Se discute en estos días la aprobación de una Ley sobre el Derecho a Respuesta y una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, temas tabú para los “grandes” medios de difusión, pues siempre han contado con toda clase de protección desde la pública a la privada para criticar, distorsionar las noticias, lanzar campañas mediáticas o simplemente violar la intimidad de las personas naturales o jurídicas.
En otros países con instituciones más avanzadas, Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra, existen Códigos de Honor y leyes para proteger a las personas agraviadas, siempre y cuando existan atenuantes y se compruebe la culpabilidad de un medio de comunicación, de un periodista, editor o director. Hace apenas unas semanas, para el caso, las autoridades judiciales de Ecuador han condenado a prisión y al pago de una millonaria suma de dinero a un periódico acusado de difamar y dañar la integridad del presidente Rafael Correa. En este hecho, se comprobaron todos los cargos y a pesar de las protestas de la Sociedad Interamericana de Prensa (vale decir un club de propietarios de periódicos de América Latina), el proceso legal se está cumpliendo.
En este punto vale la pena preguntarse ¿qué línea deben seguir los gobiernos, la de las palabras o la de los actos legales o ilegales de la prensa?
En una sociedad verdaderamente plural que repruebe la falta de libertad existente en otros países, todos debemos estar dispuestos a defender el derecho de nuestros opositores ideológicos a proclamar su verdad. A hacerla valer públicamente como nosotros hacemos valer la nuestra. Tantas veces existen rechazos o cierta incomodidad a aceptar los designios y los razonamientos del adversario. Los políticos, por ejemplo, creen todos tener la razón y descalificar fácilmente a su adversario. Se esgrimen toda clase de argumentos y muchas veces se acude a los abogados para “defender” determinadas posiciones.
No es tan fácil hacer valer la verdad y determinados puntos de vista. Esto no es posible, por ejemplo, cuando un alto funcionario como el alcalde metropolitano de San Salvador o el subdirector de la policía, son los encargados de calificar políticamente y por anticipado toda manifestación colectiva, y son quienes deciden -- no la ley y las normas vigentes-- si los posibles concurrentes pueden o no ejercer su derecho a reunión, una facultad restrictiva que la ley no concede ni aun a los más altos funcionarios políticos del gobierno, menos a un jefe policíaco.
En el país, luego de firmado el Acuerdo de Paz, gozamos, ciertamente, de toda libertad para decir, a condición de no actuar en defensa de lo que sostenemos. Vamos al caso contrario y otorguemos cierta credibilidad y razón al jefe de la comuna capitalina.
En estas condiciones, por mayor voluntad de pacificación, intenciones y concordia que le supongamos (en la práctica su conducta ha sido otra) ¿qué oportunidad tiene de realizar la limpieza y el ordenamiento del centro de San Salvador? Los datos y las reacciones de la sociedad le son desfavorables a menos que se alinee con los grandes comerciantes y vendedores estacionarios listos a ciertas componendas con el alcalde. A este funcionario lo necesitan sectores interesados como un instrumento ideal para aplastar toda protesta de los miles de vendedores de las calles céntricas de la capital. La ciudad debe presentar un rostro favorable y no ser un mercado al aire libre, ni mucho menos cerrar aceras y posibilidades de venta a los grandes centros comerciales. Tal el razonamiento de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, como de la misma alcaldía.
El alcalde Norman Quijano cuenta para sus diversas tareas con el apoyo incondicional de los medios de difusión. No importa el rechazo a sus propuestas de los mismos vendedores o de la masa de consumidores, aun de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El jefe edilicio está empeñado en “restañar” las heridas que dejó abiertas su antecesor y ha logrado ciertos entendimientos con sectores de vendedores ambulantes y estacionarios sobre las compensaciones y opciones exigidas; pero si no realiza una tarea altamente humana y responsable y sobre todo si el gobierno central no lo apoya para dar garantías a todas las expresiones y no encuentra una salida racional a tan delicado problema, don Norman tendrá serias dificultades para su reelección o sus no ocultas ambiciones de postularle como candidato presidencial para las elecciones del 2014.
El no tiene dificultad con derecho a respuesta o presentarse en cualquier programa radial o televisivo para exponer sus puntos de vista y su verdad. La cuestión está en saber si la lección y los resultados obtenidos en los madrugones para desalojar a los vendedores y los métodos empleados han sido valederos y moralmente han estado a la altura de un servidor público. Está por verse si el señor alcalde rectifica su conducta y da a sus proclamas de apertura democrática, de sociedad plural, de respeto a la Constitución, la eficaz validez de los actos. De otra suerte no podrá fortalecer sus aspiraciones presidenciales cuando no ha logrado robustez moral en su propia jurisdicción, y la caída de su publicitada popularidad y el ascenso de otro escaño serían simples actos de una misma comedia.
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