Cuando se legisla así, se legisla miseria, hambre y desgracias

Como vos sabes compatriota, tenía ratos de no acercarme a escribir un par de líneas en este monologo perpetuo que la vida me ha permitido, gracias a las grandes posibilidades que brinda el ciberespacio. Esta displicencia quizá se origina al observar a una clase política obstinada en seguir sirviéndose con la cuchara más grande y no dejar que el pueblo vea el verdadero cambio.

Desde la llegada del presidente Funes al poder la derecha contraria a él –hay otra derecha afín a su gestión y que mueve las decisiones del mandatario – dejó “cascaritas” en el transitar del gobernante para que su gestión fuera lo que es ahora, un tremendo fiasco – salvo contadas excepciones – y una desgracia que no tiene comparación. Es más, la gestión de Duarte se queda pachita en decepción y en algunos casos, en corrupción.

Este mecanismo de dejar cascaritas se pensó en las esferas en donde reside el verdadero poder salvadoreño, se realizó y se llevo a cabo desde la legislación con el contubernio de toda la derecha. Prueba de este nefasto mecanismo es que vía decreto dejaron pululando en las esferas del estado a muchos de sus cuadros, correligionarios y simpatizantes.

No es que deberían de echarlos a la calle por el solo hecho de pensar diferente, en estos tiempos del señor, muy pocos, pero muy pocos salvadoreños, coinciden ideológica o políticamente con el mandatario, y es que es obvio compatriota, a estas alturas no hay forma de entenderlo ya que lo que ahora afirma, con el pasar del tiempo le avisan o sugieren que hay que negarlo.

Pero regresando al tema de los que dejaron pululando en el gobierno, era necesario y es necesario que de las esferas del estado se borren a todos aquellos funcionarios “horas nalga”, los corruptos y los funcionarios incapaces, sean del partido que sean. Tampoco se vale que contraten con los fondos del estado a damitas de funcionarios, parentela y demás cuotas partidarias como se suele hacer. Eso compatriota no debería de seguir sucediendo y vos sabes que sigue, porque el “cambio” sigue.

Al observar lo legislado en esa “supuesta” casa del pueblo, rápidamente identificas que los beneficiados con los decretos son ellos mismos o una minoría afín al poder y que invariablemente se ha mantenido desde que somos república como los únicos que pueden decir que el gobierno trabaja para ellos. Eso explica por ejemplo, que el diputado D’aubuisson esté permanentemente protegiendo y beneficiando a las empresas importadoras de gas licuado o que el diputado Lovo esté protegiendo a los angelitos tras el volante del transporte público.

Observamos a un partido ARENA que no le quiere entrarle a la ley de medicamentos y como el FMLN no tiene vela económica en ese entierro, nos quieren hacer ver que ellos la impulsan porque nos beneficia a todos. Pero, cuando hay situaciones que afectan a los “izquierdistas” como el decreto 743, en donde ellos saben que ese decreto les habilita seguros para seguir subsistiendo como partido y no como una verdadera aspiración de cambio de cara al pueblo.

Todavía me cauda gracia que sigan algunos con pensamientos profundos citando a Ramonet o Chomsky, hablando de de luchas pasadas que al ponerlas en perspectivas y sopesar sus beneficios actuales de cara al pueblo no tuvieron razón de ser, ya que se deslegitimaron cuando se bajó de la montaña a ser parte de la garduña que la derecha en forma de migajas les lanzó.

Me da rabia escucharlos hablar de que el cambio continua y que este llegará total en el futuro, ya que en este instante no es políticamente correcto exigirle mucho a esta derecha que no sede y que cual caballo de Troya, le metió al pueblo al más derechistas de los gobernantes de las últimas cinco gestiones.

Es intolerable leer sus notas en donde instan a lucha de clases, siendo que ellos hoy son parte de esa clase que dicen combatir, vaya que paradójico. Viven a costillas de tus aspiraciones y sueños, en tremendas mansiones rodeados de cuanto lujo vos te podrás imaginar.

Y vos te preguntas ¿y para el pueblo qué? Para el pueblo decretos que lleven más miseria, hambre y sobre todo, más desgracias. Vos sabes que las desgracias de un pueblo tan vulnerable como el nuestro se vende bien en la comunidad internacional, oportunidad para hacer su agosto.

Me pregunto y te pregunto a vos ¿cómo tendrán los “guevos” o el descaro de presentarse en una tribuna a hablarnos de todas esas posibles aspiraciones, cuando ahora que es posible alcanzarlas no lo hace, todo por la cochina ambición de seguir jamando a costillas nuestras.

Kvernicola

No hay crisis, hay soberbia de los diputados

Los fallos y sentencias emitidas por la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, amparados en el Art. 174 que estipula “conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo…” han provocado reacciones y acciones de sectores interesados, sobre todo de cúpulas partidarias y de diputados supuestamente afectados por tales decisiones, como dicho está, enmarcadas dentro de las leyes de la república.

Los factores que han definido desde su origen la supuesta “crisis” institucional (en la Corte Suprema de Justicia no existe crisis alguna en cuanto la Sala de lo Constitucional está procediendo apegada a las leyes de la república) han obligado al Tribunal Supremo Electoral a proceder a des inscribir a los partidos PCN y PDC, así como a la destitución de los magistrados del Tribunal Julio Moreno Niños y Oscar Morales, quienes habían sido ilegalmente nombrados por la Asamblea Legislativa. Es evidente para todos que “los cambios” producidos en el ente electoral son un primer paso para un mejor manejo de los asuntos electorales y quizás administrativos. Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de constituir un triunfo de la legalidad -- lo cual en nuestro país no es frecuente-- obliga a suponer que la actitud de las autoridades de máxima jerarquía judicial, pese al decreto 743 aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionado apresuradamente por el presidente de la república, que obliga a la Sala de la Constitucional a aprobar sentencias por unanimidad de cinco magistrados, intentan, así, una solución frontalmente distinta a la experimentada con tan impolíticos, amañados e ilegales fallos en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia.

En la medida en la cual la Sala de lo Constitucional siga una línea de imparcialidad serena y de firme exigencia del cumplimiento de la ley por tirios y troyanos -- desde luego por miembros de los Órganos Legislativo y Ejecutivo-- y en esta línea cuente con el apoyo decidido y permanente de distintos sectores, cuerpo de abogados, intelectuales y población en general, podemos tener esperanzas razonables de que la administración de justicia se encauce por el sendero correcto, por rutas de diálogo, de balance de intereses y de argumentos y no retorne a la confrontación de la desesperada rebeldía y revanchismo por parte de los inconformes, ubicados claramente en partidos políticos de la derecha y algunos dirigentes supuestamente “revolucionarios” del FMLN. Asimismo de la agresión regresiva y fascistoide de los sectores patronales y del fanatizado rebaño del clero más primitivo, reaccionario e intolerante del país.

La actitud resentida de los núcleos derechistas de los partidos políticos con la que fue recibida el fallo sobre la destitución de los magistrados peleles del Tribunal Supremo Electoral, así como el proceso de cancelación del PCN y PDC, es forzosamente transitoria. Lo decimos así porque a la larga se impondrá el decoro y la decencia . La supervivencia de tales partidos es una afrenta al mismo Estado de Derecho y un lujo oneroso que no puede prolongarse indefinidamente. Los reaccionarios y trogloditas que intentan “boicotear” los fallos de la Sala de lo Constitucional, muy pronto tendrán que darse cuenta que el pueblo salvadoreño aprueba y defiende las sentencias las cuales serán ratificadas por el fallo popular en las próximas elecciones para diputados y concejos municipales del año entrante. Por nuevos colores, símbolos y nombres que se pongan no podrán resistir el fallo inapelable de la historia y como se ha dicho ésta la escriben los pueblos.

