De tal forma que los desastres naturales, como el ocurrido con las torrenciales lluvias y las inundaciones obligan al gobierno a desviar fondos del Presupuesto Extraordinario de la Nación, a contraer nuevos préstamos y a solicitar la ayuda internacional para hacerle frente a las necesidades de miles de damnificados. Sólo el Ministerio de Obras Públicas ha reportado más de 800 millones de dólares en daños a la infraestructura nacional, sobre todo carreteras primarias y secundarias, puentes, sistemas de alcantarillado y bóvedas. La misma situación atraviesa la ANDA, la CEL, y los ministerios de Educación y Agricultura, que tienen que reconstruir escuelas, centros de tecnificación agropecuaria, además de iniciar de nueva cuenta la entrega de semilla para los campesinos, ya que la mayoría de cosechas de frijol, maíz y sorgo se perdieron por daños irreversibles a las plantaciones.
El déficit fiscal encontrado por el actual gobierno superaba los mil millones de dólares, además de los cuantiosos saqueos en la mayoría de ministerios como se ha venido denunciando. Un país tan pobre y sin materias primas ni recursos energéticos como el nuestro, se ve en la necesidad de atender más rápido que temprano las urgentes demandas de miles de familias perjudicadas no sólo por la voracidad e incapacidad de anteriores regímenes, sino por los desastres naturales. Es por lo tanto lamentable y totalmente censurable que ciertos alcaldes de Arena “exijan” rapidez y eficiencia a la presente administración, cuando todos hemos presenciado la forma cristalina y eficaz con que las distintas dependencias han procedido para atender las necesidades de la población damnificada.
En el esfuerzo, por supuesto, han colaborado países amigos como Venezuela, Cuba, México, Chile, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Estados Unidos y otros, como ya ha ocurrido en anteriores desastres. Algunas empresas salvadoreñas y asociaciones respetables como ASIA y la Cámara Salvadoreña de la Construcción también han brindado asistencia en recursos humanos y materiales. Muy por el contrario, los dirigentes de Arena no sólo se han mostrado reacios y lejanos a brindar ayuda, sino que se han limitado a criticar y fustigar a distintas instituciones gubernamentales por no “responder” con prontitud a las amenazas que ya se hacían sentir. ¿Quién podría saber que las peores desgracias caerían sobre la población de Verapaz y Guadalupe en San Vicente? Lo que la experiencia indica es que jamás debe construirse sobre las laderas de los volcanes, en las riberas de los ríos o en zonas donde se ha comprobado vulnerabilidad de la tierra y constantes deslizamientos. Para superar esta situación deben erradicarse las causas de la profunda pobreza en que sobreviven miles de familias salvadoreñas, tanto en el área urbana como en la rural.
Como decíamos la reconstrucción en el país no es tarea fácil, sobre todo cuando afrontamos graves problemas económicos y una deuda exterior creciente, todo un paquete heredado por los irresponsables gobiernos areneros. Es más la deforestación, los daños irreversibles causados al medio ambiente, fueron permitidos por las administraciones derechistas en un afán de “mostrar” progreso y modernización del país con la construcción de centros comerciales, hoteles, centros de recreación, unidades habitacionales de lujo, precisamente en zonas consideradas de alto riesgo o reservas forestales como la Finca El Espino, La Cordillera del Bálsamo y todas esas lotificaciones que se extienden a lo largo de la carretera hacia el Puerto de La Libertad.
En un comentario anterior decíamos que el gobierno debe aprovechar este desastre para albergar eventualmente a las familias damnificadas en carpas provisionales y proceder en el menor tiempo posible a construir viviendas populares en otros lugares para ubicarlas de manera permanente. Hemos conocido experiencias en este campo del gobierno de Venezuela que levanta viviendas dignas para personas de escasos recursos económicos, y al mismo tiempo funda fábricas y talleres especializados, hospitales, escuelas y campos deportivos para estos núcleos poblacionales. En tal sentido, la Cancillería debe pedirle asesoría a estos especialistas para hacer algo similar en el país.
De las desgracias y los desastres se aprende mucho, se mide la solidaridad de los países amigos y también se conocen donde están los rivales, los que no se cansan de lanzar piedras al techo del vecino y de alegrarse con los males ajenos, aunque estos sean sus mismos compatriotas. Hasta el momento, pensamos que las cosas se están haciendo de la mejor manera, no tenemos nada que criticar, si ocurrieran casos de corrupción como desvíos de fondos o aprovechamiento político de la ayuda, seríamos los primeros en denunciarlo, como ya lo hemos hecho cuando el gobierno no atiende los requerimientos de los más humildes de este país. Ojalá que todas las instituciones sigan trabajando con esmero y atendiendo con agilidad y eficiencia las demandas de los damnificados, no sólo por un sentido de humanidad, sino porque se trata de salvadoreños que lo han perdido todo, incluyendo muchos de ellos a sus hijos, hermanos, esposas o esposas.






