de los miembros del gabinete de seguridad, o esos llamados vehementes a cerrar filas o lograr la unidad para combatir ese y otros flagelos.
Toda alianza popular (no sólo el llamado a la iniciativa privada y los partidos políticos) es un impulso consciente, razonado de los diversos sectores de la comunidad nacional en torno a un gobierno para fines concretos. Esa unidad se configura con actos concretos como podría ser la decisión de imponer el impuesto a la seguridad y llevar a los tribunales a todos los responsables de elusión y evasión fiscal, además de todos los hechos de corrupción comprobados y debidamente documentados. Muchos de esos expedientes descansan en los escritorios de funcionarios de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia.
La demagogia, la servil unanimidad, la ausencia de precisión de los cuadros oficialistas no ayudan sino estorban a esa pretendida unidad popular, cada día menos viable en la medida en que la indecisión gubernamental se hace más patente en acciones contra la misma población. El ex presidente Lula, de Brasil, con la sabiduría de un “viejo zorro”, lo expresó en su última visita al país: “la mejor inversión social de un gobierno es gobernar para los pobres de su pueblo”. A pocas palabras, buenas entendederas.
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