El resentimiento de estos caducos y fósiles políticos adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, pues como ellos mismos lo están propalando, estudian un decreto para separar de sus cargos a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. El quinto es nada más un adefesio en esa estructura jurídica. Como lo hemos dicho hasta la saciedad, los corruptos y los reaccionarios no aceptan por gracia de las leyes que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales. Por lo tanto, el tacto y la prudencia de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional no deberán aliarse con la debilidad ni aminorar la energía con la cual debe imponerse el respeto a la ley. Por eso creemos que bien orientada y respaldada con inalterable firmeza, la organización de la sociedad civil puede convertirse en una útil experiencia para futuras batallas por el verdadero cambio en nuestra sociedad.

Por otra parte, el inesperado aumento de la delincuencia común y del crimen organizado, nos obliga a reiterar nuestra convicción de que fuerzas oscuras se mueven en el bajo mundo para tirar cortinas de humo y pretender desvirtuar el proceder de la Sala de lo Constitucional. Aquí no se trata de fortalecer acercamientos o diálogo entre los Órganos del Estado, se trata de que cada Poder cumpla exactamente con lo estipulado por la Constitución de la República. La Asamblea Legislativa debe cumplir con la función de legislar, decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias, elegir por votación nominal y pública al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y otros. Corresponde al presidente de la república: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, mantener la soberanía de la república y la integridad del territorio; procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad y otras atribuciones.

La Corte Suprema de Justicia tiene como atribuciones: conocer de los procesos de amparo; dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza; conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición; vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias, y otras atribuciones.

Por lo tanto, que atenuaría la supuesta confusión imperante, no sería un diálogo o un mayor acercamiento entre los tres poderes, sino, simplemente, que cada Órgano del Estado cumpla con sus atribuciones como lo hemos dicho en los párrafos anteriores. Aquí no se trata de dar un paso adelante, atrás, a la izquierda o la derecha, no, se trata de cumplir y hacer cumplir la ley, de modernizar el Estado, de hacer avanzar la democracia, y esto nada más se logra con el respeto de las leyes y de la Constitución de la República, algo que está haciendo muy bien la Sala de lo Constitucional; pero que no cumplen los partidos políticos claramente dominando a la Asamblea Legislativa y el mismo presidente de la república que por extrañas “razones” se está oponiendo a legítimas, legales, decisiones de la Sala de lo Constitucional.

¿Cuál el rumbo en los próximos tres años?

La independencia o separación de los Poderes de un Estado garantiza la viabilidad y estabilidad de una democracia, al menos así lo entendía y lo escribió Montesquieu en el Espíritu de las leyes. Los diputados de la Asamblea Legislativa en El Salvador hablan mucho sobre los famosos pesos y contrapesos y el balance del poder; pero es nada más una burla y sarcasmo pues en la práctica, en la vida cotidiana, se dedican a aprobar leyes y a violar la Constitución, cuando se trata de impugnar a otros Órganos del Estado o legislar para favorecer a minorías poderosamente económicas.

Uno pediría cierto grado de coherencia en el quehacer político diario; pero es como pedirle peras al olmo; en el Ejecutivo, por ejemplo, se tiene la impresión de que no se está siguiendo una sola línea, recta, sino varias, sinuosas. Si está en la conciencia de todos que el primer problema nacional es, por el momento, el de detener el alza de los artículos de primera necesidad ¿cómo se puede compaginar eso con permanentes paros y reclamos en el sector público exigiendo aumentos salariales? O permitiendo a comerciantes sin escrúpulos acaparar y aumentar el costo de los alimentos. Lo mismo podríamos decir de los altísimos precios de las medicinas y, por supuesto, de la tarifa de luz eléctrica.

A los ojos de cualquiera salta a la vista que el alza de los artículos de primera necesidad y la exigencia de aumentos salariales, son incompatibles, que más prestaciones, más salarios y menos horas de trabajo inevitablemente significarán aumento, no rebaja, en los precios. Y si algunas empresas comerciales e industriales anuncian aumentos por la decisión del gobierno de “castigarlos” con el impuesto sobre la seguridad, ya estamos fritos y listos para el despeñadero. Los unos no quieren pagar su “estabilidad social” y el Ejecutivo no “los tiene bien” puestos para conducir al país a puerto seguro. En todo caso, ya ustedes leyeron las declaraciones del presidente de la república sobre la inviabilidad de hacer los cambios necesarios e indispensables para garantizar una sociedad equitativa y con justicia social. Todo esto, el abuso de los partidos políticos, las payasadas de los diputados, la cólera de las cúpulas empresariales y los malabarismos de los “altos” dirigentes del FMLN, causa la hilaridad de algunos, la desconfianza de muchos y el enojo de no pocos.

¿A qué vamos a atenernos? ¿Cuál va a ser, realmente, la política del gobierno para los próximos tres años? ¿Aumentos, que serán inseparables en los salarios y en el costo de la vida, o disminución en ambos, o por lo menos congelamiento? ¿Más dinero, dólares, circulante, más empleos (no me río porque tengo dolor de muelas), aunque eso permita el paso a la inflación, o congelamiento de precios, de salarios, de puestos, lo que producirá deflación, y también desempleo, incosteabilidad y cierre de negocios (de por sí hace ratos anunciado por los “patriotas” empresarios), y otra cauda de males, por lo menos tan graves como los que el encarecimiento produce, o probablemente más graves?

Vistas así la cosas, nadie en su sano juicio se atreve a vaticinar cuál será la consigna (fuera de unir, crecer e incluir), cuál será el camino que el señor presidente trace. Y hay que esperar, no moverse, no respirar, hasta escuchar nuevas declaraciones, creación de más comisiones y conocer de “novedosas” leyes promulgadas en la Asamblea Legislativa. Por cierto, de los ministros que tímidamente han estado opinando contradictoriamente, unos verán que estaban equivocados, y tendrán que modificar sus planes, para sujetarse a la “línea general” que haya se seguir el gobierno. O los que han ordenando el paro de obras (se ve así en el programa de viviendas populares y en la entrega de paquetes agrícolas y útiles escolares), la suspensión de contrataciones, la congelación de empleos, rectifican su política, y siguen en el derrame de dinero para “mejor redistribución de la riqueza nacional, o bien son los que anuncian mejorar económicas a sus empleados, y más puestos de trabajo, los que tienen que apretarse el cinturón y dejar las cosas como estaban. Lo que no parece posible es que unos hagan una cosa y unos cuantos otra.

Por fortuna el pueblo ya tiene claro cómo están procediendo los políticos, al menos son más los salvadoreños los enterados de la marcha de la cosa pública. Cuando el señor presidente llegó a la Asamblea Legislativa a leer el informe del segundo año de gestión, ya la mayoría conocía del mismo, no había nada milagroso de lo hecho, ni anuncios relevantes. En lo primero no había secreto alguno y quizás en lo segundo adivinar siquiera, cuáles van a ser las directrices de su administración hasta mayo del 2014. Entonces respiraremos con mayor comodidad, y sabremos que hacer, que todo tendrá su parte buena y su parte mala, su pro y su contra. Ir por un lado o por otro conducirá a lo mismo; pero es necesario saber qué camino se toma; en materia económica (para no meter aquí la materia política, ni otras materias), si vamos a tener inflación o deflación, si vamos a tener mucho dinero en circulación, sueldos altos, pocas horas de trabajo para cada trabajador y, consecuentemente, elevación, difícil de contener dentro de lo razonable, en todos los precios, o bien precios regulados, pero salarios congelados también, y desempleo. O pares nones. O una cosa u otra. Por lo pronto, ya sabemos del fracaso en la generación de empleos o en el control de la delincuencia y del crimen organizado. ¿Debemos festejar alguna cosita, ojalá pudiéramos hacerlos y gritar a los cuatro vientos que en verdad “este es el gobierno del cambio”.

