El presidente de Bolivia, Evo Morales, en uno de los primeros actos de su gobierno, decretó una disminución de salarios para todo su gabinete, acto bien recibido por sus funcionarios y desde luego por el pueblo. Asimismo, se procedió a investigar el enriquecimiento inexplicable de todos los funcionarios de regímenes anteriores. Los casos comprobados llevaron a seguir procesos a los responsables. En el país andino como en muchos otros de América existen verdaderas oficinas de probidad a la cual tienen acceso todos los ciudadanos que quieran comprobar a cuánto ascienden los ingresos reales, honestamente percibidos, de los servidores públicos.
En nuestro país, El Salvador, pues, para quienes nos leen en otras partes del mundo, existen por leyes de la república, una oficina de probidad en la Corte Suprema de Justicia y la supuesta controlaría, es decir la Corte de Cuentas, además de la Fiscalía General de la República; pero una cosa es “existir” y otra muy distinta funcionar. Para poder distinguir entre lo bien y lo mal habido es necesario informar al pueblo a cuánto ascienden los ingresos reales, los normales, de los Ministros, subsecretarios, oficiales mayores, directores y más en las esferas gubernamentales; pero aquí vamos del asombro al estupor: muchos alcaldes, con sueldos no mayores de dos mil dólares mensuales, cuando se retiran de sus cargos, estrenan mansiones en zonas exclusivas, así como aparecen manejando lujosos carros e invitando a sus amigos a ranchos en la playa o quintas en zonas montañosas.
Las tales dependencias gubernamentales como las citadas, existen para que las personas entrantes a cargos públicos declaren honestamente sus bienes; lo mismo al retirarse de sus puestos. Sólo publicando y dando a conocer el monto de las percepciones reales de los altos funcionarios se podrá saber (o deducir) si sus fortunas son el resultado de su personal corrupción, o si son simple consecuencia del funcionamiento “normal” del sistema. Muchos ex presidentes de la república amasaron durante su gestión cuantiosas fortunas, las cuales disfrutan en el presente viviendo como sultanes en otros países. La ley debiera aplicarse por igual para todos; pero no hemos sido equitativos en éste ni en otros rubros. El que roba madera para su cocina en grandes haciendas es capturado y condenado a purgar varios años; pero los que han exprimido las arcas del Estado y hecho desfalcos, grandes hechos de corrupción, simplemente disfrutan de esos dineros sin ser investigados, mucho menos castigados. Las arcas siguen abiertas para ellos y otros de su misma calaña.
Muchos de esos “señalados” hasta se defienden públicamente y retan a sus acusadores a que prueben los delitos cometidos; puede muy bien suceder que en vista de los altos sueldos, compensaciones, prestaciones y partidas especiales para “gastos” de todo tipo (lo ven ustedes todos los días con los señores diputados, ministros y otras especies), los altos funcionarios perciban “honesta” y “explicablemente” ingresos estratosféricos. Puede también suceder que, en algunos casos, los mejores sin duda, la obtención de tales ingresos no esté siendo el móvil principal de los ciudadanos que llegan a ocupar altos cargos en la burocracia. Puede suceder que efectivamente en algunos casos exista un verdadero interés por servir a la colectividad. Es posible que, aun en El Salvador, se den casos de este tipo. Sería la excepción, no la regla.
En estas condiciones, la perceptible mayor capacidad económica, o si se quiere el “enriquecimiento” relativo, de los altos funcionarios no sería estrictamente resultado de su deshonestidad o corrupción personal. Sería sólo la manifestación de que les tocó disfrutar la mejor parte dentro de un sistema in equitativo e injusto. En estos casos, la dimensión moral y el grado de convicción social de los funcionarios se reflejaría en su disposición potencial para aceptar un menor ingreso real (menores prestaciones y prebendas) en pago a sus mismas actividades. Se pide austeridad y sacrificio al pueblo y a la clase media. Sin embargo, tales peticiones no alcanzan a los sectores económicamente poderosos, mucho menos el gobierno que no da muestras de tener intenciones de predicar con el ejemplo. Así no hay forma de tener la autoridad moral para imponer cargas fiscales adicionales y restricciones económicas a la población.
Decir que se va a castigar a los funcionarios deshonestos no es suficiente. Perseguir el llamado enriquecimiento “inexplicable” es (o debería ser) sólo un primer paso en la lucha contra la corrupción. Las mismas dirigencias políticas ahora que se acercan nuevas elecciones para alcaldes y diputados, deberían evaluar con honestidad a todos sus potencias candidatos, desechar a los corruptos y postular a personas probas y que han demostrado a lo largo de sus años comprobada disposición a servir y no a servirse de su cargo. Lamentablemente sería como pedir “peras al olmo”, pues muchos dirigentes tienen “la cola pateada” o se han caracterizado por ocultar a los corruptos y a la corrupción.
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