Los payasos y sus contradicciones

¿Qué hacer para derrotar el abstencionismo y lograr mayor participación de los salvadoreños en las elecciones? ¿Bastará con buenas campañas institucionales o partidarias o simplemente con la simpatía de los candidatos a puestos públicos? Tradicionalmente, la campaña electoral previa a la renovación, cada tres años de los integrantes de la Asamblea Legislativa y de los Concejos Municipales es vista, en nuestro país, con generalizada indiferencia por los ciudadanos. El próximo año aumentará el ausentismo por la gravedad de errores cometidos por los partidos políticos y por la misma actuación de los diputados en la Asamblea.

En la actualidad el Tribunal Supremo Electoral ya comenzó con su campaña publicitaria, onerosa por cierto, encaminada a recordar al hombre de la calle, a los matrimonios, que deben cumplir con su tarea de elector, esto es, obtener el DUI, empadronarse y votar. El salvadoreño no es dueño de un alto espíritu cívico ni lo adornan virtudes electorales, desde siempre ha sido engañado por políticos sin escrúpulos y mafias partidarias. No existe en el compatriota una preocupada atención colectiva para advertir el estilo personal, pensamiento político, simpatías y alergias de los hombres y mujeres que asumirán sus cargos. La elección de los diputados y alcaldes no logra romper la indiferencia de los presuntos electores.

Muchos factores coinciden en esta situación. La Ley electoral, tan frecuentemente reformada, se hace al gusto de las cúpulas partidarias, verdadero poder oligárquico en el país. Ellos mantienen, más que el Tribunal Supremo Electoral, el control decisivo antes, durante y después de las elecciones. El reciente nombramiento del magistrado propietario y el suplente, son muestras fehacientes de lo afirmado. Arena advierte que el FMLN tiene el control absoluto de ese Tribunal. Bueno y ellos no lo tuvieron durante 20 años. ¿por qué quejarse ahora y poner el grito en el cielo? Simplemente porque se acostumbraron a manipular y alterar resultados electorales justamente desde el padrón electoral y la entrega masiva y repetida a la misma persona del Documento Único de Identidad. Y como dice el refrán popular “El que las usa se las imagina”.

Las abusivas reformas electorales, los abusos de poder, la partidocracia, la alteración de datos, la poca confianza que despierta el registro electoral, no son las únicas razones para el marcado abstencionismo que se combate con exhortos -- no siempre acertados-- por parte de actores contratados. No hay en el curso de ese proceso (propaganda y publicidad) una confrontación de programas, de sugestiones para resolver o atenuar algunos aspectos, siquiera, de la enmarañada y conflictiva problemática del país. La “guerra de las pancartas” con letreros sobre la “experiencia y conocimiento” de ciertos políticos, o las acusaciones de “incapacidad del partido en el gobierno”, son simplemente alusiones superficiales o apoyadas en la demagogia obvia sobre los precios altos, los “malos funcionarios” y generalidades de esa especie, agotan el material polémico y están a faltar los análisis y las distintas opciones que aíslen y precisen la naturaleza de los problemas mayores y se encaminen a su remedio. Parece haberse planteado -- y cumplido-- un pacto entre los partidos participantes para eludir toda cuestión de fondo y enmarcar la campaña previa dentro de límites que sólo admiten generalidades y abstracciones. Todo esto fortalece la indiferencia y afirma el abstencionismo.

De cierto las cúpulas partidarias también tienen sus particulares intereses: necesitan llevar a los cargos a personas de su confianza, no importando si adolecen de honradez o capacidad. Ello genera divisiones internas, fugas y resentimientos. Es obvio que corrientes de izquierda y de la derecha no encuentran, dentro de ese cuadro, sitio propio y mientras unos se estrellan ante la dificultad de cumplir los requerimientos legales para obtener el registro o la aceptación de determinados candidatos, otros han desdeñado oportunidades por desconfianza de las actuales “reglas del juego” tan unilateralmente inspiradas a favor del partido oficial y también de la oposición. Al menos se desprende de las declaraciones de voceros oficiosos.

Los salvadoreños nada más observan: no tienen voz ni voto en estas discusiones estériles, pues saben perfectamente que las cúpulas partidarias nada más buscan sus propios intereses. No tienen confianza en dirigentes políticos, mucho menos en personeros del PCN, de la Democracia Cristiana o de GANA. Consecuencia de este círculo vicioso es que la oposición vehemente no pueda desahogarse en el proceso de una campaña electoral y en su desesperación no encuentran otra vía que tratar de superar por artificiosos, mañas jurídicas y extrañas alianzas, sentencias perfectamente justificadas y legalmente dictaminadas por la Sala de lo Constitucional. Distinto es asistir a las torpezas del Tribunal Supremo Electoral o las particulares negligencias de la misma Fiscalía General de la República. Decidir, después de un sereno y pormenorizado análisis, si esa sentencia de la ilegalidad es consecuencia de la rigidez de los controles electorales o de simple aventurerismo político, debiera ser una de las aleccionadoras preocupaciones del poder público.

La indiferencia y el abstencionismo nada más se combate con partidos políticos y dirigentes honrados y capaces, con programas o planes de gobierno bien elaborados y sustentados, con procesos electorales democratizados, con un Órgano Legislativo más consciente de sus responsabilidades constitucionales y que exponga realmente, las variadas y opuestas corrientes políticas del país. Los acuerdos bajo la mesa, los engaños y las acciones inconstitucionales nada más nos retratan ante el mundo entero con los payasos del escenario de las incomprensiones y veleidades.

Cantemos un réquiem por el FMLN

El llameante fuego idealista a cuyo culto miles de salvadoreños fueron sacrificados, se extinguió por la voracidad y la ambición de los que alguna vez se llamaron revolucionarios.

Hemos llegado a un punto sin retorno, el descaro y el cinismo son las grandes virtudes, los valores más altos de las cúpulas partidarias. Se pasa sobre las leyes y la Constitución de la República es letra muerta, una declaración de principios quizás para tiempos mejores. No pretendo desconocer ciertas virtudes de la así llamada Carta Magna, así como de la “separación de poderes”, como tantos afirman, creo ha sido un medio importante para mantener la tranquilidad de la nación; pero esto se ha logrado -- sin duda-- sacrificando el espíritu cívico del salvadoreño, apartando a mucho de los mejores hombres de la patria y, lo que es más importante, manteniendo, en cambio, una larga sucesión de insaciables, inmorales sujetos al frente de instituciones creadas para proteger los intereses del Estado, del pueblo.

¿Cómo llamar o calificar semejante nombramiento del titular y los magistrados suplentes de la Corte de Cuentas o del Tribunal Supremo Electoral? La Corte de Cuentas fue creada, según el Art. 195, inciso 1º, de la Constitución, para vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo determine; también, inciso 2º, para aprobar toda salida de fondos del tesoro público, de acuerdo con el presupuesto; intervenir en todo ACTO QUE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA AFECTE AL TESORO PUBLICO O AL PATRIMONIO DEL ESTADO, Y REFRENDAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS A LA DEUDA PUBLICA.

El Art. 198 de la misma Constitución señala que “El Presidente y los Magistrados de la Corte de Cuentas deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de treinta años, DE HONRADEZ Y COMPETENCIAS NOTORIAS; ESTAT EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE CIUDADANO Y HABERLO ESTADO EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A SU ELECCIÓN. Sin embargo, el nuevo Presidente de la Corte de Cuentas, Marco Gregorio Sánchez Trejo y los dos nuevos Magistrados Andrés Rovira y Javier Bernal, tienen juicios abiertos en el Órgano Contralor y en la Fiscalía General de la República. Por lo demás, Rovira es el actual presidente del partido GANA y un servidor incondicional del ex presidente Antonio Saca. Asimismo, es incapaz, intrigante y sin instrucción notoria alguna.

Si la situamos dentro de la pura mecánica política, la existencia de ese Órgano especializado del Estado, puede tener justificación y validez, pero en lo que respecta a la formación cívica y moral del salvadoreño, de la vigilancia de los fondos públicos, de los miembros que la integran, es un verdadero desastre. No hemos aprendido de la experiencia, ni de los años de ignominia, cuando el Partido de Conciliación Nacional (PCN) se mantuvo por más de 40 años al frente de la institución, protegiendo corruptos y sirviendo de tapadera para los más oscuros y siniestros propósitos. Si existe en El Salvador eso que Chomsky ha llamado la “elite moral”, única que despierta ecos en las generaciones jóvenes y en alto grado las modela, es evidente que no forma parte del ahora partido oficial y que tristemente por un plato de lentejas se ha vendido al mejor postor.

¿Cómo puede sorprendernos así el crecimiento del número de quienes desdeñan las funciones electorales? Si los mismos partidos políticos en clara flagrancia constitucional han aprobado reformas electorales para votar por banderas partidarias, contraviniendo la sentencia dada en su momento por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no le pueden pedir a los salvadoreños concurrir masivamente a las elecciones para otorgarles confianza, fe y esperanza en el futuro. El grupo silencioso del desprecio deberá aumentar en los comicios del próximo año. Frente a esta atonía del espíritu cívico, el Tribunal Supremo Electoral gasta millones de dólares para que los ciudadanos se registren y ensaya métodos más o menos disimulados de presión para que lo hagan. Recursos dirigidos al fracaso, porque lo que se ha desvanecido es el prestigio del voto y la mínima credibilidad de uno o dos partidos políticos; es más el llameante fuego idealista prometido por el FMLN a cuyo culto miles de salvadoreños fueron sacrificados, se extinguió.

Sin ceremonias solemnes, sin gloria, la vieja política romántica, con sus odios, su sangre, pero también sus relámpagos e iluminaciones, ha muerto. Valdría la pena cantar un réquiem por esa pasión, peligrosa como toda pasión, que por lo menos un día debe estremecer el alma del hombre. No es posible que en apenas tan pocos años se tuerzan las cosas, se pretenda engañar al pueblo como en su momento lo hicieron los dirigentes del Pro Patria del dictador Maximiliano Hernández Martínez, o sus seguidores del PRUD, del Conciliación Nacional y de Arena. La cúpula del FMLN ha descendido a los peores niveles del cinismo y el descaro, no se pueden pactar ni hacer alianzas con los enemigos del pueblo, con los corruptos y con todos aquellos que nada más buscan sus intereses particulares y proteger los intereses de la oligarquía. ¿Dónde quedaron los grandes ideales? ¿Dónde los propósitos y la sagrada misión por la cual miles de salvadoreños abrazaron una bandera, un himno de esperanza y redención?

Se habla hoy con insistencia de una nueva forma de vida, de un cambio seguro, de hacer mejor las cosas, de una manera diversa de cumplir el quehacer del partido y hasta de una concepción más fresca, ahora no estática, sino dinámica y cambiante, del proceso social y político. Se trata, se afirma, de ajustar la cansada maquinaria, de introducir reformas, de hacer alianzas para “afianzar la democracia” y darle gobernabilidad y fortaleza a las instituciones del país. Por eso es “la oposición a la Sala de lo Constitucional”. ¿No será que se trata de proteger a determinadas figuras, de temer a la verdadera participación del pueblo en lo que ellos llaman democracia? Lo cierto es lo advertido por el pueblo, lo apreciado con interés cercano y más real que todas las frágiles edificaciones intelectuales, son los actos visibles e inmediatos. La novedad de los principios es papel si no se convierte en hechos. La designación de Magistrados probos, inteligentes, capaces a la Corte de Cuentas; el señalamiento y la condena de funcionarios desleales, de hoy y de ayer; la defensa constante de los intereses de la nación, son actos políticos más eficaces que una deslumbrante discusión académica o discursos vacíos en una plaza pública.

Un pragmatismo chapucero, deshumanizado, amenaza al país. Por todas partes surgen analistas, técnicos, filósofos, historiadores que se dicen dueños de ciertos apartados del saber humano y que reclaman por ello, el derecho de influir en la política nacional. Con este material se nutren los nuevos y viejos partidos políticos. Lo que es enormemente difícil, lo que escapa a la crítica o los consejos de los teóricos, es encontrar una verdadera pasión y amor por el pueblo salvadoreño, por entregarse día a día a construir un futuro de paz y prosperidad, es también encontrar verdaderos políticos, hombres capaces de movilizar grandes masas humanas y de transmitirles un poco de optimismo y aliento.

Los farsantes de la política nacional

El vivir político de El Salvador se ha convertido en un gran escenario donde los distintos sectores debaten, toman partido o simplemente se excusan de participar para aparentar neutralidad haciendo más daño pues la hipocresía y el cinismo nunca son buenos aliados cuando se trata de encontrar un rumbo al país. La actuación o el papel cumplido hasta hoy por la Sala de la Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, raíz de donde han surgido todas estas controversias, ha sido apegado a las leyes de la república.

Son los políticos sin escrúpulos, personas defendiendo sus intereses personales y hasta su supervivencia, los que han tratado de engañar a la población con declaraciones y alegatos incoherentes y falsos. Hablan de que los cuatro magistrados están violando la Constitución, convirtiéndose en legisladores y creando zozobra en la sociedad salvadoreña. Hasta hoy no han probado ninguna de las acusaciones ni calificativos insultantes como lo han atestiguado respetables abogados constitucionalistas del país. La actuación de los magistrados ha estado amparada estrictamente por las atribuciones señaladas en el Art. 182 de la Constitución:

1. Conocer de los procesos de amparo
2. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza
3. Conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición
4. Conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros
5. Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias
6. Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes
7. Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 2º. Y 4º del artículo 74 y en los ordinales 1º, 3º, 4º, y 5º del artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente.

Asimismo, el Art. 183 de la Constitución estipula que la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.

Y precisamente es lo que ha hecho la Sala al declarar inconstitucional el decreto emitido por la Asamblea Legislativa en 2004 que permitió al PCN y al PDC seguir participando en la vida política nacional cuando la población había emitido su veredicto al no otorgarles los votos requeridos (el 3%) para su supervivencia. De igual manera procedió al declarar inconstitucional el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Julio Moreno Niños y Oscar Morales, pues ambos partidos no participaron en las elecciones presidenciales últimas y no tenían ningún derecho a ser nombrados a tal cargo.

Para la población ha resultado un alivio y un cierto respiro encontrar congruencia, lógica e independencia de la Sala de la Constitucional como NUNCA había ocurrido en este país. La defensa popular también es inédita y responde a un sentido de justicia y apoyo solidario a la actuación de la Sala de lo Constitucional. El chantaje y las barbaridades cometidas por los diputados de la derecha parlamentaria también fue repudiado por la población. Siempre obedientes a su espejo diario, a su cotidiana forma de proceder presionados o sumisos a grupos de poder o simplemente por seguir aferrados a sus cargos, a continuar “mamando” de la teta del Estado. En verdad, con todo lo ocurrido, por ahora son ellos, los diputados de la derecha decadente, los que resultan más congruentes y fieles a sí mismos. ¿Quién puede sorprenderse de su decisión de aprobar una ley para obligar a una votación unánime de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando ha sido una norma permanente legislar en contra de la voluntad popular? Cuando dicen que unas son las palabras y otros muy distintos los hechos, sólo están aferrándose a su propio engaño, a su cinismo e hipocresía particulares.

Lo más curioso de todo esto es que a pesar de las evidencias con que el vulnerable sistema electoral dota a estos mafiosos partidos políticos, ellos mismos han cavado su “otra tumba”, pues el pueblo salvadoreño o al menos esos votos que obtenían para sobrevivir y obtener diputaciones por residuos y cocientes, ya no los tendrán más. Tal como están las cosas queda bien claro que es mucho más fácil agredir a políticos sin escrúpulos y sin virtudes morales como los del PCN y PDC por sus prácticas antidemocráticas que a la misma Arena por sus tradicionales abusos, intereses creados y su larga trayectoria de corrupción y verticalismo.

Por cierto, Arena juega sus viejas cartas con la misma congruencia. Mientras tanto el PDC y el PCN parecen condenados a unos equilibrios verbales que en el momento de ser comparados con los hechos, ya no son equilibrios sino lamentables caídas, pues restan apenas unos días para que el Tribunal Supremo Electoral decrete su lógica desaparición acatando lo dispuesto por la Sala de la Constitucional. Por cierto, la misma Fiscalía General de la República, si de veras fuera independiente y cumpliera con sus atribuciones constitucionales, hace tiempo se hubiera pronunciado al respecto. El artículo 193 y sus respectivos incisos la obligan a defender los intereses del Estado y de la sociedad, a promover de oficio o a petición de parte la acción de la JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD.

Naturalmente que nada de lo hecho o ignorado por unos y otros tiene la menor seriedad política y por lo mismo nada más contribuye a la decadencia paulatina de todas las “instituciones democráticas” del país. ¿Cuándo dejamos de ser un país serio?¿Cuando comenzamos a creer que estábamos autorizados a decir lo que nos viniera en ganas contradiciendo las realidades más obvias? Precisamente cuando permitimos que políticos sin escrúpulos, sin moral alguna, dictaran las leyes y normas para nuestro sistema de vida, cuando permitimos flagrantes intromisiones de un Órgano del Estado sobre otro, en clara violación a la Constitución de la República. Y bien, si no somos un país serio, ¿qué somos? ¿Un país curiosamente folclórico? No somos ni chicha ni limonada y todo esto debemos de agradecérselo a todos estos sujetos que viven en los partidos políticos y se dicen o se autocalifican como rectores de nuestras vidas y, además, padres de la patria. ¡ver para creer!

El avionazo 743

Este avionazo – decreto 743, no es paja que se parece hasta en los número de algunas aeronaves – que mató la democracia en El Salvador ha dado mucho de qué hablar, no solo localmente, sino internacionalmente.

Al igual que el decreto, las noticias ha volado de un lado a otro, y el retrato de un pueblo que se niega a dejarse vencer por las mafias y por una clase política anquilosada en nuestras debilidades es evidente, más cuando se habla del decreto y de El Salvador en una misma oración.

Conversando con un buen amigo que es juez de la república, al lado de un roncito me decía que con esto tanto la Asamblea Legislativa como Funes, le han dado el tiro de gracia a la democracia.

No es posible me decía mi buen amigo, que un tribunal colegiado con la Sala de lo Constitucional, que se concibe con ciertas características democráticas, entre ellas la de ser constituido impar, para salvaguardarlo de los nudos gordianos y posibilitarlo a la más pura y franca expresión de la democracia, en donde las mayorías supuestamente mandan, sea atropellado por una clase política que ve riesgos a sus intereses y no a los intereses de la población.

Todas las decisiones se van a tomar por unanimidad, ponele “queso” a eso, significa que la democracia ahí no tiene cabida, el tribunal más alto de nuestro estado en temas de constitucionalidad y amparos lo han atrofiado estos vulgares.

Como en todo rio revuelto, el partido ARENA ha detectado que este acompañamiento del avionazo va en detrimento de sus intereses electoreros y ahora aducen que va a dar marcha atrás, no creas que lo vayan a hacer de buena fe, para nada! Se han dado cuenta que hay una oportunidad de poner en evidencia al FMLN de cara a la población o de enfrentarlos con el mandatario, así que a eso le están apostando los tricolores.

No estoy salvando a los del FMLN, ellos tienen sus propias penas que alivianar, aunque no dudo que al inicio jugaron muy atinadamente, apostándole más a la ansiedad y temores de la derecha que a sus propias aprensiones. Los efemelenistas sabían que había un pacto de la derecha parlamentaria con el presidente Funes y que los votos les eran suficientes, el presidente no los iba a obligar –a los rojos, y no izquierdistas – a votar en unanimidad, porque en las democracias esas madres no son necesarias.

Así pues compatriota, así es el tenor en este chunche, por cierto, ese acuerdo que Funes ha firmado para la independencia y la armonía, no solo es una “leguleyada” y salvajada, sino un golpe mortal a la democracia. Prentede Funes con esto que la majada se tranquilice, se apacigüe y se vaya tranquila a su casa, por eso es que se han retratado como si nada ha pasado. Date cuenta compatriota que estos primeros hace el desmadre y después, no quieren represarías a sus nefastas y funestas acciones.

Nos queda como pueblo seguir haciendo fuerza para que ese yerro o chabacanada – como vos lo prefieras – se revierta. Desde cualquier trinchera en la que te encuentres no quites el dedo del renglón compatriota, hay que demostrarle a la clase política que ni somos borregos, ni somos pendejos. Así que mañana a la chulona!

Kvernicola

La grave crisis institucional

Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Art. 87 Constitución de la República.

El país vive en estos momentos una especie de aletargamiento, una grave crisis institucional, no sólo por las temerarias intromisiones de la Asamblea Legislativa en el quehacer del Órgano Judicial, sino por los abusos de poder del presidente de la república, al sancionar un adefesio de ley y publicarlo en cosa de horas en el Diario Oficial. No se apagan todavía las velas del segundo aniversario, cuando escuchamos un discurso vacío y sin lineamientos del futuro, y ya también se altera el ritmo, se aminora el esfuerzo, existe total pesimismo y un desconcierto general, cuando la máquina ejecutiva da señales de pararse peligrosamente.

No es nada más en las oficinas gubernamentales y en los centros de trabajo privados donde se observa este fenómeno, sino en todas las actividades del país. En las dependencias oficiales la cosa es muy clara. Se quedan callados, quietos, todos los ministros, en espera de lo que dirá el oráculo. O más bien cuidando su puesto. Si uno de ellos al término de dos años, acaba de realizar alguna obra importante, no la quiere quemar, sino deja al señor presidente el lucimiento de ser quien primero la anuncie a la nación. La situación, desgraciadamente, es muy distinta y tiene que ver con grandes intereses, grupos de presión, desconocimiento o ignorancia de las leyes.

El mismo partido de o en el gobierno también se mueve en esta agua difusas y emite un comunicado que no dice nada, más allá de lavarse las manos, como aquél personaje de la leyenda conocido como Poncio Pilatos. En el aparato administrativo nadie se atreve a decir nada, mucho menos a formular proyectos, por aquello de “entrar en contradicción” o dejar caer una palabra o una frase que comprometa “mucho más” al titular del ejecutivo. Pero hoy está sucediendo algo que no recordamos haber observado nunca antes (desde luego los Órganos Judicial y Legislativo eran totalmente dependientes y sumisos a los dictados y lineamientos del Ejecutivo); el estado cataléptico en que han caído no solamente los altos funcionarios, las secretarias, los ordenanzas, los alcaldes, gobernadores, sino hasta los negocios particulares, pues sienten que una crisis institucional los puede afectar duramente. No hay unidad de criterio en el gabinete, al menos en el silencio de las oficinas, en los secretos y cuchicheos.

Todos están tirando de la manta para donde mejor les parece. Tienen temor por la reacción del pueblo organizado, saben de los peligros y de los negros nubarrones. El presidente de la república ha equivocado el camino y no existe robustez ni legalidad jurídica en lo actuado. ¿Será por ignorancia o malicia? Hagamos gimnasia intelectual:

El Art. 174 de la Constitución de la República señala: La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7a. del Art. 182 de esta Constitución.

Con base en lo anterior, la Sala ha procedido conforme lo manda y lo estipula la Constitución: ha resuelto las demandas de inconstitucionalidad afectando tanto al Órgano Ejecutivo como también al Legislativo al declarar inconstitucionales varias leyes y decretos. Lo resuelto hasta hoy por la Sala no ha sido del gusto del señor presidente de la república, ni mucho menos de las cúpulas partidarias acostumbradas a distorsionar y manipular las leyes a su antojo, al grado que en estos días han aprobado un decreto de ley para “obligar” a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a votar por unanimidad de sus cinco miembros en todas y cada una de las demandas que conozcan y resuelvan. El adefesio aprobado por los partidos políticos y sancionado rápidamente por el presidente de la república, les ha salido un cartucho soplado pues la Sala de la Constitucional sencillamente se ha apegado al Art. 185 de la Constitución que literalmente expresa: “Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales”.

En el caso concreto de los valientes y honorables cuatro magistrados, están siendo coherentes y firmes en sus actuaciones. En ningún momento de sus sentencias se han alejado de la Constitución y ha procedido conforme al Estado de Derecho para enderezar los “renglones torcidos” y restaurar el imperio de la ley. Por el contrario, tanto el Órgano Legislativo como el Ejecutivo están siguiendo varias líneas sinuosas, corrompiendo las leyes y arrogándose atribuciones que no les corresponden, como esa del primer mandatario al “pedir” a la Corte Suprema de Justicia “actuar con ponderación y apegada a la Constitución”. ¡Caramba! ¿A qué vamos a atenernos? ¿Cuál va a ser, realmente, la política del gobierno, del ejecutivo, en el tercer año que se inició el 1 de junio? ¿Más confrontación, más alto costo de la vida, metidas de pata, mayor endeudamiento? Si la creciente ola delincuencial y el pésimo manejo de la economía tiene al borde del precipicio a los salvadoreños ¿qué pasará con una situación de ingobernabilidad, desaliento e intromisión en los espacios que constitucionalmente le son atribuidos al Órgano Judicial?

Nadie se atreve a vaticinar cuál será el próximo paso, o la consigna que trace el señor presidente. Hay que esperar, no moverse, no respirar, hasta escuchar otro atropello al Estado de Derecho. La arrogancia y la prepotencia no tienen nombre, claro en este caso hasta con nombre y apellido. De los diputados se puede esperar cualquier cosa: desde opiniones contradictorias hasta aprobación de leyes inconstitucionales. Saben que están equivocados, pero no los “tienen bien puestos” para modificar sus planteamientos, menos los decretos de ley. Por fortuna son ya contados los días que les restan. Estamos seguros que en el remedo de elecciones del próximo año, el pueblo los volverá a castigar y desaparecerlos del escenario político.

Golpe bajo a la institucionalidad

Se dicen seguidores de monseñor Romero y “usan a los verdugos de la muerte para justificar la vida” y la democracia”

La tragicomedia ocurrida en la Asamblea Legislativa donde en un acto verdaderamente inconstitucional y acudiendo a los aborrecidos “madrugones”, la extrema derecha aprobó un decreto de ley para “imponer” la votación unánime en las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, más la decisión asombrosa y temeraria del presidente de la república al sancionar semejante adefesio jurídico, revelan, entre otras realidades de esta hora salvadoreña, la hondura y peligrosidad de la ya crónica crisis en las normas de la convivencia nacional, producto de sus propias contradicciones y de la inevitable influencia de las fuerzas más oscurantistas todavía al acecho en las profundidades del estercolero de esta sociedad.

Revela también los desesperados esfuerzos de supervivencia de normas y sistemas en liquidación histórica y los impulsos de una transformación jurídica que en mayor o menor grado -- de acuerdo con las peculiaridades económicas, políticas y culturales de este país-- intenta atenuar o eliminar las más notorias y antisociales diferencias en los niveles de vida tanto de “instituciones partidarias” como del sistema electoral en vigencia. La vulgar actuación de los “hombres de carpa” en el circo legislativo no hace más que poner en evidencia y mostrar públicamente una vez más, los aciertos y la correcta aplicación del derecho de los honorables cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues el supuesto revanchismo de los diputados de la derecha y también de la presidencia de la república al considerarse dañada por la decisión de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional esa perversa maniobra de hacer traspasos de dineros de una partida o de un ministerio hacia otro, no hacen más que confirmar su total desprecio por la autonomía e independencia de los Órganos del Estado.

Los factores que han definido desde su origen la supervivencia de los partidos políticos PCN y PDC, así como el nombramiento inconstitucional del magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, Julio Moreno Niño, y del suplente Oscar Morales – síntoma concreto de una situación atentatoria contra las normas jurídicas y el Estado de Derecho-- obligaron a la Sala de lo Constitucional a acatar el mandato popular y los constantes llamados de la sociedad civil. Es evidente que la resolución de la Sala de lo Constitucional, legítima, legal y obedeciendo todos los requerimientos exigidos por la ley y la Constitución, es sólo un primer paso para un nuevo manejo político del complicado problema, por la turbiedad y la prepotencia de “altos” dirigentes políticos y la sumisa actuación de anteriores Salas de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Pero también queda claro que es un buen primer paso, pues además de constituir un triunfo de la sociedad civil -- lo cual en nuestro país no es frecuente-- obliga a suponer que la actitud de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, intentan, así, una solución frontalmente distinta a la experimentada con tan impolíticos como cruentos resultados en anteriores casos. El emitir un fallo para “dar vida”, en contra de las disposiciones de la ley, al PCN y al PDC liquidados al no obtener el 3% de la votación en las elecciones de 2004, así como aceptar como válido el nombramiento de los “magistrados” Moreno Niño y Morales en el Tribunal Supremo Electoral, demuestra claramente lo funesto e ilegal de lo actuado por anteriores Salas Constitucionales. Por cierto el “magistrado disidente” es un remanente de ese pasado funesto.

La actitud resentida y revanchista de los diputados derechistas de la Asamblea Legislativa es en todo caso forzosamente transitoria. El aprobar un decreto de ley, para obligar a votación unánime en próximas decisiones de la Sala de lo Constitucional (se había anunciado el estudio de las elecciones de diputados por residuos y cocientes, así como el aprobar un pedido de las Cortes Españolas para extraditar a 20 militares acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas), es perverso e ilegal y calificado por expertos constitucionalistas como un “golpe técnico” contra el Órgano Judicial. Los diputados que han intentado “boicotear” decisiones enmarcadas dentro de lo señalado por la ley, muy pronto tendrán que darse cuenta de que están “boicoteándose” a sí mismos y sobre todo actuando en contra de la voluntad popular. Esto ha quedado demostrado con las concentraciones de ciudadanos frente a Casa Presidencial, con diversos pronunciamientos en las emisoras y con declaraciones hasta de las cúpulas empresariales que, por supuesto, buscan pescar en río revuelto.

Su resentimiento adoptará formas más indirectas y sutiles, quizás más peligrosas, porque una oligarquía no acepta franciscanamente que la autoridad que fue su escudo y su lanza, recupere la función reguladora, legalista, sin la cual deja de ser autoridad en términos constitucionales. La sorpresa vino de Casa Presidencial, pues en cosa de horas el presidente sancionó el decreto de ley (al ser un decreto transitorio le permitió hacerlo) y ordenó publicarlo en el Diario Oficial. Los que en algún momento creyeron en el tacto y la prudencia del gobernante saben ahora en que orilla se ubica, de dónde provienen las órdenes y a que sector económico y político obedece. Su actuación (el decreto de ley lo recibió en cosa de minutos, pues según palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, el acta firmada por la Junta Directiva, fue secuestrada por un diputado de generales conocido) alienta la inestabilidad, la inconstitucionalidad y la desobediencia al Estado de Derecho. De ahora en adelante no debemos asombrarnos por el recrudecimiento de la violencia no sólo emanada de las pandillas y el crimen organizado, sino de los mismos legisladores. Por cierto, deben también aprobar un decreto de ley para votar por unanimidad todas sus canalladas.

Lo que sin duda alguna atenuaría la confusión imperante sería terminar con la política de “péndulo”, de querer gobernar con todos y para todos, de dar un paso a la izquierda y el siguiente a la derecha. El ejemplo último nada más de sancionar apresuradamente un decreto de ley inconstitucional, es un espaldarazo a la extrema derecha y una bofetada al pueblo salvadoreño y a todos los hombres y mujeres decentes y de buena voluntad de este país. El presidente de la república ha cometido un grosero error político. Basta escuchar el clamor popular y las repetidas condenas de todos los sectores intelectuales, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, abogados (los hay todavía decentes en este país) y hasta empresarios, al menos para profundizar contradicciones y obtener réditos electorales, porque desgraciadamente hay dirigentes que no se ocultan ni se desvinculan del partido Arena, para sacar las debidas conclusiones.

La derecha partidaria se retuerce

Con indignación compatriota, he recibido la noticia que los partidos de derecha aglutinados en la Asamblea Legislativa se han recetado un “salvo conducto”, que pretende protegerlos de su inminente desaparición o cuando menos a otros, pretende evitarles el “tortuoso” camino hacia los curules por mecanismo más transparentes y democráticos. Como debe de ser en toda democracia fuerte y permanente.


Les digo a los partidos de la derecha que esta no es manera de fomentar la institucionalidad y fortalecer nuestra democracia compatriota, nada más alejado que eso. No es posible que en la Asamblea Legislativa se siga en ese esfuerzo de recetarse decretos a la medida, te insto a mantenerte despierto y a hacer oír tu voz de rechazo a esta "chanchada".


Instintivamente, busque reacciones de la derecha mediática y como cosa “curiosa”, en el programa de Arenacho, estaban el chileno y Trillos a una sola voz aullando y rasgándose las vestiduras, vilipendiando a priori, por el excelente trabajo de estos cuatro valientes, a los que muchos conocemos como los “cuatro fantásticos”.


Argumentaba Arenacho que este “entuerto” de la Asamblea Legislativa tiene su origen en el estudio que la Sala de lo Constitucional comenzará a realizar alrededor de “los cocientes y residuos”. Lo preocupante es que el chileno decía que si se llega a catalogar de inconstitucional esto, se pone en peligro nuestra democracia y se fomenta el bipartidismo.


Todos sabemos que tanto Arenacho como Trillos no son abogados y mucho menos expertos constitucionalistas, como para estarse adjudicando el derecho de mal informar a la población, escudándose en una supuesta labor periodística de informar.


Debo decir que aunque este atentado a nuestra seguridad jurídica fue acompañado por casi toda derecha partidaria, hubo una excepción la cual aplaudo de pie. Me refiero a que Guillermo Ávila Qüehl no acompañó esta “chanchada” ¿significará esto que ese diputado tendrá sus días contados en la bancada legislativa de la derecha tricolor?


Una buena práctica sería, invitar al diputado Ávila Qüehl a que explique a la población los motivos que tuvo para no acompañar esta mediocre y oscura forma de inmiscuirse en los límites democráticos de otro órgano del estado, creo quizá y ojalá no me equivoque, mucho se podrá aprender de esa “abstinencia”.


Invitamos al presidente de la república a vetar este salvajada, invitamos a FUSADES a que manifieste su rechazo al respecto, invitamos a MIRE, CREE y todas esas organizaciones que buscan el fortalecimiento democrático a que se indignen y comiencen a elevar su voz, no se vale que debamos de seguir acuerpando como pueblo los vaivenes de la conveniencia partidaria, ya basta.

Kvernicola

Un ciclo más se cierra

La gestión del presidente Funes va culminando y con cada día que pasa, el mandato de este comunicador va llegando a su fin. Existen varias situaciones que se pueden rescatar y de las cuales me siento complacido, no satisfecho, existen otros que hay una deuda clara y ese es el objeto de este escrito.


En esta oportunidad, no le voy a reprochar a Funes las promesas incumplidas, eso sería como llorar ante la leche derramada. Más que claro esto que se va a hacer lo que se pueda, lo que las presiones le permitan al mandatario y hasta donde la cobija alcance.


Teniendo como horizonte que solo quedan tres años, sería sano y prudente que el mandatario en lugar de acogerse a ese bombardeo mediático al que nos somete, destine sus “buenos oficios” a suplirle a este pueblo situaciones que urgen su inmediatez cumplimiento. Vos sabes dónde te aprieta el zapato compatriota, y de suyo se sabe qué es lo que más nos agobia.


El tercer año de mandato debería de ser denominado el año de la transparencia y realizar un ejercicio por transparentar las hasta ahora, oscuras finanzas publicas. Como parte de este periodo, debería de heredarle a este pueblo, ejerciendo la presión implícita en el cargo, una Corte de Cuentas no partidaria, entidad que se dedique a destapar cualquier resquicio de corrupción que haya en el pasado y en este presente que tanto nos preocupa.


Sabemos que hay problemas de ejecución presupuestaria y aunque es un mal que viene de gestiones pasadas, debería el presidente Funes hacer un alto a esa nefasta práctica en la cual, según se tiene conocimiento, el ejecutivo se queda con los “vueltos”, dinerito no ejecutado en las carteras de estado.


Si se transparentan las finanzas y se rinden cuentas cabales, les aseguro compatriotas que será un poco más complicado que se pierdan los dineros del pueblo.


Si se piensa en un nuevo impuesto que sirva para el combate frontal de la delincuencia y el crimen organizado, y que por ende lleve paz, es una buena práctica que lo paguen los que más tienen, como buena práctica también será, que los que aporten sustancialmente con este impuesto, participen de la vigilancia y la contraloría de la ejecución, así como en los destinos de estos fondos.


No es descabellado al momento de pensar en la melodía, que se le pida apoyo a USA, sabemos que mucho del narcotráfico que transita por nuestras calles y veredas, se debe en gran medida al trasiego que hacen, para suplirle el gusto a todos los que viven en el norte. Es justo entonces que aporten económicamente ¿no lo crees?


Pero más allá del aporte de los países amigos y de los que más puedan en esta nación, es justo que estos dineros y los destinos se transparenten. Celebro y me pongo de pie, al observar el mecanismo de entrega de la semilla mejorada, menos politizado que en otras ocasiones.


Celebro la racionalización, como mecanismo que coadyuva a transparentar el mercado, se decía que en el pasado se las gaseras sobre facturaban y hacían otro tipo de jugadas oscuras, entonces es bueno que todo esté claro a los ojos de todos.


También aplaudo la nueva fórmula de referencia de los combustibles, al fin! Dos años después conocemos de una fórmula que permite al menos, conocer la forma en la que las transnacionales nos vacunan. Es tan así la medida, que ya hay voces de los que se oponen, las mismas no están en el pueblo y eso es un gran alivio. En esta cadena hay mucha tela que cortar, aparentemente las transnacionales se están ensañando con las gasolineras, eso habrá que verlo.


El MOP también ha tenido un buen desempeño, intentando trasparentar la merienda de negros que significaba esa cartera de estado. Así que le damos un voto de confianza a Gerson y a su gestión.


La idea con este comentario es que en este año que inicia, se hagan esfuerzos para que la población se responda a cabalidad aquella pregunta ¿en qué se gastan mis impuestos?


Dicho sea de paso, es importante que le bajen volumen a la propaganda mediática, esa babosada ya nos tienen chinos, a caso, el presidente Funes no se recuerda que al bachiller Saca hubo muchos que hasta lo soñábamos con tanta exposición mediática. Y por favor, no repitamos babosadas, eso de amigos por el cambio es algo que no tiene asidero y ojala, no sea impulsado este mecanismo de contragolpe con mis y tus impuestos.

Kvernicola

¿Se terminó la paciencia de los salvadoreños?

La rutina y las frases hechas terminan por agotar la paciencia de los seres humanos. En mi caso particular desde hace muchos años dejé ser católico practicante porque sencillamente me aburrió la religión. No encuentro satisfacción alguna en escuchar las mismas oraciones y contemplar los mismos ritos practicados desde hace siglos. La reiteración de iguales monótonas fórmulas terminan por fastidiar. El Padre Nuestro puede ser una oración perfecta; nada más que repetida miles de veces, llega el momento del ineludible cansancio. Lo mismo sucede con los evangelios. Son, indiscutiblemente, lecciones sublimes de moral; pero hay más merito en la práctica de la virtud que en la simple prédica rutinaria. Y si la mera repetición de lo que se supone es la palabra de Dios acaba por fatigar, ¿hasta dónde nos habrá fatigado ese permanente sonsonete de las cúpulas empresariales de “pedimos reglas claras y respeto a las libertades”?, supuestamente para promover inversiones y contribuir al desarrollo nacional.

No hay discurso o congreso realizado este año que no nos recuerde las tales “amenazas” (no las vemos por ningún lado) contra la democracia. Los empresarios o mejor dicho los dirigentes, deben inscribir esas muletillas en libros de texto y esculpirlas en monumentos como esos dedicados al fundador de los Escuadrones de la Muerte y responsable directo de los miles de asesinados en El Salvador antes y durante el conflicto armado. No se trata sólo de ese recital, también incluyen en su léxico el Socialismo del Siglo XXI, el ALBA y la “amenaza” permanente del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Como lo hemos dicho en otros comentarios nada más se trata de mentes calenturientas, de “pilas” ideológicas y de una agenda política electorera diseñada por los asesores del partido Arena. Es como esa frase de Cervantes: “Ladran Sancho, señal que cabalgamos” o el famoso apotegma del mexicano Benito Juárez “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Estamos seguros que muy contados políticos y diputados han leído el Quijote de la Mancha o conocen la biografía de Juárez; pero en su afán de aparentar cultura no tienen empacho alguno en citarlas a cada momento. Nada tengo en contra de tales sentencias, pero sí contra lo que se convierte en disco rayado.

Por cierto, muy bien harían los “grandes” empresarios salvadoreños en estudiar y conocer más a fondo ese sistema de organización social y económico conocido como Socialismo del Siglo XXI. Igual que leer detenidamente el famoso libro de Cervantes. No se convertirían en hombres cultos de la noche a la mañana, pero sí tendrían argumentos precisos para debatir sobre temas tan espinosos. Don Quijote es otra cosa: se fundieron en este personaje una voluntad férrea, abnegación santa, valor a toda prueba, patriotismo lleno de ilusión y esperanza y su acrisolada probidad. “Superó” muchos obstáculos porque se reunieron en él estas virtudes. Su vida fue un milagro, y también milagro todas sus aventuras. Bien sabido es que nuestros empresarios nada más se aferran a la avaricia, a la acumulación de la riqueza, a la explotación y a su nulo amor por la patria. Su único ídolo es don dinero, para citar a Francisco de Quevedo, otro famoso literato español. Por eso los miembros de las cúpulas empresariales nada tienen de ilustres próceres o héroes anónimos, como tantas veces los califican en el diario de hoy.

Ninguno de tales “ilustres personajes” y “hombres de su tiempo” han aportado y contribuido al desarrollo político, económico y social de El Salvador. Sus empresas las fundan para hacer dinero y así lo reconocen; pero es ridículo lo que tantas veces proclaman de “contribuir a obras sociales del país”. Hace muchos años una revista norteamericana publicó en su portada a un oligarca salvadoreño sentado en un cómodo sillón en el portal de su residencia ubicada en la colonia San Francisco. Se trataba de Benjamín Sol Millet, quien entre “sus grandes méritos” era poseer un enclave colonial en la isla el Espíritu Santo, donde las familias campesinas se dedicaban a obtener “la comida” de los cocos para convertirla en aceite. La alimentación se la llevaban en lanchas y para salir de esa isla requerían de un permiso especial. Pero a juicio de sus apologistas fue un “ilustre salvadoreño” que contribuyó al desarrollo industrial y económico del país.

En estos días, por cierto, el presidente de la república se ha reunido con destacados empresarios, tratando de llegar a un consenso para aplicar el reiterado impuesto a los patrimonios mayores a los 500 mil dólares. Supuestamente lo recaudado se utilizaría en equipar y aumentar el número de agentes policiales para su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Se trata de un mínimo porcentaje de tales ganancias, pero el mandatario temeroso de revanchas o amenazas como esa de “retirar nuestras inversiones” (¡cuáles, por favor!) ha cedido a las presiones, como en su momento lo hizo con las transnacionales de la telefonía o las petroleras o más antes caminó para atrás con la reforma fiscal. Bastó una señal de los cerveceros y los tabaqueros para dejar todo como antes. Lo del ex presidente Arturo Armando Molina con “ni un paso atrás” con la Reforma Agraria, palidece ante semejantes reculones.
Así que se cumplirán dos años del actual gobierno y los salvadoreños seguirán esperando por un verdadero cambio en las estructuras administrativas del país. Las frases de empresarios, políticos y diputados seguirán dibujando la arquitectura demagógica de nuestra patria y muchos con la Biblia en la mano continuarán esperando por la anunciada venida del Mesías para ver si “un día primero Dios”, terminamos con las componendas, la corrupción, la delincuencia común y el crimen organizado y si de una vez por todas se pone en funcionamiento la fábrica de empleos y otras linduras escritas en un libreto para la tragicomedia.